FUENTES DEL INFORME ALMAGRO: FINANCISTAS Y OBJETIVOS POLÍTICOS. MISIÓN VERDAD

MISIÓN VERDAD

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exige la aplicación de la Carta Democrática y la expulsión de Venezuela utilizando como base argumental a organizaciones no gubernamentales (ONGs) financiadas por grandes bancos y petroleras con intereses en Venezuela. La labor de las ONGs en el armado de este expediente de intervención contra el país es necesario comprenderla en su justa dimensión, sobre todo como réplica de un formato global de intervenciones hacia naciones soberanas, como el caso de Libia o Siria, los más recientes y trágicos del mundo actual.

Estas ONGs en su expresión local elaboran indicadores sociales y construyen casos de intoxicación contra el país a partir del dinero de fundaciones como Open Society Foundations del especulador George Soros y la estructura financiera del Departamento de Estado destinada a ONGs de otros países, a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y el Instituto Internacional Republicano (IRI), entre otras.

Misión Verdad largamente ha descrito cómo estas ONGs locales (Provea, Foro Penal Venezolano y los diversos observatorios, entre otros) funcionan como correa de transmisión para construir este y otros expedientes desde fuera del país, basándose en sus estudios e informes realizados periódicamente.

En esa dirección es que se entiende que el grueso de las conclusiones del informe de Luis Almagro dirigido al Consejo Permanente de la OEA provenga de estas organizaciones, que en meses previos han emitido sendos trabajos sobre el país, a partir de un enfoque manipulado y teledirigido a posicionar la tesis de la “crisis humanitaria” en Venezuela. Hablamos de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, International Crisis Group y Freedom House, quienes se endilgan el prestigio de posicionar las matrices fundamentales que moldean este nuevo intento de intervenir en los asuntos internos del país.

No en vano Luis Almagro las nombra en 14 oportunidades dentro de su informe para que perdamos la oportunidad de analizar el denso entramado que se da a su alrededor, a partir de un análisis comparativo entre sus trabajos y lo que evoca el secretario general de la OEA. 

Almagro, en el marco de estas comparaciones, habla en nombre del Departamento de Estado de los Estados Unidos y su portafolio de ONGs, repitiendo sus mismas expresiones y amplificando el grueso de sus argumentos contra la estabilidad de Veneuzuela.

“Crisis humanitaria”

La principal coincidencia en esta dirección se da con esta expresión (“crisis humanitaria”) que aparece en siete oportunidades en el informe de Almagro para exigir la aplicación de la Carta Democrática al país y su expulsión del organismo regional. Calificativo que surge a partir de los indicadores sociales elaborados por las ONGs locales, realizados en franco desconocimiento del Estado, y su consecuente sello de calidad otorgado por Amnistía Internacional, Human Rights Watch e International Crisis Group, entre otras.

Por eso bien vale precisar que Amnistía Internacional utiliza este calificativo (“crisis humanitaria”) en su informe particular sobre el país en una oportunidad para criticar a las autoridades venezolanas por “no aceptar la ayuda internacional”. Según el enfoque de la ONU no cabe el término de “crisis humanitaria” en Venezuela. Mientras que Human Rights Watch e International Crisis Group lo hacen cuatro y cinco oportunidades para describir el contexto que atraviesa el país. Es una clave discursiva y argumental para justificar la narrativa de la intervención contral el país, por esa razón es cartelizado en el informe de Almagro.

De la misma forma, las tres ONGs exigen en ocho oportunidades “ayuda humanitaria para solucionar la falta de alimentos y medicinas en Venezuela”. Lo que puede sonar como una propuesta bien intencionada, pero que, en realidad, se aplica como una figura jurídica para intervenir en países bajo situaciones de desastre natural y conflictos de alta intensidad. Los ejemplos más evidentes de la puesta en práctica de esta figura jurídica son los casos de Haití y Somalía con el desembarco de fuerzas de ocupación dirigidas por los Estados Unidos.

Por lo que poco extraña que en una de las conclusiones del informe de Almagro se precise que “el establecimiento inmediato de un canal para prestar asistencia humanitaria (con énfasis en los alimentos y la asistencia médica) al pueblo de Venezuela”, repitiendo casi con exactitud el argumento que proviene de las organizaciones ya mencionadas.

Esta figura de “ayuda humanitaria” esté contemplada en la fase de la Guerra No Convencional (GNC) donde debe desembocar el conjunto de operaciones de sabotaje económico y político a la vida de la población, de acuerdo al manual TC 18-01 de las Fuerzas Especiales del Pentágono. Es un método de agresión y de guerra, el punto clímax y determinante de todo el conjunto de operaciones de GNC en lo económico, político, diplomático y (para)militares que se vienen desarrollando. De ahí el ahínco de Luis Almagro con respecto al tema.

Ya que justamente son el secretario del Departamento de Estado, Rex Tillerson (vinculado a la petrolera Exxon Mobil), y el Senado de los Estados Unidos, los que la proponen como uno de los instrumentos de intervención contra el país, en declaraciones y resoluciones donde se pretende capitalizar el calificativo de “crisis humanitaria” bajo la doctrina jurídica internacional denominada Responsabilidad De Proteger (R2P, en inglés). Esta doctrina fue elaborada por la ex diplomática estadounidense Samantha Power para justificar la intervención en países como Libia, donde se utilizó el pretexto de defender a la población civil del gobierno de Muammar Gadafi para finalmente bombardear y ocupar la nación africana.

El país no libre, las elecciones anticipadas, los presos políticos y la tortura 

Aunque difícilmente esta descabellada iniciativa se materialice en los hechos, por más que la utilicen como extorsión en el largo plazo, la influencia de estas ONGs internacionales en el informe de Almagro se ve también en el nudo gordiano de la matriz que pretende instalar con respecto a Venezuela: las famosas elecciones generales anticipadas a realizarse en un plazo de 30 días. Este instrumento electoral es inexistente dentro de la legislación venezolana, lo cual devela las intenciones de Luis Almagro de ir a fondo en su ataque contra la institucionalidad venezolana.

En ese sentido, el secretario general de la OEA hace uso del último informede Freedom House sobre “La libertad en el mundo en 2017”, donde se califica a Venezuela como un “país no libre” por supuestamente carecer de una justicia independiente y por supuestamente haber prohibido el reférendum revocatorio, pese a la invalidación de este proceso por la presentación de firmas irregulares por parte de la MUD.

Con este argumento es que contabiliza a Freedom House, junto a International Crisis Group, como parte de las organizaciones independientes que sostienen la “hipótesis de la manipulación e intervención del Gobierno para prevenir la realización del referendo revocatorio” para un cambio ordenado de líderes en el país.

Para ello cita el último trabajo de International Crisis Group, donde se afirma que el “gobierno se ha asegurado que (sic) no hay medios constitucionales para sacarlo del poder antes de las elecciones programadas para 2018”. Paradójicamente, esta ONG también exige elecciones anticipadas en Venezuela a través de la conformación de un gobierno de transición, apoyado por una mediación externa conformada por la OEA, la Unión de Naciones del Sur (Unasur), la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea.

Sin embargo, lo importante está en que el secretario general de la OEA utiliza los argumentos de estas dos ONGs para iniciar su planteamiento sobre la ruptura del orden democrático y constitucional, que hace necesaria la aplicación de la Carta Democrática y la expulsión de Venezuela de la OEA, la principal tesis de su informe.

Una tesis que, a medida que avanza el documento, se afinca también en la supuesta existencia de presos políticos y la aplicación de torturas puntualizadas por Human Rights Watch y Amnistía Internacional, sin citar ningún tipo de fuente oficial que compruebe alguna de sus afirmaciones, negando las cifras, declaraciones y acciones del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo con relación al respeto y ampliación de los derechos humanos en Venezuela en los últimos años.

Los financistas de sus argumentos

Como vemos, la base argumental para que el secretario general de la OEA desconozca al Estado venezolano y califique a su gobierno como un “régimen no democrático” proviene, básicamente, de estas cuatro organizaciones no gubernamentales, que junto a otras ponen todo su capital simbólico en posicionar a Venezuela como un Estado paria en la comunidad internacional, que necesita de una intervención excepcional para cambiar su sistema político.

Por esta vía es que apuntan a perfilar una mayor presión externa a través de Luis Almagro para posibilitar un golpe de Estado en el país, que sea afín a sus financistas. Por lo que bien vale la pena definir quiénes son y quiénes los financian para ver en qué campo operan y hacia dónde dirigen su agenda:

  • En el caso de Amnistía Internacional sobresalen Google, Open Society Foundations y la Fundación Ford entre sus principales financistas, de acuerdo a su declaración de ingresos de 2014 y 2015. Como se sabe, los principales accionistas de Google son los bancos de inversión BlackRock y Vanguard Group, Open Society es pagada por el especulador financiero George Soros, y la Fundación Ford es de la misma empresa automotriz que lleva su nombre. La directiva de ésta última está presididapor Darren Walker, ex vicepresidente de la Fundación Rockefeller, e integra en su directorio a ejecutivos de Sony Corporation y ex integrantes de bancos como Morgan Stanley.
  • Human Rights Watch también tiene entre sus principales financistas a Open Society y la Fundación Ford. Entre sus directivos se encuentran la embajadora de los Estados Unidos en Nigeria, Robin Sanders, el vicepresidente del banco Blackstone, John Studzinski, y distintos ejecutivos de empresas de servicios financieros como Monex Group de Japón, y bufetes de abogados de corporaciones como Wharton & Garrison LLP.
  • Freedom House tiene entre sus principales donantes a la Usaid, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y sus pares de Canadá y Alemania. También aporta dinero la corporación militar Loocked Martin, la automotriz Ford, United Technologies Corporation, Google y el banco Goldman Sachs. Entre sus ex directores, se encuentra James Woolsey, ex jefe de la CIA.
  • Mientras que International Crisis Group recibe dinero de la Usaid, los gobiernos de Australia, Canadá, Alemania, de George Soros, la Fundación Rockefeller, de acuerdo a su último reporte de ingresos de 2014. Además, entre sus financistas, se encuentran Chevron Corp, Exxon Mobil y ConocoPhillips, todas con intereses en la Faja del Orinoco y el Esequibo venezolano, en el caso de la segunda corporación mencionada. En su directorio destacan ex altos diplomáticos de los Estados Unidos y Francia, y académicos con experiencia en otras ONGs. Un gran fondo de grandes corporaciones se ha puesto en marcha para financiar operaciones políticas, mediáticas, financieras y diplomáticas contra Venezuela, pensando que después de un hipotético golpe recuperarán su inversión. El informe de Almagro es el producto mejor elaborado de esa inversión, aunque eso no conlleve automáticamente a un apoyo regional a la propuesta de su operador político.

Estos datos muestran en su dimensión cómo estas ONGs determinan el estatus, el perfil y la percepción de Estados-nación como el de Venezuela, y cómo operan, incluso, sustituyéndolo de facto en la elevación (y legitimidad) de indicadores sociales que describen la situación del país, obviando los logros del Gobierno venezolano y excabernado las consecuencias de la guerra que no es nombrada. Siempre y cuando sirvan para favorecer los intereses de las corporaciones que las financian con el fin de debilitar a los países atacados, a la hora de negociar el precio de su mano de obra y sus recursos naturales.

En cierto sentido, ONGs como las cuatro grandes nombradas son expresiones del proyecto a largo plazo de las corporaciones para que éstas reemplacen al Estado como intermediario en amplias franjas del planeta. Venezuela atestigua el ataque de esta forma de gobierno corporativo, y el expediente de Almagro es tan sólo otro capítulo de esta contienda.

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