VENEZUELA: EL MUNDO INVERTIDO. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO

Hector-Diaz

HÉCTOR DÍAZ-POLANCO

Es inocultable que en Venezuela se enfrentan dos proyectos de nación. Por una parte, el defendido por las fuerzas bolivarianas, inspiradas en el legado popular y posneoliberal de Hugo Chávez; y por la otra, el defendido por una oposición empeñada en cancelar las conquistas sociales alcanzadas y restaurar el neoliberalismo. En ese marco se despliegan los conflictos políticos de los últimos años.

Incapaz de ganarle el poder al chavismo en buena lid, en el transcurso de veinticinco procesos electorales, a partir de 2014 la derecha venezolana ha decidido patear el tablero, procurar la desestabilización y crear una situación de caos, en la esperanza de que una fuerza externa intervenga en su favor, so pretexto de poner el “orden” en el país.

El plan cuenta con dos brazos, actuando en coordinación: internamente, los grupos de oposición sabotean la economía, atacan el sistema institucional y promueven acciones violentas, con el fin de proyectar una imagen de trastorno generalizado; y desde el exterior, una coalición de países, siguiendo el guión trazado por Washington, atiza las llamas, realiza una implacable campaña de desprestigio contra el gobierno bolivariano y escala los gestos intervencionistas contra Venezuela. Todos los movimientos políticos y diplomáticos de los últimos años en torno a Venezuela apuntan hacia las maquinaciones de Estados Unidos, quien ha maniobrado principalmente desde la OEA para conformar una coalición de once países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay) que trabajan sumisamente en la consecución del plan.

La posición sesgada de dicho grupo de países es descarada: critica los disturbios en Venezuela, dando por hecho que invariablemente la violencia viene del gobierno. Esto es contrario a la evidencia que cualquier observador juicioso puede apreciar. Casi sin excepción, en las manifestaciones de la oposición se advierten los actos agresivos y destructivos, especialmente los realizados por los comandos encapuchados que acompañan las marchas: quema de instalaciones y vehículos públicos, saqueos, bloqueos de las vías de comunicación, e incluso atentados contra la vida de ciudadanos que se han consumado en decenas de muertos. 

Pero la imagen que se proyecta es que en Venezuela impera la “ingobernabilidad” y la anarquía, como fruto de las acciones autoritarias del gobierno, mientras la oposición de derecha es la víctima de los abusos. La propaganda invierte la realidad: incluso la intervención de las fuerzas del orden para contener el vandalismo, es convertida por la manipulación de los medios en “represión” gubernamental. En verdad, los grupos enfrentados entre sí que componen la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) buscan apoderarse del poder mediante procedimientos violentos y antidemocráticos, mientras claman por la democracia.

Venezuela es el país de las paradojas. Unos ejemplos. Mientras el sector privado controla dos terceras partes de los medios electrónicos (radio y televisión) contra el cinco por ciento en manos del Estado, y el 97 por ciento de los diarios son privados, en ambos casos casi todos abiertamente inclinados en favor de la oposición (desde donde se llama incluso al derrocamiento del gobierno), la derecha dice ante el mundo —y las transnacionales de la propaganda le hacen eco— que en el país no hay libertad de prensa ni de expresión.

Mientras la derecha organiza largos ciclos de manifestaciones, con lujo de agresividad y orgiásticos actos de desórdenes y vandalismo (lo ilustran las “guarimbas” de 2014, las marchas de 2015-2016 y las que van durante este año), se asegura que en Venezuela están conculcadas las libertades de manifestación y protesta.

Mientras la derecha ha intentado romper el orden constitucional al desconocer el poder electoral cada vez que se le presenta la ocasión (excepto cuando obtiene una victoria comicial), al hacer caso omiso de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (máxima corte constitucional) y, desde la asamblea legislativa bajo su control desde 2015, al pretender repetidas veces la destitución ilegal del presidente de la república, esa misma oposición grita a los cuatro vientos que en el país se ha roto el “estado de derecho”, que el gobierno ha dado un “golpe de Estado” y que el presidente Nicolás Maduro es un “dictador”.

Mientras la coalición de derecha, estrechamente aliada con las grandes empresas y el sector de comercial y de servicios, hace todo lo posible por torpedear la economía, trastrocar el abasto de productos y fomentar la escasez de bienes básicos, dificultando los planes gubernamentales para resolver los problemas (el ejemplo más reciente de ese esfuerzo es la organización de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción), la oposición atribuye todos las dificultades del país a la “ineficiencia” del gobierno y se apresura a presentar la situación como un escenario de “emergencia humanitaria”.

Mientras según los indicadores más confiables (el índice Gini y otras evaluaciones de organismos internacionales) Venezuela alcanza condiciones ventajosas en materia de alimentación, salud, educación, etc., y exhibe logros en el combate a la desigualdad y la pobreza, que la colocan incluso por encima de países que están en la primera línea de combate contra el gobierno Bolivariano (como México, Brasil o Colombia), la derecha venezolana propaga que el país se encuentra en la desolación, el hambre y prácticamente al borde del abismo. Todo ello es difundido por los medios masivos, amplificado por las agencias norteamericanas y respaldado por los gobiernos cómplices de Latinoamérica y Europa.

No es de extrañar que sea la OEA, justamente calificada como el ministerio de colonias de los Estados Unidos, la principal trinchera en que se han posicionado los agresores contra Venezuela. Aquélla ya tiene una larga trayectoria en el papel de convalidar los ataques contra las manifestaciones de independencia que surgen en Latinoamérica. Esa negra historia es extensa. A manera de ejemplo, basta recordar la invasión de la República Dominicana en 1965: la OEA dio la cobertura a Estados Unidos para agredir a ese país con 42 mil marines, atacar a los rebeldes sin piedad y frustrar la gesta popular. A ojos vistas, la derecha venezolana, la OEA (con Luis Almagro como el peón más visible) y el grupo de países que clama por la “vuelta a la democracia” en Venezuela, están preparando las condiciones para que se realice una agresión contra la patria de Bolívar.

Los países latinoamericanos que participan en el activo intervencionismo contra Venezuela están haciendo un encargo penoso, grotesco. No es difícil demostrar, punto por punto, que los hechos alegados para configurar una situación de “emergencia humanitaria” en aquel país o para suponer que se ha “cancelado” el sistema democrático, carecen de todo fundamento. Pero lo que causa pasmo es que sean los gobiernos de países en los que los parámetros básicos de la vida democrática son tan precarios y, en varios casos, francamente catastróficos, los que estén clamando contra Venezuela. Podría hacerse un cuadro comparativo en el que los países “críticos” no quedarían muy bien parados.

Qué pensar, por ejemplo, de la situación “democrática” del Brasil actual, cuyo gobierno es fruto de un bochornoso golpe de Estado parlamentario. El caso de México es aún más patético. El actual gobierno de Peña Nieto ha roto con una larga tradición diplomática que se sustentaba en el respecto a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos de otros Estados. Y lastimosamente esto se hace en un momento en que México está fuertemente amenazado por el coloso del Norte. Por lo demás, exhibiendo tasas de pobreza que alcanzan más de la mitad de su población, según datos oficiales, y sumido desde hace tres lustros en una terrible situación que involucra cifras brutales de asesinatos, desapariciones, secuestros, etc., ¿puede México ser tomado por su gobierno como plataforma para rasgarse las vestiduras por la “penuria” e “inseguridad” venezolana?

Como fuere, en suma, es claro el propósito que anima las acciones internas y externas contra Venezuela. Se busca derribar el gobierno de Maduro, democráticamente electo; y dar continuidad a la contraofensiva neoliberal, con el fin cerrar el círculo de la vuelta a gobiernos sumisos ante Washington, con sociedades cada vez más desiguales y controladas por las pequeñas y mezquinas oligarquías locales. En el caso de Venezuela existe un plus que exacerba el ataque contra la Revolución Bolivariana: las inmensas ganas del imperio de apoderarse de las más grandes reservas petrolíferas del mundo.

Estoy convencido de que el pueblo venezolano sabrá dar la respuesta apropiada.

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