BOLIVIA: LA OEA CON EVO, COMO PINOCHET CON ALLENDE. ALEJANDRO PEDREGAL

EVO

 

ALEJANDRO PEDREGAL*

ALEJANDRO PEDREGALComo ha narrado el jurista valenciano Joan Garcés, asesor personal y amigo de Salvador Allende, el domingo 9 de septiembre de 1973 el presidente chileno se reunió con el comandante en jefe del Ejército chileno, Augusto Pinochet, y el general Orlando Urbina en su residencia de Tomás Moro. Ahí, les anunció que en las próximas horas convocaría a la ciudadanía a un plebiscito para resolver el conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo, con el fin también de apaciguar las tensiones que vivía el país y los rumores de golpe de Estado; golpe que llevaban promoviendo los Estados Unidos de Nixon y Kissinger desde la victoria electoral de Allende, como lo demuestra el asesinato del general René Schneider en 1970. En aquella reunión, Pinochet le confesó a Allende que confiaba en que aquel gesto resolviera la situación y se comprometió a mantener el orden constitucional y atajar cualquier atisbo de insurrección en el Ejército. Apenas unas horas más tarde, de regreso en su casa para el cumpleaños de su hija, Pinochet se comprometía con el golpe que se daría dos días más tarde y sellaba con su firma su participación en él; golpe al que se dice que aún no estaba ligado. Sin embargo, otras versiones han mantenido que en la misma reunión con Allende, y al conocer los planes de la convocatoria para el plebiscito, Pinochet le pidió al presidente que retrasara el anuncio hasta el martes, ya que el lunes tenía otros compromisos en su agenda que no podía cambiar, a lo que Allende no puso inconveniente. Por supuesto, como es conocido, el plebiscito, que debía anunciarse en un acto público en la Universidad Técnica del Estado, no llegó a ser convocado: el martes era 11 de septiembre y esa mañana temprano había comenzado el golpe militar que bombardearía La Moneda y conduciría a Allende a la muerte.

La sucesión de aquellos episodios de la tragedia chilena parecen reflejarse hoy, con extraña similitud, en el golpe que sufre Bolivia. Y es que, como Pinochet hiciera con Allende, el presidente Evo Morales, exiliado en México, ha señalado la traición de la OEA para marcar los tiempos del golpe. Así, en rueda de prensa el miércoles 13 de noviembre, indicó que “la Cancillería [boliviana] acordó con la OEA entregar el informe oficial [de la auditoría sobre las elecciones] el día 12 y ellos pidieron que fuera el 13. Sorpresivamente, el domingo nos informó el personal de Luis Almagro que iban a publicarlo”. El domingo 10 de noviembre, sorprendido por el movimiento de la OEA, Evo convocaba nuevas elecciones, sin percatarse de que aquel informe era sólo una etapa más para desencadenar la intervención del Ejército, con el fin de obligarle a dimitir a cambio de frenar un baño de sangre. Así, el presidente Evo concluía desde México que “la OEA tomó una decisión política y no técnica ni jurídica”.

Sin embargo, ahí no concluyen las sospechas que se ciernen sobre el papel que ha jugado la OEA en este golpe. Como ha señalado el periodista mexicano Luis Hernández Navarro en La Jornada:

“La OEA desempeñó un papel clave en la preparación y legitimación del golpe. Envió a Bolivia como jefe de la misión al mexicano Arturo Espinosa, un furibundo enemigo de Evo Morales. El funcionario se vio obligado a renunciar ante su absoluta falta de imparcialidad. Finalmente, el organismo presentó un informe preliminar sobre los comicios, basado en una muestra de tan sólo 333 actas, de un total de 34.555. Allí señala que encontró irregularidades (que van desde una tachadura hasta una firma) en 23 por ciento de esas actas. Sin embargo, no se tentó el corazón para llamar a realizar nuevas elecciones.”

(Algo que, cabría añadir, sí hizo el presidente Evo.)

Pero no se acaban ahí las suspicacias sobre el propio contenido del informe de la OEA y sus conclusiones. El lunes 11, el bioinformático, docente e investigador argentino Rodrigo Quiroga publica un elaborado estudio donde detalla una serie de análisis sobre la posibilidad de manipulación de los resultados electorales y, por tanto, sobre el presunto fraude en los comicios del pasado 20 de octubre en Bolivia; fraude sobre el que supuestamente se fundamentan las protestas detrás del golpe de Estado. Entre la minuciosa información que reune, Quiroga destaca que, a partir de su propia investigación, al “mirar la distribución de votos a cada partido, por mesa, según el porcentaje de participación”:

  1. “Los votos del MAS (el partido del presidente Evo) [ofrecen] una distribución normal, [que] denota la polarización regional de la elección”.
  2. Es cierto que “hay posibles irregularidades con algunas mesas”, siendo éstas “al menos 588”, correspondiendo a un total de 95.955 votos, las que habría que revisar. Sin embargo, reemplazando “esas mesas por promedios para cada provincia” se pone en evidencia que “no hay ningún indicio de fraude masivo”.
  3. Quiroga concluye así que “la victoria de Evo es incuestionable”, pero que “la diferencia de 10 sí está en duda”.

El mismo 11 de noviembre aparece otro informe del Center for Economic and Policy Research (CEPR) aún más revelador, cuya publicación fue acompañada por diversas entrevistas a uno de sus autores en diferentes medios. En el documento se destaca que:

  1. Tanto las averiguaciones como  las conclusiones del informe preliminar de OEA son de dudoso valor, y se explica que la misma OEA recomendó el uso del sistema rápido de recuento (TREP) y acordó con el gobierno boliviano detenerlo para informar de nuevo una vez las actas escrutadas estuviera alrededor del 80%, como así se hizo, lo que desmonta toda sospecha sobre el cacareado “apagón informático” durante el recuento. Del mismo modo, se señala que de nuevo la OEA exigió reanudar el TREP, algo que también se hizo.
  2. Además, el informe indica que, a pesar de que el TREP no tiene validez legal, el informe de OEA dedica el 90% de su contenido a la fragilidad del sistema informático del TREP.
  3. Se subraya también que el informe de la OEA, además de no mostrar irregularidades masivas, expresa que es “difícil de explicar” que en los últimos 5% de los votos contabilizados Morales sacara un 60%”, mientras para el CEPR ese dato es razonable, ya que estos votos proceden de regiones con un fuerte apoyo histórico hacia el MAS.
  4. El documento destaca entre sus conclusiones que “la politización de un proceso normalmente independiente parece inevitable cuando la OEA saca conclusiones infundadas sobre la validez de un acto electoral”, y que esto supone “una grave violación a la confianza pública, algo incluso más peligroso en el contexto de una polarización política aguda y con la violencia política postelectoral que ha ocurrido en Bolivia”. Por ello, el CEPR sugiere a la OEA que retire “sus insostenibles alegaciones” y que tome “medidas para asegurar la neutralidad en procesos de observación electoral por parte de la OEA en el futuro”.

El 13 de noviembre, otro informe sale a la luz, esta vez bajo la autoría de Walter Mebane, profesor de ciencias políticas y estadística y experto internacional en fraudes electorales, que encuentra irregularidades en 274 mesas. El profesor Mebane expone en su análisis que, “aún eliminando todos los votos “fraudulentos”, el MAS tiene un margen de más del diez por ciento sobre (el partido opositor) CC”. La conclusión es, por tanto aún más contundente que el estudio de Quiroga, ya que, como señala éste al compartirlo, Mebane “utiliza una versión más nueva de los resultados con el 100% de las mesas cargadas”, mientras Quiroga utilizó una con el 96% que no contaba los votos desde el extranjero. “Al sumar éstos [últimos], ni siquiera al descontar las mesas “raras” al MAS, la diferencia cae por debajo del 10%”.

En definitiva, y de acuerdo con las investigaciones tanto de Rodrigo Quiroga como de Walter Mebane y el CEPR, queda claro que fue la propia OEA la que primero recomendó el sistema TREP y los tiempos para detenerlo y reanudarlo; después promovió los rumores de fraude sobre un recuento sin validez ni legal ni concluyente; y, por último, una vez desatado el alzamiento cívico-político-policial, maniobró por medio de engaños para desacreditar la victoria de Evo sin base técnica alguna, abriendo la puerta al golpe militar definitivo.

Hay que destacar, a modo de conclusión, que más de un 60% del presupuesto de la OEA corre a cargo de Estados Unidos, que la fundó en 1948 como extensión de la doctrina Monroe y parte del ideario “panamericanista”; eufemismo éste construido para evitar un lenguaje imperialista más explícito. No es la primera vez, ni será la última, que la OEA actúa de acuerdo a los intereses de quien paga y manda en ella, como ya lo hizo y lo sigue haciendo en Cuba o Venezuela. Por eso mismo, no es de extrañar que poco a poco comiencen a destaparse audios y otras pruebas que implican a senadores como Marco Rubio, Bob Menéndez o Ted Cruz, entre otros, en los planes de los golpistas bolivianos, en connivencia con la OEA, contra Evo.

Del mismo modo que la nacionalización del cobre chileno condenó a Allende ante el capital depredador de Estados Unidos, Bolivia observa hoy cómo la mayor reserva de litio del mundo —como ha señalado el historiador Vijay Prashad, fundamental en la transformación energética global— juega un papel fundamental en la política interna del país y en la lucha por su soberanía. La OEA ha actuado con Evo como hiciera Pinochet con Allende: ante el anuncio de un plebiscito o unas elecciones, ha traicionado su palabra para movilizar las fuerzas golpistas. Se trata, como siempre, de colocar al frente del país a dirigentes serviles dispuestos a implementar políticas neoliberales de despojo y entregar los recursos nacionales a cambio de cualquier mísera prebenda que engorde su vanidad. Sin embargo, a diferencia de Allende tras el golpe de Chile, Evo sigue vivo gracias a México. Es, por tanto, de esperar que “mucho más temprano que tarde” el presidente indígena regresará libre a su país para seguir construyendo una sociedad mejor. La lucha sigue.

*Alejandro Pedregal es cineasta y escritor. Su libro más reciente, Evelia: testimonio de Guerrero (Akal/Foca, 2019), recoge el testimonio de la defensora social Evelia Bahena García en su lucha contra las mineras en el estado de Guerrero (México). Es doctor por el Departamento de Cine, Televisión y Escenografía de la Universidad Aalto (Finlandia) y profesor en la Unidad de Arte Expandido (UWAS) de la misma institución.

Fuente: RESUMEN LATINOAMERICANO

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