CUANDO LA DERECHA HABLA DE POBREZA. JORGE ELBAUM

Maniobras, artificios y dogmas perpetúan las reglas del juego que garantizan la continuidad del privilegio

La mesa está servida. Los integrantes de la Asociación Empresaria Argentina insisten en las recetas generadoras de miseria.

JORGE ELBAUM

Cada vez que el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODS-UCA) difunde sus informes sobre la pobreza, los poderes fácticos locales, conformados por los grupos financieros, los exportadores, las empresas transnacionales y las corporaciones mediáticas, irrumpen compungidos y se disponen a proponer como solución las mismas medidas ortodoxas que son causa inequívoca de la ruina socioeconómica de la Argentina.

La operación comunicacional utilizada para sobreactuar consternación consiste en mostrarse extrínsecos al resultado de las estadísticas. Buscan impedir, en forma denodada, que se vincule la riqueza por ellos acumulada con el empobrecimiento de las mayorías sociales. Sin embargo, la pobreza no puede pensarse sin la capacidad de generación de riqueza que posee una sociedad. Si existe suficiente riqueza para ser distribuida en un conjunto demográfico determinado, pero las reglas permiten/habilitan su flujo hacia porciones minúsculas de la sociedad, es que las instituciones son funcionales a la producción sistemática de la pobreza.

La pobreza es un concepto relacional: escindir la pobreza de la riqueza es el remanido artilugio utilizado para impedir que se revean las reglas que permiten esa asimetría. Los sectores del privilegio se empeñan en disociar la miseria del enriquecimiento. Necesitan desvincular ambas caras de la moneda para distanciar dos hechos inseparables: el enriquecimiento social acumulado y respectiva asignación / reparto dentro del conjunto de la sociedad. Esta separación forzada les resulta indispensable para evitar que se debata sobre las reglas que permiten tal apropiación inequitativa.

La desigualdad de los ingresos muestra que el 10% más acaudalado de la sociedad percibe 19 veces el ingreso del 10% menos favorecido. Esa relación es aún más inequitativa si se mide la riqueza, es decir la acumulación de propiedades. Para invisibilizar esta evidencia, los corporativos locales simulan una preocupación caritativa. Pero omiten su responsabilidad, por ejemplo, en su especulación contra el peso, cuyo último capítulo fue escenificado en el segundo trimestre de este año. Aunque en esta ocasión no han logrado su cometido dada la decisión del gobierno de lxs Fernández, las devaluaciones sucedidas en las últimas décadas han derivado en el incremento de la miseria de amplias capas sociales. Y su reverso produjo una mayor concentración de quienes poseen capacidad para vincularse con el mercado de divisas.

El último jueves, uno de los máximos referentes de esta distribución inequitativa –el CEO y principal accionista de Techint, Paolo Rocca– se quejó ante el ministro Martín Guzmán por la presión impositiva (en plena emergencia sanitaria) y el excesivo gasto público. Además afirmó que “es el sector privado el motor principal. El Estado tiene el rol de regular y se ha visto en la pandemia”. A los corporativos como el titular de Techint le resultaría difícil aceptar que el rol cumplido por el gobierno en la situación actual de emergencia sanitaria no fue el de regular. Supuso una intervención, incluso, para impedir que el caracterizado como motor principal no genere una crisis más aguda que la que se transita a nivel global. Ni siquiera en etapas tan evidentes de intervención estatal, los actores concentrados pueden aceptar el rol central del Estado como dispositivo de orientación económica y social. De admitir esa autoridad, vislumbran, le estarían concediendo una abierta legitimidad a la democracia –y a su sustento,  la voluntad popular– por sobre el mercado. Supondría, además, por analogía, aceptar la práctica política como una función cívica relevante y transcendental para la organización y la gestión de lo público. La elasticidad de sus dogmas neoliberales no les permite llegar a tanto.

Los lamentos de Rocca, relativos a la supuesta presión impositiva, no coinciden con las utilidades expuestas en sus balances. Durante 2019, una de sus empresas, Ternium, comercializó por $ 107.000 millones, obteniendo $ 11.096 millones de utilidad neta. Otra, Tenaris Siderca, registró ingresos por U$S 7.294 millones y un beneficio de U$S 731 millones. El tercer balance del que se cuenta con información –dado que hay varias empresas subsidiarias a las que no se logró acceder–, señala que Tecpetrol facturó por $ 64.000 millones y se benefició con $ 4.200 millones. Y tampoco coinciden con la carga impositiva a la riqueza motorizada por diferentes países, algunos de los cuales causan profunda envidia aspiracional de los cambiemitas locales: la recaudación de impuestos a la riqueza es en Argentina un 25% menor que la de Brasil y Colombia (1,2% de sus respectivos PBI), e inmensamente inferior a lo tributado dentro de los países desarrollados (2,0% del producto en la OCDE y más de 2,5% en Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Francia, Israel y Reino Unido).

El supremacismo local, hijo dilecto de una concepción colonizada, busca remedar a los países centrales. Pero no a costa de emularlos en los aportes exigidos a sus sectores más pudientes. En noviembre, el relator especial de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Olivier de Schutter, manifestó que “la capacidad de los países para mantener esquemas de tributación progresiva ha sido desafiada por los ricos, que pueden trasladar sus empresas fácilmente a otras jurisdicciones como paraísos fiscales o territorios con tipos de sociedades que pagan menos impuestos”.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias  no se percibe como responsable de la pobreza. 

En forma análoga, la Asociación Empresaria Argentina insiste en reclamarle al gobierno el “respeto de las instituciones, la  propiedad privada y las reglas de juego”. Las tres dimensiones remiten a la misma pretensión: garantizar mecanismos que habilitan la continuidad del empobrecimiento generalizado. Su contracara es el enriquecimiento en pocas manos. Lo que se omite insistentemente es que la persistencia de estas reglas del juego –tal como lo requieren las corporaciones– es la condición de posibilidad de la reproducción estructural de la pobreza. Uno de los máximos referentes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) –Luis Pagani, titular de Arcor– solicitó una semana atrás la eliminación de precios máximos para los alimentos. El balance de su empresa consigna una ganancia neta de 4.400 millones de pesos en los primeros 9 meses de 2020. 

La parte del león

Algo similar sucede con el sector de la carne vacuna. Los beneficios de muy pocos contrastan con las penurias de las grandes mayorías. Como producto del aumento de la demanda china, se incrementó la faena de hacienda. En noviembre se faenó un 3,1 % más que en igual mes de 2019. En términos anuales, la comercialización será en 2020 la más alta de los últimos once años.  Sin embargo, ese enriquecimiento de los productores y exportadores se ve acompañado por una privación del del acceso a los cortes que caracterizan la identidad gastronómica argentina.

Los exportadores de materias primas tampoco son ajenos a la doble dimensión antagónica de carencias y la fortunas. Durante gran parte del año buscaron obtener una tajada más grande de la riqueza nacional a través de la retención de las cosechas, presionando por una corrida cambiaria. En ese mismo registro, una parte significativa del sector financiero privado contribuyó a incrementar la inequidad mediante un doble mecanismo: por un lado negándose a transferir a sus clientes las ingentes ganancias que obtuvieron con la bicicleta especulativa de las LELIQs y, por el otro, mediante las trabas impuestas a los demandantes de créditos productivos. Eso a pesar de haberse beneficiado durante el año 2019 con un rendimiento de $ 217.000 millones, un 182% más que en 2018.

Los voceros de la ortodoxia corporativa son también defensores de la indiscriminada apertura externa y su correlato, la flexibilidad laboral. Defienden el libre mercado para garantizarse las grandes marcas del marketing global y saciar las aspiraciones de quienes fantasean con vivir en una país que no es el suyo. Su cinismo consiste en mostrar espejitos de colores a los que nunca podrán acceder las mayorías sociales, ni en formato de bienes ni en el incremento de la oferta de empleo. En forma recurrente extorsionan a la sociedad advirtiendo que el crecimiento autónomo impide la lluvia de inversiones. La lógica de los poderes fácticos –esparcida por sus empleados comunicacionales que se presentan como  periodistas– propone aperturas que solo viabilizan la intermediación financiera de carácter especulativo, el endeudamiento y la fuga de capitales.

Como contrapartida, la histórica alternativa propuesta por la tradición nacional y popular implica una protección pragmática, ordenada y relativa: el fortalecimiento del mercado interno, la inclusión laboral, su articulación con el Sistema de Ciencia y Tecnología (SCT) y la integración regional. Este modelo per se cuestiona las reglas de la distribución de la riqueza. Y por eso es calumniado por las propaladoras de la derecha que lo catalogan como una forma de aislamiento del resto del mundo. Afirman que promover un desarrollo endógeno (vivir con lo nuestro) supone enemistarse con la comunidad internacional y quedar afuera del flujo de capitales. Lo que esconden los poderes fácticos es que el aperturismo es el prerrequisito imprescindible para la fuga hacia las guaridas fiscales donde pueden maximizar beneficios sin cumplir con sus responsabilidades tributarias. En una economía con capacidad para regular los flujos financieros y la Inversión Extranjera Directa (IED), se les hace más complicado esquivar al fisco.

Para evitar la encrucijada de la doble realidad de la riqueza/pobreza, el discurso neoliberal apela –en sus versiones ultraliberales– a las elementales analogías individualistas, que culpabilizan al pobre de su miseria. Esa versión, utilizada en forma recurrente en la programación de pseudo debates televisivos, etiqueta al carenciado como alguien desprovisto de esfuerzo, de disposiciones idóneas o de capacidades. Para que el relato sea más convincente, se ven en la necesidad de eludir la historicidad de las trayectorias biográficas y la falta de igualdad en las oportunidades de origen. Hacen una teodicea de la meritocracia para condenar doblemente al que ya está privado por las reglas que benefician a quienes, encima, se dan el lujo de estigmatizar a los más humildes.

Espert y Milei: la miseria «positiva» motiva la competencia.

 En síntesis, lo que busca la ortodoxia es una economía extranjerizada que garantice el giro incremental de royalties y una articulación con las fluctuaciones que produce el mercado especulativo. Un modelo de endeudamiento constante capaz de limitar los proyectos de autonomía política y la capacidad de la política y del Estado para liderar un proyecto emancipatorio. La potestad ilimitada del mercado sobre el medio ambiente y la mercantilización de los insumos básicos de la vida como el agua y el aire.  En última instancia, se busca debilitar al Estado para impedir que pueda disciplinar a los mercados. Para contribuir a ese objetivo, la ortodoxia demoniza tanto a las instituciones que pueden limitar la omnipotencia mercantil –las que tienen capacidad regulatoria, no la Corte Suprema, por ejemplo– y a las referencias políticas, como CFK, que no cejan de reivindicar la autonomía de la política y la democracia por sobre los poderes del dinero. 

De aquellos polvos, estos lodos 

Según los estudios elaborados por el ODS, Macri dejó su gobierno en 2019 con un 40.8 % de pobreza y un 9.5 % de indigencia. Los datos divulgados la semana pasada muestran un incremento de 5 puntos respecto a la primera dimensión y aproximadamente un punto porcentual respecto a la segunda. Las fotografías estáticas suelen ser engañosas si no se conoce la película: la derecha argentina finalizó su cuatrienio –sin mediar pandemia– con el récord de empobrecimiento social acumulado, medido desde 2002 en adelante. Según el ODS, la intervención del Estado a través de diferentes medidas –como el IFE y los ATP– impidió que la pobreza ascendiese al 53.1% de la población. Al inicio de su gestión, en 2016, Macri propuso, circunspecto, su interés de ser juzgado por cómo pudo reducir la pobreza. No pudo, porque pasaron cosas. Lo que queda claro es que en lógica inmanente su gobierno no fue un fracaso. Logró lo que realmente se propone la derecha en la región: reubicar a la Argentina como una plaza rentable para la especulación financiera internacional, el negocio del endeudamiento y la fuga de capitales. Fracasó en lo que se planteó de cara a la sociedad. Éxito para sus empresas, socios y colegas del establishment.

En última instancia, dentro de las razones esgrimidas por la ortodoxia se verifica un dogma que –en oposición al pensamiento científico– no debe contrastarse empíricamente con la realidad: es una máquina de concentrar riqueza y generar miseria. Esa es la razón por la que eluden los datos fácticos respecto a sus postulados. Reconocer la conexidad entre las políticas que postulan y los resultados que generan supondría renunciar a lo que da cobertura a sus privilegios. Albert Einstein afirmaba que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.

El Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) publicó un informe en abril de este año en el que traza una línea de riqueza. A través de esa dimensión muestra que un 0,5% de la población tiene un Ingreso Total Familiar (ITF) promedio de $669.656 mensuales. Ese monto implica un 7,6% del ITF de toda la población argentina. El mismo estudio postula que a los pobres les falta un  promedio $13.473 para dejar de ubicarse en ese sitial de la carencia. El resultado sugiere que la redistribución de aproximadamente un tercio del ingreso de la población más rica (hacia los sectores más carenciados) acabaría con la pobreza. En ese hipotético caso, los ricos continuarían siendo ricos con un ingreso de ITF de $382.513. «Otra forma de verlo es que si el ingreso total familiar máximo se fijara en $382.513 pesos mensuales y se redistribuyera hacia los pobres el excedente de ingresos por sobre ese monto, alcanzaría para eliminar la pobreza».

La contienda por generar sociedades más justas tiene una dimensión simbólica central. Se entabla en una lucha por las palabras, por los sentidos y por la comprensión de la realidad. La definición de la riqueza y la pobreza son parte de ese juego de poder. El vínculo entre los hechos y sus efectos está permanentemente tironeado por versiones de la realidad –impuestas por los poderosos– que disfrazan sus intereses para poder perpetuarlos.

En una novela epistolar titulada De A para X, el inolvidable John Berger relata el vínculo entre una mujer y un preso político: “¿Decir la verdad? Se tortura a las palabras hasta que ceden y se rinden a sus polos opuestos; cuando vuelven a sus celdas, Democracia, Libertad y Progreso son incoherentes. Y hay otras palabras, Imperialismo, Capitalismo y Esclavitud, que tienen negada la entrada, que son rechazadas en todos los puestos fronterizos, y cuya documentación, confiscada, es entregada a ciertos impostores, como Globalización, Mercado Libre y Orden Natural. Solución: el lenguaje nocturno de los pobres. Con este se pueden contar y defender algunas verdades”. Menos mal que existe la literatura para decir aquello que se ha enmudecido o silenciado a fuerzas de repeticiones imprecisas e insistentes.

Fuente: EL COHETE A LA LUNA

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