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DECLARACIÓN DEL VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CUBA, ROGELIO SIERRA DÍAZ

Cuba MINREX

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba el pasado 4 de junio emitió una declaración de rechazo y denuncia sobre las acciones de manipulación política acerca del papel de Cuba en el proceso para lograr la paz en Colombia. Esas acciones claramente expuestas en la declaración y notificadas previamente por vías diplomáticas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, facilitaron los pretextos para incluir a Cuba en la espuria lista de Estados que supuestamente no cooperan plenamente en los esfuerzos de Estados Unidos contra el terrorismo.

Días después, EE.UU, nuevamente de manera arbitraria, unilateral y sin fundamentos, incluyó a Cuba en un informe anual del Departamento de Estado sobre terrorismo internacional calificando a nuestro país como “refugio seguro” para terroristas, precisamente por la presencia en Cuba de la delegación de paz del ELN.

Como se conoce, la presencia de la delegación de paz del ELN en La Habana, reconocida por el gobierno del presidente Duque durante los primeros cuatro meses de su mandato, hasta que decidió romper los diálogos a raíz del atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía de Bogotá,  respondió a una solicitud expresa del gobierno colombiano. Esos individuos no viajaron a Cuba huyendo. Viajaron con las correspondientes autorizaciones del estado colombiano.

A raíz del mencionado atentado, Cuba condenó inmediatamente la acción de forma pública y transmitió un mensaje de condolencias a los familiares de las víctimas y al gobierno colombiano. En esa oportunidad, rechazó y condenó todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones.

El gobierno de Colombia, además de romper el diálogo con el ELN, desconoció un Protocolo de Ruptura previamente acordado para estos casos y dictó órdenes de captura de Interpol contra los miembros de la delegación de paz del ELN que se encuentra en La Habana, así como formuló la solicitud de extradición de algunos de sus miembros

Para Cuba resulta contradictorio que el gobierno de Colombia haya reconocido en varias ocasiones, tanto pública como privadamente, el papel de garante de Cuba en el proceso de paz con la FARC y, sin embargo, desconozca acuerdos suscritos con nuestro país, también en condición de garantes, en el proceso de paz con el ELN.

El pasado 5 de junio en un comunicado, la Cancillería de Colombia afirmó su agradecimiento y reconocimiento a nuestro país por el papel desempeñado en la implementación del acuerdo de paz con la FARC; asimismo valora nuestro interés en aportar al logro de la estabilidad y seguridad en ese país.

Similar declaración ofreció el Sr. Emilio Archila, Alto Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, el pasado 26 de junio al afirmar que el gobierno colombiano, “nunca, en ningún momento, ha cuestionado las bondades y el agradecimiento que tiene con Cuba en su función de garante de los acuerdos”.

Todos conocen que Cuba siempre ha actuado desde la condición de garante con imparcialidad,  transparencia, discreción y a solicitud de ambas partes. Todo con el propósito de ayudar al anhelo compartido de una paz integral en Colombia.

Tras la declaración del MINREX del 4 de junio, cuba ha recibido múltiples solicitudes en la propia Colombia y de la comunidad internacional, sobre la conveniencia de la continuidad de nuestro papel de garante de los procesos de paz en Colombia.

Ante esta situación, Cuba ha decidido mantener por el momento nuestra condición de garante de la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. Esperamos que el Estado colombiano reconozca la vigencia de los acuerdos suscritos con otros estados y cumpla con esos compromisos, en particular con el protocolo de ruptura del diálogo con el ELN.

La Habana, 9 de julio de 2020

Fuente: Cubaminrex

CUBA RECHAZA PRETEXTOS DE AUTORIDADES GOLPISTAS DE BOLIVIA PARA SUSPENDER RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE AMBOS PAÍSES

declaraciones minrex

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia hizo pública la decisión del Gobierno golpista de suspender las relaciones diplomáticas con la República de Cuba, alegando que el Gobierno cubano ha afectado de manera sistemática la relación bilateral y ha sido hostil hacia las autoridades bolivianas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechaza categóricamente las infundadas acusaciones del gobierno de facto boliviano.

Desde su irrupción violenta en el poder, el 12 de noviembre del 2019, miembros del Gobierno de facto de ese país desarrollaron acciones sistemáticas para deteriorar y entorpecer las relaciones bilaterales con Cuba.

Las autoridades actuantes desplegaron una feroz campaña de mentiras y tergiversaciones contra Cuba, en particular contra la cooperación médica cubana, que incitó públicamente a la violencia contra nuestro personal de la salud e incluyó allanamientos y registros brutales, ilegales e injustificados, acusaciones falsas y detenciones de colaboradores cubanos.

Tan temprano como el 14 de noviembre de 2019, solicitaron a Cuba retirar a su Embajador, quien regresó definitiva y honrosamente a La Habana el 7 de diciembre, después de haber garantizado y ejecutado impecablemente el retorno seguro del último de estos, con riesgos significativos para el personal diplomático que organizó y acompañó los desplazamientos de los colaboradores por zonas de peligro. Entre el 15 y el 20 de noviembre, de forma unilateral, la Cancillería actuante retiró a todo el personal diplomático boliviano acreditado en Cuba.

El mismo día 14, la llamada Ministra de Comunicación emitió calumniosas declaraciones contra el personal diplomático cubano y sus familiares, que incluyeron ofensas al Embajador cubano y la peregrina acusación de que su esposa organizó manifestaciones y la resistencia al Golpe, cuando ésta nunca ha visitado ese país.

Como parte de esta campaña, el 15 de noviembre de 2019, la Clínica del Colaborador, propiedad de la República de Cuba en La Paz, fue allanada violentamente por las autoridades policiales, sin orden judicial. Como resultado, se sustrajeron equipos, materiales y otros bienes de esa instalación y hasta hoy se ha impedido al personal de la Embajada de Cuba el acceso a esta propiedad del Estado cubano.

En una ridícula denuncia, el 18 de noviembre, de un supuesto plan de atentado contra autoridades golpistas en Beni, se incluyó la participación de inexistentes  ciudadanos cubanos para alimentar la histeria.

El 8 de enero de 2020, el designado Ministro de Salud acusó a nuestros colaboradores de no ser profesionales de la salud y de desarrollar labores de adoctrinamiento. Estuvo acompañado en dicha conferencia por el Coronel de la Policía boliviana, Gonzalo Medinacelli, al servicio de la Embajada de los EE.UU. en La Paz y principal instigador y protagonista de los incidentes contra nuestros colaboradores.

El Mensaje Presidencial a la Nación del Estado Plurinacional de Bolivia, el pasado 22 de enero, se refirió ofensivamente a los  “falsos” médicos cubanos”, desconociendo la labor altruista y profesional de nuestro personal de salud. De manera calumniosa, en este mensaje se afirma que el 80 por ciento de los fondos de la Brigada Médica de Cuba en Bolivia se transferían a nuestro país “para financiar el castro-comunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo”.

Como denunció oportunamente la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba del 5 de diciembre de 2019, el llamado Ministro de Salud “exagera descaradamente el monto de los estipendios de los especialistas médicos cubanos, en realidad inferior al de los médicos generales bolivianos; y oculta que Cuba no recibió un centavo de beneficio de esta cooperación.” El dinero devengado por la brigada médica cubana en Bolivia no se transfirió nunca a Cuba y se utilizaba para cubrir los gastos de los colaboradores en ese país. El presupuesto de la Brigada Médica Cubana era aprobado cumpliendo los procedimientos bolivianos para su asignación, incluidos los trámites parlamentarios correspondientes y era debidamente auditado por el Ministerio de Salud de Bolivia y otras autoridades.

No acostumbramos a divulgar lo que nos cuesta la cooperación médica con países porque nuestro pueblo, pese al bloqueo y las dificultades económicas,  lo asume con generosidad y altruismo como un deber que ha de cumplirse con modestia.

Pero las injurias proferidas nos obligan a revelar que la cooperación médica con Bolivia se inició en 1985 con la donación de tres salas de terapia intensiva para hospitales pediátricos. Desde el año 2006 hasta el año 2012, Cuba asumió todos los gastos de la cooperación con Bolivia por valor de más de doscientos millones de dólares anuales, lo que incluyó  equipamiento médico, medicamentos, insumos y material gastable, sostenibilidad de la brigada cubana, la transportación aérea de los colaboradores y los gastos en equipos médicos. Desde esa fecha, teniendo en cuenta la favorable situación de la economía boliviana, este país asumió los gastos de la prestación de los servicios médicos pero jamás transfirió un dólar a Cuba ni esta recibió ingreso alguno. Simultáneamente, se graduaron de medicina en nuestro territorio 5 184 jóvenes bolivianos, totalmente a expensas de la parte cubana.

Ninguna de las autoridades de facto ha reconocido que, como resultado de la consagración y la conducta profesional y estrictamente humanitaria del personal de salud cubano, cuyo 54% era femenino, se ofrecieron en ese hermano país 77 millones 330 mil 447 consultas, se realizaron 1 millón 529 mil 301 intervenciones quirúrgicas, se asistieron 60 mil 640 partos, se aplicaron 22 mil 221 vacunas y se hicieron 508 mil 403 cirugías oftalmológicas, servicios de los que ha sido desprovisto el pueblo boliviano desde la salida de nuestros colaboradores de la salud.

El propio 22 de enero, el también designado ministro de Hidrocarburos, declaró que Bolivia rompía un contrato comercial de venta de urea a una empresa cubana bajo el pretexto de que constituía un supuesto “regalo” a Cuba “porque tenía un precio demasiado barato para el mercado internacional”. Nuevamente los golpistas hacen uso de la mentira para justificar sus decisiones. El precio acordado con la empresa cubana estuvo en correspondencia con las referencias internacionales que, como práctica, son tomadas como base para la comercialización de este producto.

El Gobierno boliviano alude en el comunicado oficial a que el Gobierno cubano afecta la supuesta relación bilateral de respeto mutuo basada en principios de no injerencia en los asuntos internos. Sin embargo, el pasado 20 de enero, fue recibida en el Palacio Presidencial de Bolivia una ciudadana cubana de amplia y conocida actuación contra su país, al servicio y bajo el pago de potencias extranjeras, para conversar sobre “la situación del pueblo cubano”, lo que constituye un acto de injerencia en los asuntos internos de la República de Cuba y de complicidad con las campañas hostiles a ella.

Nada de lo anterior es ajeno a la presión del gobierno de los Estados Unidos para imponer la Doctrina Monroe en Nuestra América ni al recrudecimiento del bloqueo y la hostilidad contra Cuba. Son conocidas las presiones que el gobierno del presidente Donald Trump ejerce sobre otros países para forzarlos a sumarse a sus políticas neoliberales, unilateralistas, coercitivas y violatorias del Derecho Internacional.

Desde el mismo inicio del golpe, funcionarios del gobierno norteamericano aplicaron presiones en Bolivia para imponer el deterioro de las relaciones con Cuba, perseguir a los médicos cubanos, acosar a los diplomáticos y abortar la cooperación médica en beneficio del pueblo boliviano. Como se denunció oportunamente, en algunos de estos operativos represivos y violentos contra el personal de salud participaron directamente funcionarios “diplomáticos” de los Estados Unidos.

No es nada casual que los hechos aquí tratados coincidan con una brutal campaña norteamericana, políticamente motivada, contra la cooperación médica internacional que Cuba brinda en decenas de países y es símbolo mundial de solidaridad.

Cuando las autoridades golpistas, pasados los primeros días, hicieron declaraciones de reconocimiento a los cooperantes cubanos y llamaron a detener las acciones contra estos, funcionarios estadounidenses intensificaron sus presiones. Luego, el Secretario de Estado Michael Pompeo declaró el 19 de noviembre que “la expulsión de cientos de funcionarios cubanos fue la decisión correcta ¡Bravo Bolivia!”.

El 15 de enero, las autoridades golpistas de La Paz recibieron con bombo y platillos a Mauricio Claver-Carone, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien funciona como capataz en la agresión y el bloqueo contra Cuba, causa a la que se ha dedicado desde muy joven.

El 21 de enero, recibieron en igual tono al subsecretario de Estado David Hale, coincidiendo con la desfachatada gira de Pompeo por nuestra región. El día del anuncio que complace a Washington, la Canciller actuante se encontraba precisamente en las oficinas del Departamento de Estado.

Las autoridades golpistas bolivianas no deberían hacer recaer sobre Cuba la responsabilidad por su decisión de suspender las relaciones diplomáticas entre ambos países. La hostilidad y las ofensas no han emanado de nuestro Gobierno ni de nuestro pueblo. Cuba ha actuado con paciencia y prudencia, en defensa y protección de sus nacionales y ha evitado la confrontación a pesar de la actuación reprochable de los golpistas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su respeto a los principios y normas del Derecho Internacional que rigen las relaciones entre los Estados y el estricto cumplimiento de su obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de otros Estados.

La Habana, 25 de enero de 2020

Fuente: MINREX

NUESTRA AMÉRICA ANTE LA ARREMETIDA DEL IMPERIALISMO Y DE LAS OLIGARQUÍAS

DECLARACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CUBA

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Los más recientes acontecimientos en la región confirman al gobierno de Estados Unidos y a las oligarquías reaccionarias como los principales responsables de la peligrosa convulsión e inestabilidad política y social de América Latina y el Caribe.

Como anticipara el 1ro de enero de 2019, el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz: “Quienes se ilusionan con la restauración del dominio imperialista en nuestra región deberían comprender que América Latina y el Caribe han cambiado y el mundo también (…) La región se asemeja a una pradera en tiempos de sequía. Una chispa pudiera generar un incontrolable incendio que dañaría los intereses nacionales de todos”.

El presidente Donald Trump proclama la vigencia de la Doctrina Monroe y apela al Macartismo para preservar la dominación imperialista sobre los recursos naturales de la región, impedir el ejercicio de la soberanía nacional y las aspiraciones de integración y cooperación regional; tratar de restablecer su hegemonía  unipolar a escala mundial y hemisférica; eliminar los modelos progresistas, revolucionarios y alternativos al capitalismo salvaje; revertir las conquistas políticas y sociales e imponer modelos neoliberales, sin importarle el Derecho Internacional, las reglas de juego de la democracia representativa, el medio ambiente ni el bienestar de los pueblos.

El secretario de Estado Mike Pompeo acusó amenazadoramente, este lunes 2 de diciembre, a Cuba y Venezuela de sacar provecho y ayudar a elevar la agitación en los países de la región. Tergiversa y manipula la realidad y oculta, como elemento central de la inestabilidad regional, la permanente intervención de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

Las legítimas protestas y las masivas movilizaciones populares que se registran en el continente, en particular en el Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Brasil, son causadas por la pobreza y la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza; la certeza de que las fórmulas neoliberales agravan la excluyente e insostenible situación de vulnerabilidad social; la ausencia o precariedad de los servicios de salud, educación y seguridad social; los abusos contra la dignidad humana; el desempleo y la restricción a los derechos laborales; la privatización, encarecimiento y cancelación de servicios públicos y el incremento de la inseguridad ciudadana.

Ellas revelan la crisis de los sistemas políticos, la falta de democracia verdadera, el descrédito de los partidos conservadores tradicionales, la protesta contra la corrupción histórica típica de las dictaduras militares y los gobiernos de derecha, el escaso apoyo popular a las autoridades oficiales, la desconfianza en las instituciones y en el sistema de justicia.

Protestan igualmente contra la represión policial brutal, la militarización de esta con el pretexto de proteger infraestructuras críticas, la exención de responsabilidad penal a los represores; el empleo de armas de guerra y antimotines que provocan muertes, lesiones graves, incluidos cientos de jóvenes con irreversibles lesiones oculares por el uso de balines; la criminalización de las manifestaciones; las violaciones, golpizas y violencia contra los detenidos, entre ellos menores; e incluso, el asesinato de líderes sociales, guerrilleros desmovilizados y periodistas.

Estados Unidos defiende y apoya la represión contra manifestantes con el pretexto de salvaguardar el supuesto “orden democrático”. El silencio encubridor de varios gobiernos, instituciones y personalidades muy activos y críticos contra la izquierda, es una vergüenza. La complicidad de los grandes medios corporativos de información es vergonzosa.

Los pueblos se preguntan con razón ¿dónde está la democracia y el Estado de derecho; qué hacen las instituciones supuestamente dedicadas a la protección de los derechos humanos; dónde está el sistema de justicia cuya independencia se pregona?

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FIRME RECHAZO DE CUBA A LA NUEVA ESCALADA AGRESIVA DE EE.UU.

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DECLARACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza en los términos más enérgicos la nueva escalada en la conducta agresiva de los Estados Unidos contra Cuba.

El Departamento de Estado anunció hoy la decisión de permitir que, a partir del próximo 19 de marzo y al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, se presenten demandas judiciales en tribunales de los Estados Unidos únicamente contra empresas cubanas incluidas en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas elaborada por ese gobierno en noviembre de 2017 y actualizada un año después. Este listado arbitrario e ilegítimo, dirigido a recrudecer el bloqueo y extender sus efectos extraterritoriales, prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras directas con las entidades señaladas.

El anuncio del Departamento de Estado también indicó que  suspendería por solo 30 días la posibilidad de iniciar acciones judiciales por igual concepto  en contra de otras entidades cubanas o extranjeras con vínculos comerciales o económicos en Cuba.

Desde su entrada en vigor en 1996, la ley Helms-Burton ha procurado  universalizar el bloqueo económico, mediante presiones brutales e ilegales de Estados Unidos contra terceros países, sus gobiernos y sus empresas.  Persigue asfixiar la economía cubana, y promover o aumentar las carencias de la población con el propósito de imponer en Cuba un gobierno que responda a los intereses de Estados Unidos.

Por sus pretensiones ilegítimas y contrarias el Derecho Internacional, la Ley Helms-Burton y el bloqueo concitan el rechazo universal, reiterado durante casi tres décadas, en los más importantes organismos regionales e internacionales.  El ejemplo más reciente fue en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando el pasado 1 de noviembre fue objeto de diez votaciones consecutivas de rechazo, en que el gobierno de los Estados Unidos quedó en absoluto aislamiento.

El título II de la Ley Helms-Burton dispone que el derrocamiento del gobierno revolucionario, la posterior tutela del país a cargo de un interventor estadounidense y el ulterior establecimiento de un gobierno contrarrevolucionario y subordinado a Washington tendrían como tarea inequívoca la devolución o pago a los antiguos propietarios de todas las propiedades que sean reclamadas por antiguos dueños o sus descendientes, hayan sido estadounidenses o no al momento de las nacionalizaciones o de que las abandonaron. En todo ese período, el bloqueo económico permanecería en pleno vigor.

Por consiguiente, los cubanos estarían obligados a devolver,  restituir o pagar a  reclamantes de los Estados Unidos por la casa donde viven, el terreno  donde se edifican sus comunidades, la tierra agrícola donde cultivan y producen, la escuela donde se educan sus hijos, el hospital o el policlínico donde reciben servicios médicos, donde está su centro de trabajo, donde tienen un negocio particular, además de por los servicios de electricidad, agua y comunicaciones subsidiados que disfruta la población.

Es una pretensión solo concebible en las mentes de quienes identifican a Cuba como una posesión colonial.  Según dispone la ley Helms-Burton, el bloqueo económico sólo se podría levantar cuando se haya alcanzado esa ambición.

Esta ley descansa sobre dos mentiras fundamentales: la noción de que las nacionalizaciones llevadas a cabo poco después del triunfo revolucionario fueron ilegítimas o indebidas y que Cuba constituye una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Las nacionalizaciones cubanas se llevaron a cabo amparadas por leyes, con estricto apego a la Constitución y en conformidad con el Derecho Internacional.  Todas las nacionalizaciones contemplaron procesos de compensación justa y adecuada que el gobierno de los Estados Unidos se negó a considerar. Cuba alcanzó y honró acuerdos globales de compensación con otras naciones que hoy invierten en Cuba como España, Suiza, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia.

La verdadera amenaza a la paz y la seguridad de la región son las  declaraciones y acciones irresponsables del gobierno de Estados Unidos y los planes desestabilizadores contra América Latina y el Caribe en el afán declarado de imponer la doctrina Monroe.

La Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas del 24 de diciembre de 1996, establece que la Ley Helms-Burton es ilícita, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno. Considera nula toda reclamación amparada en dicha ley, por cualquier persona natural o jurídica.

Según estipula esa ley, las reclamaciones de compensación por las propiedades nacionalizadas podrán formar parte de un proceso de negociación sobre la base de la igualdad y respeto mutuo entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos, “examinadas de conjunto con las indemnizaciones a las que el Estado y el pueblo cubanos tienen derecho con motivo de los daños y perjuicios causados por el bloqueo y las agresiones de todo tipo cuya responsabilidad corresponde al gobierno de los Estados Unidos”. Aclara, a la vez, que quedará excluido de futuras posibles negociaciones quien utilice los procedimientos y mecanismos de la Ley Helms-Burton en perjuicio de otros.

El gobierno cubano reitera a los socios económicos y las empresas extranjeras que operan en Cuba todas las garantías para la inversión extranjera y los proyectos conjuntos. La Constitución Cubana, ratificada por amplia mayoría en referendo el pasado 24 de febrero de 2019, en su artículo 28 reconoce también esas garantías, incorporadas en la Ley de Inversión Extranjera No. 118 del 29 de marzo de 2014.

La decisión de hoy impone obstáculos adicionales a nuestros objetivos de desarrollo y progreso económico, pero Estados Unidos continuará fracasando en su objetivo central de someter por la fuerza la voluntad soberana de los cubanos y nuestra determinación de construir el socialismo.  Prevalecerá el sentimiento mayoritario de los pueblos de Cuba y Estados Unidos que favorece la mejoría de las relaciones y el desarrollo de una convivencia civilizada y respetuosa.

La Habana, 4 de marzo de 2019.

Fuente: CUBAMINREX