DIEGO PÉREZ OJEDA DEL ARCO*
El pasado viernes 22 de mayo el pueblo brasilero fue testigo de una sinfonía de atrocidades proferidas durante la transmisión en televisión de un video en el cual se divulgo una reunión ministerial encabezada por el presidente Jair Bolsonaro, realizada el 22 de abril, en la que abundaron declaraciones tan indignantes e inconstitucionales que parecían refregarnos en la cara los propios límites de nuestras democracias occidentales. La divulgación del referido video fue autorizada por un decano del Supremo Tribunal Federal en el marco de una investigación que pretende determinar si el presidente de la república intento interferir políticamente en la Policía Federal. Por causa del calibre de las declaraciones ahí vertidas, se espera que en los próximos días nuevas investigaciones sean abiertas contra el presidente Bolsonaro y sus (anti)ministros.
Estas declaraciones versaron sobre distintos temas, no incluiré aquí citaciones textuales por encontrarse en portugués, pero intentare parafrasear algunos de los extractos más impactantes. El ministro de Educación, por ejemplo, además de sugerir que “vagabundos” del Supremo Tribunal Federal brasilero tendrían que estar presos (interfiriendo claramente en la separación de poderes), manifestó textualmente odiar el término “pueblos indígenas”, al entender que “solo existe un pueblo en este país”, invitando al exilio a cualquiera que no piense de esa manera. Siguiendo esa lógica punitiva, la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, se animó a comentar que desde su gabinete ya se está gestionando la prisión de algunos gobernadores y alcaldes. Y es que, si el propio presidente de la República se refiere, en esa misma reunión, a los gobernadores de São Paulo, Rio de Janeiro y de otros estados, como “esas mierdas”, pues no era de esperarse que el gobierno de turno les tenga especial consideración a los representantes de dichos cargos públicos. Siguiendo con la avalancha de estiércol, el ministro de Economía, fiel a su discurso neoliberal y a su carrera imperiosa por la privatización de la mayor cantidad posible de empresas y recursos estatales, no pudo esconder su inquietud por vender, cuanto antes, “la mierda del Banco de Brasil”. Por su parte, el ministro del Medio Ambiente, tal vez intentando destacarse en lo que ya se había convertido en un verdadero circo de horrores, tuvo la brillante idea de sugerir a la platea que el actual drama social por el cual atravesaba el país, generado por el colapso del sistema de salud a causa del Covid-19, podría ser aprovechado para llevar adelante reformas “infralegales” (bello eufemismo para decir fuera de la ley) de desregulación y simplificación del marco legal (ya fragilizado) que da protección jurídica al medio ambiente en Brasil.
¿Oportunidad para relajar medidas ambientales?
No es novedad que fechas importantes o grandes acontecimientos sean utilizados de manera estratégica para llevar a cabo acciones controversiales con la finalidad de mantener en sigilo lo que en coyunturas normales seguramente generaría mucho ruido político. Y eso en el Perú lo sabemos bien, pues basta recordar el indulto al expresidente Alberto Fujimori, otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, anunciado durante la tarde del 24 de diciembre del 2017, o inclusive, retrocediendo algunos años más, la promulgación del llamado “paquetazo ambiental” por parte del expresidente Ollanta, el sábado 12 de julio del 2014, mientras todos se preparaban para ver la final del mundial de futbol. Lo que sí sorprende por su crudeza es que la declaración del actual ministro del Medio Ambiente en Brasil plantee utilizar una tragedia, que una semana después de conocidas sus declaraciones ya va dejando un saldo de más de 27 mil muertos y más de 450 mil casos confirmados de Covid-19, como “cortina de humo” para continuar con una escalada que viene siendo devastadora para el medio ambiente.
El video de la referida reunión finalmente salió a la luz y la tan anhelada discreción que buscaban sus protagonistas fue reemplazada por una lluvia de cuestionamientos por parte de la prensa y de la sociedad civil. Lo más probable es que Ricardo Salles, ministro de Medio Ambiente en ejercicio, evite dar declaraciones durante las próximas semanas esperando que las aguas se calmen tratando de no dejar en evidencia la incompatibilidad que tiene con el ministerio que le fue asignado, así como su falta de compromiso con la agenda ambiental del país. Después de trascurrido ese tiempo, o tal vez aprovechando alguna otra de las crisis políticas semanales a la que su gobierno nos tiene acostumbrados, no debería de sorprendernos que se retomen con mayor ímpetu las políticas públicas llevadas a cabo por el Estado brasilero impulsadas en grande medida por el avance sin precedentes de un agronegocio que hoy en día cuenta con una sólida representación política en diversas esferas del poder. Seguir leyendo UN PAÍS EN LLAMAS: LA ACTUAL POLÍTICA AMBIENTAL EN BRASIL. DIEGO PÉREZ OJEDA DEL ARCO