Recientes declaraciones de la Cancillería argentina vuelven a reproducir las habituales monsergas que la Casa Blanca dirige al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Críticas que se caen por su propio peso y que si no lo hacen es debido al funesto oligopólico mediático que el imperio y sus secuaces construyeron para desinformarnos, confundirnos y llevarnos de las narices. Por ejemplo, acusar al “régimen de Maduro” (nótese que todos los gobiernos adversarios de Washington son “regímenes”; en cambio, ni el feroz despotismo medieval de Arabia Saudita para ni hablar del criminal narcogobierno de Iván Duque merecen tal apelativo) de hambrear a su pueblo y no cuidar la salud de su población mientras somete Venezuela a un férreo bloqueo que … ¡impide la llegada de los alimentos y medicamentos que Caracas había comprado (y pagado) de antemano! Pocas veces la historia universal ha registrado una adicción tan extrema al doble discurso y a la hipocresía política como las que la Casa Blanca exhibe desde hace ya largas décadas, síntoma inequívoco de la insanable declinación de su poderío imperial.
Acosado por la canalla mediática que fiel a sus patrones exige que el gobierno argentino estigmatice a Venezuela como una dictadura Felipe Solá procura escapar por la tangente y califica de “irregular” la situación del Estado de Derecho en ese país. Pontificar desde la Argentina sobre el imperio del derecho en otros países es un ejercicio que requiere un cierto grado de temeridad, desmemoria o ignorancia. Basta con recordar los más de mil días de prisión de Milagro Sala, todos aquellos que pasaron años en prisión preventiva (amén de los muchos que todavía quedan en esa situación) y la obscena prostitución de la Justicia Federal para que cualquiera nacido en este país tenga cierta cautela al juzgar la situación de Venezuela. Solá reconoció, y no es un dato menor, que el gobierno de Nicolás Maduro tiene un origen legítimo pero también que su relación con la “oposición dura” (o sea, la que representa el interés de Washington por apoderarse del petróleo y el oro venezolanos) “es cuasi bélica”. Consciente que se deslizaba por una peligrosa pendiente que remataba en una postura indefendible e incoherente con previas declaraciones del presidente Alberto Fernández apeló a una pirueta retórica e introdujo un matiz diciendo que Venezuela “está terriblemente golpeada por el precio del petróleo y por la cantidad de sanciones y bloqueos que tiene”. Allí estuvo bien, aunque tendría que haber profundizado en esa línea de pensamiento. No lo hizo y en su lugar perdió el control del vehículo y desbarrancó al decir que, desgraciadamente, en ese país “Hay una gran facilidad para meter presos políticos, luego los suelen largar, aunque no siempre. El gobierno es autoritario, sin dudas.”[1] Sólo falta que hoy nuestro Canciller declare, en línea con lo que ayer dijera el impresentable Mike “Vito Genovese” Pompeo, que el mundo libre debe forjar una alianza para derrotar a la “tiranía china” para que los zombies decimonónicos que pueblan el Palacio San Martín griten alborozados: “¡cartón lleno!”
Unos pocos datos concretos son suficientes para demostrar los gruesos yerros del discurso del Canciller. Sería bueno, para comenzar, que hablara con el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para que se informe del talante moral de esa “oposición dura”, que saboteó a última hora un acuerdo entre gobierno y oposición que el español había pacientemente labrado durante meses de arduas negociaciones. Una oposición que declaró que su único objetivo era la “salida” de Maduro y que organizó dos criminales intentos sediciosos, las “guarimbas” del 2014 y 2017, que ocasionaron centenares de muertos, heridos y una cuantiosa destrucción de propiedades públicas y privadas. Una oposición que durante un tiempo aceptó como “presidente encargado” a un ilustre desconocido designado como tal por el presidente de Estados Unidos, que desde hace meses no cesa de despreciarlo públicamente ante la constatación de su absoluta nulidad como político. Parecería que para Solá estos datos sobre la naturaleza del sector más vociferante y violento de la oposición venezolana son meras nimiedades, pero no lo son. Y calificar al gobierno de Maduro de adoptar una actitud “cuasi bélica frente a una oposición armada que actúa completamente por fuera de las reglas del sistema institucional es un grosero error de apreciación. ¿Calificaría de la misma manera la conducta del gobierno de Carlos S. Menem (de quien fue ministro) cuando ordenó aplastar a sangre y fuego la rebelión “carapintada” encabezada por Mohamed Alí Seineldín en 1990, que causó muchísimas menos víctimas fatales que la oposición violentista en Venezuela? ¡Por favor, seamos serios y cuidemos las palabras! Y en cuanto a la “facilidad para meter presos políticos” o para practicar todas las malas artes del “lawfare” la Argentina de los últimos años ha llegado a alturas casi inigualables en esa materia: aprobó la licenciatura, la maestría, el doctorado y el posdoctorado en “Reglas para Violar el Estado de Derecho”. Este desempeño debería ser un baño de sobriedad para todo alto funcionario de nuestro país, evitando caer en la tentación, o en el ridículo, de sermonear a otro gobierno por lo menos hasta que hayamos realizado la reforma del poder judicial que propone el gobierno para acabar con la herencia macrista de una justicia federal corrupta hasta la médula e inextricablemente vinculada al crimen organizado y los servicios de inteligencia estadounidenses.
Pero supongamos que la tremenda presión de Washington y sus secuaces locales –la “prensa libre” y la derecha económica y política- obliga a nuestro Canciller a pronunciar la palabrota deseada: “dictadura”, que hay que reconocer para crédito de Solá que rehusó hacerlo. Aun así, y pensando en un gobierno que ha declarado su voluntad de avanzar en la reconstrucción de la unidad latinoamericana (o por lo menos sudamericana) sería bueno medir cuidadosamente las palabras y antes de hablar de Venezuela dar una ojeada para ver qué ocurre en el vecindario. Si Maduro es autoritario y por lo tanto el suyo es un “régimen”, ¿qué decir entonces del gobierno de Iván Duque en Colombia? Según el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Poso, “desde que se suscribió el acuerdo de Paz entre el Gobierno y las extintas Farc hasta el 15 de julio de este año, fueron asesinados 971 líderes sociales en Colombia.” No sólo eso: según la misma organización “entre el 7 de agosto de 2018 y julio de 2020, lo que lleva Iván Duque como presidente, han asesinado a 573 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia.” [2] ¿Cómo caracterizar a un régimen político que perpetra tan interminable masacre? Por comparación con Duque, Maduro es la Madre Teresa de Calcuta, pese a lo cual ningún al Canciller no se le pasa por la cabeza caracterizar al gobierno colombiano como autoritario. Mucho menos lo hacen los hampones que pululan en la Casa Blanca y los alrededores, para los cuales Duque es el Winston Churchill sudamericano. El malo de la película es el venezolano, así lo dice el libreto que viene del Norte y así lo repiten algunos.
Pero supongamos que nuestra cancillería no conoce demasiado lo que ocurre en Colombia porque la prensa y los medios que lee “la Casa” (eufemismo que designa al fosilizado estamento diplomático de la Argentina) jamás le proporciona tan incómodas estadísticas o noticias “incorrectas”. Además es cierto que si hay un país blindado mediáticamente en Latinoamérica ese país es Colombia; el otro es Brasil. Bien, pero, ¿se puede desconocer tan olímpicamente la trágica realidad que vive un país como Chile, con quien compartimos 5.308 kilómetros de frontera? No debería suscitar alguna preocupación en nuestra Cancillería saber que, como lo suscribe un informe oficial del Poder Judicial chileno “desde el inicio del estallido social el pasado mes de octubre las detenciones ilegales fueron 1928, o sea subieron en un 77 % con relación al año anterior.” [3] El estallido social, reavivado en las últimas semanas, ocasionó el año pasado 34 muertos, 2.500 presos políticos, 3.765 heridos y 445 lesionados oculares, un buen número de los cuales perdieron totalmente la vista.[4] Aparte hay numerosas denuncias por torturas y vejaciones y por lo menos 20 desaparecidos tan sólo en la primera semana que siguió al inicio de las protestas el 17 de octubre del 2019.[5] El gobierno de Sebastián Piñera se limita a decir que se trata de unos muy pocos casos puntuales, que no hubo un plan sistemático. Nada ni remotamente parecido ocurre en Venezuela, pero no importa. Igual su gobierno es “autoritario” mientras que Piñera, al igual que Duque, es el arquetipo viviente de la democracia, un deslumbrante paladín que todos deberían imitar. Además, téngase en cuenta que en Chile la oposición a Piñera fue completamente pacífica y desarmada, pese a lo cual fue reprimida con ferocidad mientras que las “guarimbas” venezolanas hicieron gala de una violencia extrema, al punto de prender fuego vivas a por lo menos una veintena de personas supuestamente por el delito de “portación de cara” chavista.[6]
No es más reconfortante la situación si volteamos nuestra mirada a la situación del Ecuador, en donde todavía manda un traidor rastrero y corrupto que ha tomado en sus manos la totalidad de los poderes del estado con tal de perseguir a Rafael Correa y la fuerza política que lo representa. Moreno arrasó con el Estado de derecho con perversa meticulosidad, y ante el levantamiento popular del 2019 desató una represión que produjo según inverosímiles informes oficiales un saldo de cinco muertos y 855 heridos. No obstante, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció la existencia de casi 108 desaparecidos.[7] Ni una palabra en relación al “régimen” ecuatoriano, que es una dictadura unipersonal apenas disimulada con ligeros ropajes de institucionalidad democrática y en donde se abolió por completo y a plena luz del día la separación de poderes y la institucionalidad vigente hasta su llegada a la presidencia. Pero el “autoritario” es Maduro, no Moreno. Seguir leyendo A PROPÓSITO DE MADURO, DUQUE, PIÑERA Y LA MADRE TERESA. ATILIO A. BORÓN
Ayer por la tarde Clarín y La Nación titulaban su edición digital con grandes caracteres celebrando el pronunciamiento del gobierno argentino en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU reunida en Ginebra. Engullendo sin la menor perspicacia la noticia –incompleta y tendenciosa, y por lo tanto falsa– difundida por la “prensa independiente” la dirección del PRO no tardó en emitir una declaración en donde “felicitaba” al gobierno argentino por su “reconocimiento, tardío pero correcto, sobre la gravísima situación venezolana.” El comunicado titulado “Mejor tarde que nunca” fue firmado por Patricia Bullrich y Fulvio Pompeo (no confundir con Mike, el Secretario de Estado, aunque uno y otro piensen igual) culmina con una exhortación al gobierno para que sostenga esta actitud “en el tiempo, en los distintos ámbitos políticos y diplomáticos existentes, con el fin de apoyar un proceso que permita sin más demora la celebración de elecciones libres e independientes en Venezuela.” En este caso la verdad a medias que creó la “fake news” engañó y les hizo pasar un papelón a quienes son sus incansables promotores. En efecto, a poco andar se conoció la versión completa de la postura argentina en donde se ratificaba: a) el reconocimiento de Nicolás Maduro como el único presidente legítimo de Venezuela; b) la legalidad del llamado a elecciones parlamentarias convocadas por el gobierno bolivariano para diciembre de este año; c) se reafirmaba la condena al bloqueo y las sanciones económicas, que exacerbaban los sufrimientos de la población; d) y se hacía lo propio con el principio de no intervención tema sobre el cual, en el programa de Víctor Hugo Morales por la AM 750, el presidente reafirmó que nadie tenía derecho a decirle a los venezolanos como debían arreglar sus problemas. “Ni yo, ni Trump, ni nadie”, sentenció, para desconsuelo de una derecha colonizada que sí le asigna ese derecho al presidente de Estados Unidos. Además, en la entrevista Fernández recordó la frustrada intervención de José Luis Rodríguez Zapatero para normalizar el proceso electoral en Venezuela y que fue saboteada, a último momento y cuando estaba todo resuelto, por la actitud antidemocrática de la oposición.
Mauricio Macri prometió acabar con el “cepo” cambiario kirchnerista y lo suprimió no más llegar a la presidencia. Pero ahora, aunque acotado, termina su mandato reinstaurándolo. Sin embargo, no para proteger las reservas internacionales y la economía popular, como era el caso con Cristina Fernández de Kirchner (KFK). Al contrario. El gobierno macrista ha llevado al país a una situación límite. Default o cesación de pagos, palabras malditas ahora traducidas eufemísticamente por los tecnócratas como “reperfilamiento” de la deuda y una devaluación acumulada del peso al cierre de agosto de 304 por ciento. Argentina, que estaba desendeudada y con inflación controlada en el gobierno de CFK ha pasado a ser uno de los países más endeudados del planeta, con las más altas tasas de interés, la segunda mayor inflación, el mayor riesgo país y una de las más acentuadas caídas del PIB. Todo ello significa una enorme pérdida en los ingresos de las mayorías, pobreza, cuando no indigencia de millones, hambre de niños y ancianos. Asombroso, multitud de personas con trabajo malcomen una o dos veces al día. A la vez, la desenfrenada especulación financiera, los privilegios fiscales y en el uso de divisas que conservan los capitales concentrados han propiciado un enriquecimiento obsceno de una pequeña elite local e internacional, comenzando por Macri y los miembros de su gabinete. No ha de extrañar que el objetivo del cepo cambiario macrista, a diferencia del de CFK, sea crear otro mecanismo para continuar facilitando la fuga de capitales, como lo denunció el miércoles 4 el periodista Horacio Verbitsky.
En 2015 se perdía en las urnas argentinas el primer gobierno nacional-popular desde que comenzara el ciclo progresista en 1998. Macri ganaba con globitos de colores, pero también entendiendo mejor la política que un kirchnerismo que agotaba su mística y no encontraba reemplazo para Cristina Fernández de Kirchner.
Cuando parecía que Cristina Fernández de Kirchner iba a ser la candidata presidencial del kirchnerismo y otros sectores del peronismo, un video tuiteado por CFK anunciaba que sería candidata a Vicepresidenta, con el ex Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, como candidato a Presidente.
El sorpresivo anuncio por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de su fórmula para las elecciones de octubre irrumpió como un misil en la tranquilidad del sábado bonaerense, hizo cimbrar el espectro noticioso local e irrumpió en el internacional. No solo despejó la interrogante sobre su candidatura, en parte una obviedad desde el telúrico lanzamiento de su libro Sinceramente nueve días antes, por su magnitud de ventas y onda política expansiva, hecho inédito en la historia editorial argentina. También sorprendió a propios y extraños no solo el colocar a la cabeza del dúo electoral a otra persona y ella de segunda. Sino que haya sido Alberto Fernández. Aunque jefe de gabinete de la presidencia con Néstor Kirchner y luego con Cristina, Fernández abandonó el gobierno de la mandataria en 2008 y posteriormente pasaron diez años sin hablarse, durante los cuales fue muy crítico con la gestión de su antigua jefa.
EL CIERVO HERIDO, un blog de Omar González 