ENCONTRÉ UN PAÍS DE LUTO, LLENO DE DOLOR Y EN BANCARROTA. LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

El tema de los derechos humanos era catastrófico con el gobierno de facto

Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, y su esposa, Lourdes Durán, durante su visita oficial a México. Foto: La Jornada

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

Poco más de un año después de que Luis Arce Catacora llegó a nuestro país como asilado político, regresa como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

El 6 de diciembre de 2019, protegido por la embajadora mexicana María Teresa Mercado, entre demoras en la entrega del salvoconducto del gobierno de La Paz y el hostigamiento policial, el ex secretario de Economía del gobierno de Evo Morales pudo tomar primero un avión con destino a Perú y luego otro a México. Hoy, poco menos de 15 meses después de aquella odisea, vuelve como mandatario a territorio nacional, invitado por Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado en exclusiva por La Jornada, el economista con un máster en ciencias económicas de la Universidad de Warwick, en Inglaterra, y dos doctorados honoris causa, artífice del milagro económico de Bolivia, cuenta cómo a su regreso a su nación, encontró a un país de luto, lleno de dolor, en bancarrota por las pésimas políticas de la golpista Jeanine Áñez. Aquí, partes relevantes de la conversación que tuvo con este diario.

Gobierno insensible

–Presidente, ¿qué país se encontró usted al llegar a Bolivia? ¿Qué situación se vivía en la salud, la economía, la política?

–Nos encontramos con un país de luto, triste, con mucho dolor. Enfrentando un gobierno insensible que no respetaba los derechos humanos. Económicamente quebrado, sin educación, sin salud, con un mal manejo de la pandemia y un pésimo modelo educativo.

“Fuimos el único país que clausuró el año escolar en medio de la pandemia, simplemente por la incapacidad de la derecha de manejar la educación.

“Encontramos un país altamente endeudado, externa e internamente. Lo dejamos creciendo a 4 por ciento. Lo recibimos con menos 11 por ciento. ¡Una caída catastrófica! Endeudamiento alto y un déficit fiscal realmente mal manejado, de 12 por ciento. Sin resultados. Porque uno podría decir: bueno, han gastado la plata, pero mejoró la educación, salud. Pero no ha sido así.

“Nuestras empresas públicas están prácticamente quebradas. Las concesionaron a las privadas, que le hacían la competencia a las estatales. Por ejemplo, nuestra línea aérea BoA perdió los mejores horarios en los vuelos dentro de Bolivia y disminuyó la frecuencia de sus rutas, para dar paso a las privadas.

No se atendió ni a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que es la empresa estatal más grande que tenemos. No se impulsó ni a la minería. Pusieron a nuestras empresas en una situación deplorable.

En salud no se hizo nada

–Usted tomó posesión a principios de noviembre del año pasado. ¿Qué han podido hacer en este tiempo para revertir esa situación?

–La economía no se puede resolver en dos meses. Entramos al gobierno y lo que encontramos era catastrófico. Tomamos algunas medidas de reactivación de la inversión pública que se había paralizado.

“El gobierno de facto se negó a utilizar la inversión pública como instrumento de política económica. Nosotros reanudamos estas medidas, pero en dos meses no se recupera la economía.

“Trabajamos fuertemente el tema de salud. El gobierno de facto no había hecho nada. Compramos pruebas antígeno nasal mucho más rápidas para detectar el Covid y diseñamos un plan conjuntamente con municipios y gobernaciones. El gobierno nacional los dotó de estos equipos. Empezamos la negociación para comprar las vacunas. Comenzamos muy tarde. En diciembre ya podíamos anunciar el cierre de varios contratos para adquirir vacunas Sputnik V y la china. Luego firmamos el convenio con Covax, con el que hemos garantizado 100 por ciento de vacunas para 100 por ciento de población vacunable. Recibimos una parte de las vacunas en enero y una mayor en febrero. A partir de marzo estamos recibiendo cada vez más. Empezamos la vacunación mucho antes que otros gobiernos en la región.

“En cuanto a educación, relanzamos el año escolar. En algunas regiones donde no afectó el coronavirus hay clases presenciales o semipresenciales. Reforzamos con cartillas, libros de entrega gratuita y material para que los estudiantes puedan hacer las clases a distancia. Sacamos Internet gratuito para los estudiantes en época escolar.

CUBA, DERECHOS CULTURALES: PARTICIPACIÓN Y LIBERACIÓN. ROLANDO GONZÁLEZ PATRICIO

El derecho a participar en la vida cultural se erige en la columna vertebral de los derechos culturales y la noción sobre estos ha tendido a crecer, en la medida en que se ha expandido la noción de cuanto se entiende por cultura

«Patria», obra de Sándor González Vilar

ROLANDO GONZÁLEZ PATRICIO

La construcción de una teoría de la justicia no capitalista, en las condiciones geohistóricas contemporáneas, parece una tarea inalcanzable de espaldas al ideal de los derechos humanos. Esta afirmación sería insuficiente para negar un hecho palpable a escala internacional, donde legalidad, derechos humanos y democracia constituyen instrumentos hegemónicos empleados ininterrumpidamente para impedir la emancipación social.

Si se diferencia la esencia liberadora de los derechos humanos de su manipulación hegemónica, entonces es posible aceptar la invitación de Boaventura de Sousa Santos para hacer un uso contrahegemónico de esos derechos. Es oportuno recordar que los derechos humanos, como los conocemos hoy, si bien han tenido un elevado componente occidental, constituyen una creación intercultural y una conquista de la humanidad. La historia se encarga de recordar los costos de renunciar a determinadas conquistas.

La elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y su aprobación por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, estuvo condicionada por el contexto internacional que sigue a la derrota del fascismo. En ese período, algo que no suele subrayarse, eran notables el prestigio y la influencia del ideal socialista y creciente el empuje de los movimientos de liberación nacional.

Sin estos y otros elementos, la Declaración puede parecer un regalo de los regímenes de entonces y no una conquista. Pero la Guerra Fría marcó el posicionamiento polarizado frente a la Declaración. Por este camino su contenido tendió a ser rehén de la hegemonía del capital, toda vez que los gobiernos del socialismo histórico tendieron a confundir la médula de los derechos humanos con la manipulación sostenida por las potencias imperialistas.

Así se dilapidó el potencial liberador de los derechos humanos en el falso debate sobre la prioridad de unos derechos frente a otros. Basta un ejemplo para ilustrar el desperdicio de oportunidades. El artículo 28 de la Declaración afirma desde entonces: «Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos». La deuda del capitalismo con ese derecho es tan grande como la invisibilización de este derecho.

Justo en el artículo anterior se consagraban a escala internacional los derechos culturales. «Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten». El párrafo segundo del artículo se dedica a los derechos morales y materiales de los autores.

El derecho a participar en la vida cultural se erige así en la columna vertebral de los derechos culturales. La noción sobre estos ha tendido a crecer, en la medida en que se ha expandido la noción de cuanto se entiende por cultura. Si en la letra inicial los derechos culturales comprendían el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad y en el progreso científico, al disfrute de las artes, y al respeto de los derechos de autor, hoy existe consenso en que abarcan mucho más. Se suman el derecho a la educación, recogido en los tres párrafos del artículo 26 de la Declaración, así como el derecho a la identidad cultural, a la información, a la creatividad, y a la cooperación cultural internacional, entre otros.

Pero esa expansión no puede explicarse sin apelar a las múltiples luchas que la sustentan. Para ilustrar esta afirmación se impone recordar al menos las contribuciones de los estados socialistas, así como las derivadas de las conferencias de solidaridad afroasiáticas de Bandung (1955) y El Cairo (1958), y los aportes del Movimiento de Países No Alineados desde 1961. No obstante, la postura hegemónica no favoreció el desarrollo de los derechos culturales, al extremo de que a fines del siglo XX se les consideraban una categoría subdesarrollada de los derechos humanos.

La ruta de los avances normativos en este terreno la ilustran el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y no pocas convenciones, resoluciones y recomendaciones adoptadas principalmente en el seno de la Unesco y por la Asamblea General de la ONU. De las aportaciones de la Unesco sería imperdonable omitir ahora, aun cuando carecen de fuerza obligatoria, la Recomendación relativa a la participación y la contribución de las masas populares en la vida cultural (1976), y la Recomendación Relativa a la Condición del Artista (1980). Entre las contribuciones más recientes debe mencionarse la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales (2005).

Cuando el Pacto encontró lugar para los derechos culturales precisó (art. 15.1a) que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona a «participar en la vida cultural». Obsérvese cómo el derecho a tomar parte en la vida cultural, solo en la comunidad según la Declaración, se amplía así a toda la vida cultural a escalas nacional e internacional.

Más de diez años antes de la firma del Pacto, la Asamblea General había acordado que tanto este como el referido a los derechos civiles y políticos compartieran el texto del primer artículo, dedicado al derecho a la autodeterminación: «Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural».

Mientras el Pacto se negociaba, en Cuba había surgido y triunfado una Revolución que trajo consigo un cambio fundamental de circunstancias, también en el orden cultural. Esa Revolución permitió hacer uso pleno del derecho a la autodeterminación del pueblo cubano y extenderla también al campo cultural.

PARADOJALES RESULTADOS DE UNA “FAKE NEWS”. ATILIO A. BORÓN

Los ojos con que Michelle Bachelet mira a Venezuela

 

ATILIO A. BORÓN

Ayer por la tarde Clarín y La Nación titulaban su edición digital con grandes caracteres celebrando el pronunciamiento del gobierno argentino en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU reunida en Ginebra. Engullendo sin la menor perspicacia la noticia –incompleta y tendenciosa, y por lo tanto falsa– difundida por la “prensa independiente” la dirección del PRO no tardó en emitir una declaración en donde “felicitaba” al gobierno argentino por su “reconocimiento, tardío pero correcto, sobre la gravísima situación venezolana.” El comunicado titulado “Mejor tarde que nunca” fue firmado por Patricia Bullrich y Fulvio Pompeo (no confundir con Mike, el Secretario de Estado, aunque uno y otro piensen igual) culmina con una exhortación al gobierno para que sostenga esta actitud “en el tiempo, en los distintos ámbitos políticos y diplomáticos existentes, con el fin de apoyar un proceso que permita sin más demora la celebración de elecciones libres e independientes en Venezuela.” En este caso la verdad a medias que creó la “fake news” engañó y les hizo pasar un papelón a quienes son sus incansables promotores. En efecto, a poco andar se conoció la versión completa de la postura argentina en donde se ratificaba: a) el reconocimiento de Nicolás Maduro como el único presidente legítimo de Venezuela; b) la legalidad del llamado a elecciones parlamentarias convocadas por el gobierno bolivariano para diciembre de este año; c) se reafirmaba la condena al bloqueo y las sanciones económicas, que exacerbaban los sufrimientos de la población; d) y se hacía lo propio con el principio de no intervención tema sobre el cual, en el programa de Víctor Hugo Morales por la AM 750, el presidente reafirmó que nadie tenía derecho a decirle a los venezolanos como debían arreglar sus problemas. “Ni yo, ni Trump, ni nadie”, sentenció, para desconsuelo de una derecha colonizada que sí le asigna ese derecho al presidente de Estados Unidos. Además, en la entrevista Fernández recordó la frustrada intervención de José Luis Rodríguez Zapatero para normalizar el proceso electoral en Venezuela y que fue saboteada, a último momento y cuando estaba todo resuelto, por la actitud antidemocrática de la oposición.

El resultado: una fake news que le jugó una mala pasada a la derecha. Para colmo, con sus aclaraciones en el día de hoy, el presidente se alejó aún más del Grupo de Lima, al que juzgó como irrelevante e irrepresentativo; y descalificó explícitamente –y llamándolo por su nombre– los presuntos derechos que el ocupante de la Casa Blanca esgrime para inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Reafirmó también su rechazo al golpe y la dictadura en Bolivia y el compromiso de la Argentina con el ex presidente Evo Morales y cuantos bolivianos busquen asilo en este país.

Dos conclusiones surgen de este episodio: primera, que es imprescindible alinear a la Cancillería con las posturas de la Casa Rosada. No hay que ser un lince ni capaz de ver bajo el agua para percatarse que las melodías que resuenan en el Palacio San Martín no gozan del agrado del presidente. Y para jugar un papel positivo en el concierto regional o internacional este país tiene que tener una política exterior, no dos, y evitar que el presidente tenga que salir a aclarar ante los medios qué fue lo que hizo o dijo la Cancillería. Segunda conclusión: la Argentina podría haber ido un poco más lejos en su intervención en Ginebra. Por ejemplo, cuestionando la imperdonable –-y permanente– omisión que Michelle Bachelet hace del tema de las sanciones económicas y el bloqueo a Venezuela cada vez que examina la situación de los derechos humanos en ese país. Podría también haber manifestado su insatisfacción ante el hecho de que la funcionaria no hubiese utilizado la misma vara para juzgar el criminal accionar de las fuerzas policiales en Chile, con sus casi cuatrocientas personas que quedaron ciegas o perdieron un ojo, amén de las mujeres violadas y los miles de detenidos y la treintena de muertos durante la represión; o señalar la incongruencia de hablar de “tortura y malos tratos y la violencia de género” a manos de las fuerzas de seguridad en un continente en donde el maltrato (que no siempre es tortura) y la violencia de género son pan de cada día, incluyendo a la Argentina. Pese a ello, a esa señora sólo le preocupa lo que pueda ocurrir bajo el gobierno de Nicolás Maduro, al paso que ignora las masivas violaciones de los derechos humanos perpetradas en Chile por el régimen de Piñera o en la dictadura boliviana. Podría también el gobierno argentino haberle solicitado que tornase su inquisitiva mirada hacia la vecina Colombia en donde, según la agencia EFE, nada sospechosa de simpatías chavistas, el gobierno de Iván Duque fue responsable o cómplice del asesinato  de 100 activistas sociales y políticos entre el 1º de enero y el 15 de mayo de este año.* Pero Bogotá es un proxy del gobierno de Estados Unidos y Bachelet, en su papel de sumisa sirvienta de la Casa Blanca, ni se le pasa por la cabeza hacer tal cosa y prefiere lanzar sus dardos contra la República Bolivariana en lugar de hacerlo contra el narcogobierno colombiano. En fin, haciendo las sumas y las restas, gracias a la “fake news” de Clarín y La Nación la política del gobierno argentino hacia Venezuela quedó dibujada con perfiles más nítidos y esperanzadores. Y esto es una buena noticia.

*https://www.efe.com/efe/america/sociedad/sube-a-100-la-cifra-de-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-2020-dice-ong/20000013-4248539

¿ES CREÍBLE EL INFORME BACHELET SOBRE VENEZUELA? MARCOS ROITMAN ROSENMANN

MARCOS ROITMAN ROSENMANN

Pensar que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentaría un informe sobre Venezuela positivo hacia el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro sería ingenuo. Creer que su elaboración estaría exenta de prejuicios, temerario. La manipulación, entraba en los cálculos. Así, tenemos un resultado a medida. Para la Alta Comisionada los hechos constatan la violación de los derechos humanos. Hay escasez de productos básicos, un aumento de la violencia, detenciones de políticos de oposición, y un sin fin de problemas que afectan la convivencia de los venezolanos. Faltan medicinas, los alimentos escasean y la corrupción está a la orden del día. Proliferan las manifestaciones, los cortes de luz, las huelgas. Resultado: crisis humanitaria. Culpable del deterioro de los derechos humanos: el gobierno.

Max Weber, sociólogo nada proclive a tendencias izquierdistas, socialistas o marxistas, cuando se encontraba con afirmaciones tan rotundas, dudaba. A tanta contundencia respondía: si bien todo hecho es una realidad particularmente evidente, no toda realidad particularmente evidente es explicación causal de los hechos. Si una persona tiene cáncer, el cáncer no explica cuáles han sido las causas de su emergencia. Si obviamos sus orígenes no adelantamos nada.

Todos los hechos sociales tienen una direccionalidad y apuntan una matriz institucional. Es decir, responden a una construcción política, son expresión de un campo de fuerza, sujetos y voluntades, relaciones sociales, nuevamente Weber, de lucha de clases e intereses antagónicos. Hablar de los derechos humanos al margen de lo político, es un sin sentido. Es tanto como afirmar que saber leer y escribir son hechos naturales y respirar una conquista social. Sin embargo, eso parece estar en la base del argumentario de la alta Comisionada cuando medita sobre el espíritu de su informe: Un sacerdote católico me dijo en Caracas: no se trata de política, sino del sufrimiento de la gente. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho. (sic) Su papel de árbitro se difumina. Al decir de Simmel, el mediador, si este fuese el caso, debe articular propuestas, abrir espacios políticos, apoyar soluciones negociadas y facilitar consensos. No puede favorecer a una de las partes. Si lo hace, rompe su papel mediador y actúa con intenciones mezquinas y perversas.

Veamos un ejemplo. El informe señala la realización de 558 entrevistas. Debemos presuponer que Bachelet pudo reunirse sin ningún tipo de cortapisa con todas las organizaciones de la sociedad civil y sus representantes políticos en su visita al país. De hecho se fotografió con el autoproclamado presidente Juan Guaidó y también con el presidente constitucional y legítimo Nicolás Maduro. Pero vaya fiasco. De las 558 entrevistas a las que alude el informe, 460 se realizaron en el exterior. Los países elegidos: España, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, México y Perú. Es decir, 82 por ciento de los encuestados no vivía en territorio venezolano. Dato que fue ocultado en el informe. Igualmente se menciona la terrible persecución ideológica y la censura a los medios de comunicación opositores, el cierre de periódicos, radios, medios de comunicación. Ni una palabra de las 32 nuevas licencias de radio a emisoras privadas. Tampoco se menciona que la televisión por cable, opción mayoritaria entre los venezolanos, está en manos de la empresa privada. Se oculta que la prensa escrita privada, ronda 75 por ciento y que las radios públicas no superan 30 por ciento del conjunto nacional. Por otro lado, la Alta Comisionada desestimó las informaciones obtenida a petición propia sobre la situación de los derechos humanos a ministerios, organismos oficiales e instituciones públicas. Mintió al señalar que sólo existe un centro penitenciario de mujeres, cuando en realidad están funcionando 17 en todo el país. Resulta inexplicable que la Alta Comisionada redactase un cuestionario ad hoc para las autoridades venezolanas recabando datos de las denuncias por violación de los derechos humanos realizadas por los partidos de oposición y las desestimase como información para elaborar su informe. En él no se mencionan las guarimbas, pero si la violencia de las fuerzas de seguridad del Estado. ¡Cómo olvidar que se trata de un informe apolítico, neutral y equilibrado! Y lo más grave: manipula y distorsiona los hechos al no explicar sus causas. Nada del sabotaje, las sanciones, el bloqueo económico y los llamados a las fuerzas armadas a romper el orden constitucional. Esos datos no aplican a la violación de los derechos humanos. Poco creíble un informe donde desaparecen los motivos y no se investigan las causas de la crisis. No se trata de negar los hechos, sino de explicarlos y buscar salidas. Lamentablemente, el informe tiene un objetivo, ser un arma en manos de la oposición y sus aliados internacionales para seguir violando los derechos humanos eso sí, con el aval de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

Fuente: LA JORNADA

EL INFORME QUE NO LEYÓ MICHELLE BACHELET. PASQUALINA CURCIO

PASQUALINA CURCIO

En un Mundo sin dobleces, sin la supremacía estadounidense y sus presiones por creerse dueños del Planeta, este sería el informe que hubiésemos escuchado de la Alta Comisionada en la 40ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 13 de marzo de 2019[1].

Señor presidente, Miembros del Consejo de Derechos Humanos, Excelencias,

 La resolución 39/1 solicitó una actualización oral sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Estoy profundamente preocupada por lo que en ese país ocurre y el impacto que pudiese tener sobre los derechos humanos.

Un equipo técnico de mi oficina se encuentra actualmente en el país. El Presidente legítimo y democráticamente electo con el 67% de los votos, Nicolás Maduro, en su condición de Jefe de Estado, me extendió una invitación a visitar Venezuela. Veo esto como un primer paso positivo, que confío conducirá a un acceso continuo para la Oficina en el futuro. Estoy segura que mi equipo recibirá todas las atenciones e información que nos permita tener una visión objetiva y precisa de la realidad venezolana.

El disfrute de los derechos económicos y sociales sigue estando amenazado desde junio de 2018, momento en que esta Oficina presentó el último informe.  En tal sentido, manifestamos nuestra preocupación y rechazamos contundentemente la intensificación de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de EEUU, las cuales iniciaron en 2015 con el Decreto de Barack Obama mediante el cual se establece que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. Dichas sanciones continuaron y se incrementaron con el gobierno de Donald Trump.

Esta Oficina exhorta a los miembros de este Consejo a exigir el cese inmediato de las sanciones contra el pueblo venezolano que afectan de manera sistemática a toda la población civil y atenta contra sus derechos humanos. Las poblaciones vulnerables, como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas han sido particularmente afectadas.

A la fecha, estas medidas han ocasionado al pueblo venezolano pérdidas por más de 20 mil millones de dólares, equivalentes a 5 años de abastecimiento de medicinas y alimentos para toda la población. Incluyen estas medidas la apropiación de 7 mil millones de dólares en activos de la empresa de propiedad venezolana CITGO, sí como las pérdidas relacionadas con sus transacciones por 11 mil millones de dólares. Se suman los 1200 millones de dólares retenidos en oro en el Banco de Inglaterra y los 1600 millones de dólares bloqueados en EUROCLEAR, entre otros.[2]

Es necesario que este Consejo se pronuncie en contra de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EEUU al pueblo de Venezuela por cuanto violan el principio relacionado con el deber de no intervenir en asuntos dentro de la jurisdicción interna de cualquier Estado, establecido en la “Declaración sobre los principios de derecho internacional relativos a las relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”.[3]

De acuerdo con esta Declaración “Ningún Estado puede usar o alentar el uso de medidas económicas o de cualquier otro tipo para coaccionar a otro Estado a fin de obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos y para obtener ventajas de cualquier tipo.”[4]

El desabastecimiento de algunos alimentos y medicamentos, así como la hiperinflación sigue afectando al pueblo venezolano. Hemos tomado nota del informe presentado por el relator independiente Alfred de Zayas[5], quien por invitación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y autorizado por esta Oficina, visitó el país a finales de 2017 e identificó, luego de reunirse con todos los sectores de la sociedad civil, las causas de la situación que atraviesan los venezolanos.

Se trata de una guerra económica, caracterizada por medidas coercitivas unilaterales,  sanciones, bloqueos financieros y ataques a la moneda nocional. Nos preocupan estas acciones que atentan contra los derechos humanos, la paz y la estabilidad. Además de los más de 20 mil millones de dólares en pérdidas ocasionados por las medidas coercitivas unilaterales se contabilizan alrededor de 90 mil millones de dólares ocasionados por el ataque a la moneda nacional que ha derivado en una contracción de los niveles de producción nacional[6].

Estos más de 110 mil millones de dólares en pérdidas económicas equivalen a la producción de todo un año, también corresponden a la importación de alimentos y medicamentos para abastecer durante 26 años a toda la población venezolana[7].

Señores miembros de este Consejo, en esta Oficina nos hacemos eco de las declaraciones ofrecidas en agosto de 2017 por nuestro relator especial sobre repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Idriss Jazary, quien manifestó que “las sanciones contra Venezuela agravarían el sufrimiento de su pueblo y los esfuerzos orientados a dañar la economía sólo generarían violaciones de los derechos de los ciudadanos corrientes. Las sanciones causan trastornos a cualquier Estado y cuando perjudican a la economía pueden tener una repercusión devastadora sobre los ciudadanos de los países en desarrollo”[8].

Desde este espacio, en el que tenemos como mandato contribuir a la garantía de los derechos humanos no podemos dejar de denunciar este tipo de acciones unilaterales violatorias de la Carta de Naciones Unidas y de la Declaración sobre los principios de derecho internacional relativos a las relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Otra actitud nos haría cómplices.