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¿ES CREÍBLE EL INFORME BACHELET SOBRE VENEZUELA? MARCOS ROITMAN ROSENMANN

BACHELET 4

MARCOS ROITMAN ROSENMANN

MARCOS ROITMAN 4Pensar que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentaría un informe sobre Venezuela positivo hacia el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro sería ingenuo. Creer que su elaboración estaría exenta de prejuicios, temerario. La manipulación, entraba en los cálculos. Así, tenemos un resultado a medida. Para la Alta Comisionada los hechos constatan la violación de los derechos humanos. Hay escasez de productos básicos, un aumento de la violencia, detenciones de políticos de oposición, y un sin fin de problemas que afectan la convivencia de los venezolanos. Faltan medicinas, los alimentos escasean y la corrupción está a la orden del día. Proliferan las manifestaciones, los cortes de luz, las huelgas. Resultado: crisis humanitaria. Culpable del deterioro de los derechos humanos: el gobierno.

Max Weber, sociólogo nada proclive a tendencias izquierdistas, socialistas o marxistas, cuando se encontraba con afirmaciones tan rotundas, dudaba. A tanta contundencia respondía: si bien todo hecho es una realidad particularmente evidente, no toda realidad particularmente evidente es explicación causal de los hechos. Si una persona tiene cáncer, el cáncer no explica cuáles han sido las causas de su emergencia. Si obviamos sus orígenes no adelantamos nada.

Todos los hechos sociales tienen una direccionalidad y apuntan una matriz institucional. Es decir, responden a una construcción política, son expresión de un campo de fuerza, sujetos y voluntades, relaciones sociales, nuevamente Weber, de lucha de clases e intereses antagónicos. Hablar de los derechos humanos al margen de lo político, es un sin sentido. Es tanto como afirmar que saber leer y escribir son hechos naturales y respirar una conquista social. Sin embargo, eso parece estar en la base del argumentario de la alta Comisionada cuando medita sobre el espíritu de su informe: Un sacerdote católico me dijo en Caracas: no se trata de política, sino del sufrimiento de la gente. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho. (sic) Su papel de árbitro se difumina. Al decir de Simmel, el mediador, si este fuese el caso, debe articular propuestas, abrir espacios políticos, apoyar soluciones negociadas y facilitar consensos. No puede favorecer a una de las partes. Si lo hace, rompe su papel mediador y actúa con intenciones mezquinas y perversas.

Veamos un ejemplo. El informe señala la realización de 558 entrevistas. Debemos presuponer que Bachelet pudo reunirse sin ningún tipo de cortapisa con todas las organizaciones de la sociedad civil y sus representantes políticos en su visita al país. De hecho se fotografió con el autoproclamado presidente Juan Guaidó y también con el presidente constitucional y legítimo Nicolás Maduro. Pero vaya fiasco. De las 558 entrevistas a las que alude el informe, 460 se realizaron en el exterior. Los países elegidos: España, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, México y Perú. Es decir, 82 por ciento de los encuestados no vivía en territorio venezolano. Dato que fue ocultado en el informe. Igualmente se menciona la terrible persecución ideológica y la censura a los medios de comunicación opositores, el cierre de periódicos, radios, medios de comunicación. Ni una palabra de las 32 nuevas licencias de radio a emisoras privadas. Tampoco se menciona que la televisión por cable, opción mayoritaria entre los venezolanos, está en manos de la empresa privada. Se oculta que la prensa escrita privada, ronda 75 por ciento y que las radios públicas no superan 30 por ciento del conjunto nacional. Por otro lado, la Alta Comisionada desestimó las informaciones obtenida a petición propia sobre la situación de los derechos humanos a ministerios, organismos oficiales e instituciones públicas. Mintió al señalar que sólo existe un centro penitenciario de mujeres, cuando en realidad están funcionando 17 en todo el país. Resulta inexplicable que la Alta Comisionada redactase un cuestionario ad hoc para las autoridades venezolanas recabando datos de las denuncias por violación de los derechos humanos realizadas por los partidos de oposición y las desestimase como información para elaborar su informe. En él no se mencionan las guarimbas, pero si la violencia de las fuerzas de seguridad del Estado. ¡Cómo olvidar que se trata de un informe apolítico, neutral y equilibrado! Y lo más grave: manipula y distorsiona los hechos al no explicar sus causas. Nada del sabotaje, las sanciones, el bloqueo económico y los llamados a las fuerzas armadas a romper el orden constitucional. Esos datos no aplican a la violación de los derechos humanos. Poco creíble un informe donde desaparecen los motivos y no se investigan las causas de la crisis. No se trata de negar los hechos, sino de explicarlos y buscar salidas. Lamentablemente, el informe tiene un objetivo, ser un arma en manos de la oposición y sus aliados internacionales para seguir violando los derechos humanos eso sí, con el aval de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

Fuente: LA JORNADA

EL INFORME QUE NO LEYÓ MICHELLE BACHELET. PASQUALINA CURCIO

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PASQUALINA CURCIO

PASQUALINAEn un Mundo sin dobleces, sin la supremacía estadounidense y sus presiones por creerse dueños del Planeta, este sería el informe que hubiésemos escuchado de la Alta Comisionada en la 40ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 13 de marzo de 2019[1].

Señor presidente, Miembros del Consejo de Derechos Humanos, Excelencias,

 La resolución 39/1 solicitó una actualización oral sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Estoy profundamente preocupada por lo que en ese país ocurre y el impacto que pudiese tener sobre los derechos humanos.

Un equipo técnico de mi oficina se encuentra actualmente en el país. El Presidente legítimo y democráticamente electo con el 67% de los votos, Nicolás Maduro, en su condición de Jefe de Estado, me extendió una invitación a visitar Venezuela. Veo esto como un primer paso positivo, que confío conducirá a un acceso continuo para la Oficina en el futuro. Estoy segura que mi equipo recibirá todas las atenciones e información que nos permita tener una visión objetiva y precisa de la realidad venezolana.

El disfrute de los derechos económicos y sociales sigue estando amenazado desde junio de 2018, momento en que esta Oficina presentó el último informe.  En tal sentido, manifestamos nuestra preocupación y rechazamos contundentemente la intensificación de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de EEUU, las cuales iniciaron en 2015 con el Decreto de Barack Obama mediante el cual se establece que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. Dichas sanciones continuaron y se incrementaron con el gobierno de Donald Trump.

Esta Oficina exhorta a los miembros de este Consejo a exigir el cese inmediato de las sanciones contra el pueblo venezolano que afectan de manera sistemática a toda la población civil y atenta contra sus derechos humanos. Las poblaciones vulnerables, como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas han sido particularmente afectadas.

A la fecha, estas medidas han ocasionado al pueblo venezolano pérdidas por más de 20 mil millones de dólares, equivalentes a 5 años de abastecimiento de medicinas y alimentos para toda la población. Incluyen estas medidas la apropiación de 7 mil millones de dólares en activos de la empresa de propiedad venezolana CITGO, sí como las pérdidas relacionadas con sus transacciones por 11 mil millones de dólares. Se suman los 1200 millones de dólares retenidos en oro en el Banco de Inglaterra y los 1600 millones de dólares bloqueados en EUROCLEAR, entre otros.[2]

Es necesario que este Consejo se pronuncie en contra de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EEUU al pueblo de Venezuela por cuanto violan el principio relacionado con el deber de no intervenir en asuntos dentro de la jurisdicción interna de cualquier Estado, establecido en la “Declaración sobre los principios de derecho internacional relativos a las relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”.[3]

De acuerdo con esta Declaración “Ningún Estado puede usar o alentar el uso de medidas económicas o de cualquier otro tipo para coaccionar a otro Estado a fin de obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos y para obtener ventajas de cualquier tipo.”[4]

El desabastecimiento de algunos alimentos y medicamentos, así como la hiperinflación sigue afectando al pueblo venezolano. Hemos tomado nota del informe presentado por el relator independiente Alfred de Zayas[5], quien por invitación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y autorizado por esta Oficina, visitó el país a finales de 2017 e identificó, luego de reunirse con todos los sectores de la sociedad civil, las causas de la situación que atraviesan los venezolanos.

Se trata de una guerra económica, caracterizada por medidas coercitivas unilaterales,  sanciones, bloqueos financieros y ataques a la moneda nocional. Nos preocupan estas acciones que atentan contra los derechos humanos, la paz y la estabilidad. Además de los más de 20 mil millones de dólares en pérdidas ocasionados por las medidas coercitivas unilaterales se contabilizan alrededor de 90 mil millones de dólares ocasionados por el ataque a la moneda nacional que ha derivado en una contracción de los niveles de producción nacional[6].

Estos más de 110 mil millones de dólares en pérdidas económicas equivalen a la producción de todo un año, también corresponden a la importación de alimentos y medicamentos para abastecer durante 26 años a toda la población venezolana[7].

Señores miembros de este Consejo, en esta Oficina nos hacemos eco de las declaraciones ofrecidas en agosto de 2017 por nuestro relator especial sobre repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Idriss Jazary, quien manifestó que “las sanciones contra Venezuela agravarían el sufrimiento de su pueblo y los esfuerzos orientados a dañar la economía sólo generarían violaciones de los derechos de los ciudadanos corrientes. Las sanciones causan trastornos a cualquier Estado y cuando perjudican a la economía pueden tener una repercusión devastadora sobre los ciudadanos de los países en desarrollo”[8].

Desde este espacio, en el que tenemos como mandato contribuir a la garantía de los derechos humanos no podemos dejar de denunciar este tipo de acciones unilaterales violatorias de la Carta de Naciones Unidas y de la Declaración sobre los principios de derecho internacional relativos a las relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Otra actitud nos haría cómplices. Seguir leyendo EL INFORME QUE NO LEYÓ MICHELLE BACHELET. PASQUALINA CURCIO