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HUGO MOLDIZ: SOMOS REHENES DEL GOBIERNO DE FACTO. RODOLFO ROMERO REYES

RODOLFO ROMERO REYES

RODOLFO ROMERO REYESHugo Moldiz fue de las primeras personas en percatarse de la inminencia del golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Desde ese triste día se encuentra asilado en la residencia de la embajada de México en La Paz. Junto a él, otras seis exautoridades del gobierno de Evo permanecen sin poder salir del país. Las fuerzas golpistas, en evidente violación de los derechos humanos, no les permiten viajar hacia la nación que les dio abrigo. Fuerzas paramilitares ya habían circulado su nombre, y el de los otros, amenazándolo de muerte. Desde allí, Hugo ha escrito un libro, un grito desesperado para que se conozca la verdad. Desde allí también conversa con la revista Contexto Latinoamericano de la editorial Ocean Sur.

—¿Desde cuándo y cómo se produce su asilo en la embajada de México en Bolivia?

El 10 de noviembre de 2019 participé en una reunión en las inmediaciones de la avenida Arce. El encuentro fue rápido, pues nos acabábamos de informar que Evo Morales salía con dirección al Chapare, previa renuncia forzada, coaccionada por las fuerzas que tienen el monopolio de la fuerza estatal. Las capas medias urbanas, cargadas de odio y racismo, salían a las calles, en automóviles o a pie, portando la bandera tricolor como si Bolivia hubiera clasificado al mundial de fútbol. El golpe de Estado se había consumado. Desde el anterior, al terminar la tarde del 9, me había dado cuenta que el derrocamiento del presidente indígena era cuestión de horas. Estuve esa tarde en plaza Murillo, a metros de Palacio Quemado y de la Casa Grande del Pueblo —con un destacado periodista argentino, Marco Teruggi, que estaba en Bolivia con motivo de las elecciones del 20 de octubre—, y ya no había pueblo resguardando Palacio.

Vuelvo al 10. No tenía quien me recogiera en ese momento de la reunión. El compañero que estaba encargado de eso tuvo un contratiempo y se iba a demorar. Tomé la decisión de caminar unas tres cuadras con dirección al departamento de otro compañero hasta que aparecieran a recogerme. La medida fue audaz pues mi carácter público representaba un anzuelo para cualquiera que me reconociera y cargara su violencia contra mí. Estaba con una gorra de cuero, que había comprado en Turquía, que cambió en algo mi apariencia. Llegué a destino, no sin correr una cuadra ante el grito de dos que me reconocieron y lanzaron insultos. Cerca de una hora después el compañero me recogió y me llevó a casa. Antes que saliera de mi refugio ocasional recibí llamadas de amenaza. En el trayecto a mi casa sucedió lo mismo. Días antes los paramilitares al servicio de Luis Fernando Camacho ya estaban haciendo circular los nombres de los enemigos del pueblo, en el que figuraba mi nombre.

Llegué a casa. En ese momento recibí una llamada de México. Era Daniel Martínez, del equipo internacional y asesor del Partido del Trabajo (PT) de México, pidiéndome que me trasladara a la residencia de la embajada mexicana, que ya no había nada más que hacer. Eso hice y desde esa noche, que llovía a cantaros, me encuentro bajo protección de México.

—El gobierno de facto prohíbe su salida y la de otras seis exautoridades bolivianas, en clara violación de los derechos humanos. ¿A qué cree que se debe esa negativa? 

En un principio es bastante comprensible que las fuerzas de la derecha, conducidas por sus fracciones más ultraderechistas, sometidas a los mandatos de Estados Unidos, hayan activado una cacería de exautoridades del gobierno de Evo Morales y dirigentes del MAS para satisfacer la sed de venganza de las capas urbanas que los estaban apoyando.

Ya constituido el gobierno de facto, también es entendible que la falta de legalidad y legitimidad del régimen sea compensada con el uso de la fuerza discursiva y material de la violencia. No sorprende que su ministro de Gobierno haya dicho, apenas fue posesionado, que iba a “cazar” a los sediciosos Juan Ramón Quintana, Raúl García Linera y a mi persona; era congruente con la construcción del enemigo interno. Seguir leyendo HUGO MOLDIZ: SOMOS REHENES DEL GOBIERNO DE FACTO. RODOLFO ROMERO REYES

REDES DE ONG: EL BRAZO “CIVIL” DEL IMPERIO ESTADOUNIDENSE QUE DEFINIÓ EL GOLPE EN BOLIVIA

Mediante campañas en los medios y manifestaciones masivas contra la “corrupción”, por los “derechos humanos”, la “democracia”, la “libertad”, dirigidos al gobierno objetivo, Estados Unidos hace un uso hábil de las ONG para llevar a cabo sus planes, que a menudo apelan a los valores y sentimientos apreciados de la izquierda liberal y el centro-convergente.

Estados Unidos busca derrocar a los presidentes elegidos democráticamente a través de campañas mediáticas de mentiras y medias verdades, incitando el descontento social, deslegitimando al gobierno, provocando violencia en las calles, trastornos económicos y huelgas.

El formato estándar implica el papel de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), el Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) para ayudar a financiar a las ONG para que hagan el trabajo sucio. Éstas se han convertido en la cara “humanitaria” de la intervención imperialista.

Detrás de la retórica de la “promoción de la democracia”, Washington aspira a imponer regímenes neoliberales que abran sus mercados a los Estados Unidos sin condiciones y se alineen con su política exterior.

En el caso del reciente golpe de Estado en Bolivia, el trabajo de las ONG es una demostración de cómo se aceleran los procesos de desconfiguración del tejido social mediante el financiamiento continuo y el trabajo sistemático de la diplomacia estadounidense en cooperación con actores locales.

ENTRE LO INDÍGENA Y LO AMBIENTAL: CAPÍTULO TIPNIS

El Centro para la Democracia, Avaaz y Amazon Watch, tres ONG financiadas en gran medida por los factores gobernantes de los Estados Unidos (Fundación Rockefeller, Fundación David y Lucile Packard, Fundación Ford y Soros, por nombrar algunas), lideraron en 2011 una campaña internacional contra el líder indígena-sindical Evo Morales y su gobierno. Aquello se centró en las protestas contra la controvertida propuesta del gobierno boliviano de construir una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS).

El referido territorio, que cubre más de 1 millón de hectáreas de bosque, recibió el estatus de territorio indígena por parte del gobierno de Morales en 2009, alrededor de 12 mil personas de tres grupos indígenas diferentes viven en 64 comunidades.

En agosto de ese año, representantes de organizaciones que unen a las comunidades, así como a otros grupos indígenas, comenzaron una marcha a la ciudad capital, La Paz, para protestar contra el plan de la carretera. La gente de TIPNIS tenía preocupaciones legítimas sobre el impacto de la carretera y hubo errores en el manejo del problema por parte del gobierno.

Se iniciaron peticiones internacionales declarando apoyo para esta marcha y condenando al gobierno de Morales por supuestamente socavar los derechos indígenas, entre ellas la del grupo de cabildeo internacional Avaaz y una carta a Morales firmada por más de 60 grupos ambientalistas, en su mayoría fuera de Bolivia, que tergiversaban los hechos y obviaban los repetidos intentos del gobierno de abrir discusiones con los manifestantes.

Ninguna de las peticiones mencionaba el apoyo de los manifestantes al programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD) de las Naciones Unidas, que busca privatizar los bosques convirtiéndolos en “compensaciones de carbono” que permiten que los países ricos y desarrollados continúen contaminando.

Además hubo una confrontación violenta entre los manifestantes del TIPNIS y la policía, fue la oportunidad vital necesaria para intensificar la campaña. Coordinadamente esta campaña se desarrolló en varios centros de medios alternativos como UpsideDownWorld, NACLA, In These Times, ROAR, CommonDreams, Jacobin, WagingNonViolence, Alternet, MintPressNews, incluso Naomi Klein y Real News Network.

Sin embargo, el investigador Federico Fuentes develó el financiamiento de USAID a las protestas de TIPNIS, indicando que “la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), la principal organización detrás de la marcha, no tiene tales reparos [sobre su conexión con Estados Unidos]. En su sitio web se jactaba de haber recibido programas de capacitación de la agencia de ayuda del gobierno de los Estados Unidos, USAID”.

En el sitio, el presidente de CIDOB, Adolfo Chávez, agradece la “información y formación adquirida a través de diferentes programas financiados por colaboradores externos, en este caso USAID”.

También el investigador y analista Nil Nikandrov afirmó:

“Según la periodista y escritora Eva Golinger, USAID invirtió al menos 85 millones de dólares para desestabilizar el régimen del país. Inicialmente, los Estados Unidos esperaban lograr el resultado deseado arrastrando a los separatistas del distrito de Santa Cruz, predominantemente blanco. Cuando el plan colapsó, USAID pasó a cortejar a las comunidades indias con las que las ONG orientadas a la ecología comenzaron a ponerse en contacto unos años antes. Se informó a los indígenas que la construcción de una autopista a través de su región dejaría a las comunidades sin tierra, y que las marchas de protesta de los indígenas hacia la capital que siguió se comieron la imagen pública de Morales. Pronto se supo que muchas de las marchas, incluidas las organizadas por el grupo TIPNIS, habían sido coordinadas por la embajada de los Estados Unidos. El trabajo fue realizado por el funcionario de la embajada Eliseo Abelo, curador de USAID para la población indígena boliviana. Sus conversaciones telefónicas con los líderes de la marcha fueron interceptadas por la agencia de contraespionaje boliviana y se hicieron públicas, de modo que tuvo que escapar del país mientras el enviado diplomático de Estados Unidos a Bolivia se quejaba de las escuchas telefónicas”.

También la Liga para la Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) se creó con fondos del gobierno de los Estados Unidos. Tanto los cables diplomáticos secretos publicados por WikiLeaks como los archivos desclasificados de Washington han demostrado que USAID apuntó directamente a las comunidades indígenas en un intento por alejarlas del apoyo a Morales y acercarlas a los intereses del Estado profundo estadounidense.

La ONG Amazon Watch se sumó a la campaña de propaganda sin mencionar el papel de Estados Unidos en las protestas, ni que el gobierno de Morales había despedido a varios policías responsables de la violencia no autorizada contra los manifestantes, ni que estuvo de acuerdo con las demandas de los manifestantes.

  • Los financistas de Amazon Watch y Rainforest Action Network (RAN) incluyen a Charles Stewart Mott Foundation (que trabaja con la NED), Richard and Rhoda Goldman Fund, The Overbrook Foundation, Moriah Fund (directores relacionados con USAID y la administración de Bill Clinton), Rockefeller Brothers Fund, la Fundación David y Lucile Packard, entre otros.

En 2013, Pedro Nuni, uno de los indígenas líderes centrales de estas protestas del TIPNIS, defendido por muchos medios alternativos occidentales, anunció que se uniría al partido de derecha Movimiento Demócrata Social (MDS) opositor a Morales, que promovió al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Este junto al fugitivo Branko Marinkovic calcularon mal su nivel de apoyo cuando avanzaron hacia una rebelión violenta contra el gobierno de Morales luego de que no fuera reconocida su iniciativa de estatuto departamental redactada a puerta cerrada.

En el intento de infiltrarse en las comunidades indígenas, la USAID buscó nuevos actores para promover la agenda de Washington con una imagen más representativa de la mayoría indígena boliviana. Un documento desclasificado que divulgó la periodista Eva Golinger esboza claramente la necesidad de dar “más apoyo a los pasantes indígenas de la USAID y la embajada para construir y consolidar una red de graduados que aboguen por el gobierno de los Estados Unidos en áreas clave”.

El documento analiza además la necesidad de “fortalecer la ciudadanía democrática y el desarrollo económico local para los grupos indígenas más vulnerables de Bolivia”. Para USAID, “este programa muestra que ningún país ni gobierno tiene el monopolio de ayudar a los indígenas. El programa muestra que los Estados Unidos es un amigo de Bolivia y de los indígenas…”. Seguir leyendo REDES DE ONG: EL BRAZO “CIVIL” DEL IMPERIO ESTADOUNIDENSE QUE DEFINIÓ EL GOLPE EN BOLIVIA