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LOS DOS TIEMPOS DE LA OFENSIVA DESESTABILIZADORA CONTRA EVO MORALES. HUGO MOLDIZ MERCADO

HUGO MOLDIZ MERCADO

La ofensiva general, en dos tiempos, contra el Proceso de Cambio y la continuidad de Evo Morales en la presidencia del Estado Plurinacional ha ingresado en su recta final, a dos semanas de que en Bolivia se celebren las elecciones generales de este 20 de octubre y que adquieren un valor geopolítico de gran importancia por el efecto que vaya a tener una semana después en Argentina y Uruguay.

No hay que ser brujos para detectar que esta dura arremetida de la derecha boliviana, respaldada desde fuera del país por Estados Unidos y de políticos bolivianos que se encuentran prófugos de la justicia, forma parte de la nueva estrategia general de desestabilización que se desarrolla contra Evo Morales desde el 21 de febrero de 2016, cuando una inédita forma de conspiración político-mediática logró impedir que en un referéndum diera visto bueno a la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado que habilitaría al líder indígena para las elecciones de este año.

El resultado de ese referéndum —en la que tuvo una activa participación la embajada de Estados Unidos, cuyo encargado de Negocios se reunió con Carlos Valverde, quien hizo detonar el llamado “caso Zapata”—, cargó de excesivo optimismo a la oposición y le hizo ignorar la relación de fuerzas real en el país, que de todas maneras seguía siendo favorable en términos generales al Proceso de Cambio. Convencidos de que Morales estaba debilitado, en las dos siguientes semanas a ese acto electoral, los pedidos de renuncia del presidente del Estado Plurinacional no cesaron, aunque estaban focalizados en reducidos grupos de opinadores con cobertura mediática y dirigentes políticos con escasa representación.

El debate de alta intensidad sobre la legitimidad de Evo Morales después del referéndum del 21 de febrero subió de tono en septiembre de 2017, cuando un grupo de diputados y senadores del MAS presentó un Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para habilitar a Evo Morales para las elecciones de 2019, sobre la base de derecho preferente establecido en la CPE y en la Convención Americana. El 28 de noviembre de ese mismo año, una sentencia constitucional dio curso favorable al recurso constitucional.

La carta empleada por el gobierno y el MAS, de otras cuatro que tenía a mano para lograr el mismo resultado (renuncia de Evo tres meses antes de las elecciones, convocatoria a dos tipos de referéndum y el llamado a una nueva Asamblea Constituyente), dejó desubicada a la oposición por unas semanas, que solo atinó a volver a la queja como método de oposición.

Pero luego este bloque de oposición (partidos de derecha, medios de comunicación, jerarquía católica, algunos empresarios, dirigentes cívicos y plataformas ciudadanas) dio paso a una nueva escalada de su ofensiva.

Tres son los frentes desde donde la oposición llevó adelante esta nueva fase de la estrategia anti-Evo: el internacional, el político-conspirativo interno y el mediático nacional.

En el plano internacional la oposición recurrió a tres tipos de actores: primero, organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ninguno de los dos tuvo éxito debido a la legalidad de la sentencia constitucional que habilitó a Morales, la constatación de que en Bolivia había disensos en democracia y a la existencia de jurisprudencia internacional, como la de Oscar Arias, quien fue habilitado para ir a la reelección en Costa Rica. El segundo actor fue Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y el Senado estadounidense que, cada uno por separado, emitieron declaraciones en las que le pedían a Morales respetar el resultado del 21 de febrero y le instaba –el primero- a no presentarse en las elecciones. El tercero, organismos privados de derechos humanos con vínculos con la derecha continental, analistas y medios de comunicación internacional.

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OPOSICIÓN INCENDIA LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA. HUGO MOLDIZ MERCADO

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HugoMoldizUna combinación de discurso medioambientalista y la defensa del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando se rechazó la propuesta de cambio de un artículo de la Constitución, para habilitar a Evo Morales para las elecciones de 2019, forma parte de la estrategia opositora para generar un ambiente de convulsión social hacia el 20 de octubre.

El fragmentado y heterogéneo bloque opositor de derecha encuentra en su ataque, cada vez más punzante y violento, a la democracia y a la institucionalidad del Estado Plurinacional, el punto de convergencia de su abierta oposición a la continuidad del Proceso de Cambio y del presidente Evo Morales.

Dos hechos de envergadura, aparentemente desconectados, se han encargado de confirmar los alcances de su estrategia general: los focos de incendio que afectan al bosque seco de la Chiquitania y, por otra parte, la violencia física desatada por destacamentos juveniles, cuasi paramilitares, contra militantes del MAS en la ciudad oriental de Santa Cruz y la quema de una sede de campaña oficialista en la subtropical parte sur de los Yungas de La Paz.

Los llamados a que el gobierno decrete desastre nacional a partir de los hechos de la Chiquitanía y la convocatoria a un paro indefinido a partir del 10 de octubre para que los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) renuncien, son apenas los pretextos o motivos aparentes para incendiar la democracia boliviana. La causa principal es que Evo Morales está en camino a conquistar un nuevo periodo de gobierno.

Los incendios en la Chiquitania, que forma la zona de tránsito entre el Chaco y la Amazonía, todavía no alcanzan a ser controlados a plenitud, a pesar de los esfuerzos desplegados con recursos propios y con el apoyo de la comunidad internacional a la que el gobierno no se ha negado nunca en la medida que sea canalizada a través del Estado y en el marco del Acuerdo de París.

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