El 21 de abril se presentó el nuevo portal de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por su siglas en inglés), destinado a articular a los 70.000 alumnos de una centena de países que han sido capacitados en alguna de su media docena de instituciones formativas. La Academia cuenta con instalaciones en la capital de El Salvador –en funcionamiento desde 2005–, Bangkok (Tailandia), Budapest (Hungría) y Gaborone (Botsuana).
La sede central se encuentra en Roswell, Nuevo México. En la presentación del renovado portal, los directivos de ILEA que se dedica específicamente a América Latina y el Caribe destacaron el objetivo prioritario de perseguir la corrupción política, eufemismo con el que se legitima el hostigamiento a dirigentes populares y sociales.
La Academia es un colectivo de instituciones de formación y entrenamiento cuya primera sede se instaló en 1995 en Budapest (para incidir en la desintegración de los países ligados a la URSS). Continuó en Tailandia en 1999 (para vigilar el proceso de integración de Hong Kong a la República Popular de China). Se extendió a Botswana a fines del siglo XX (para controlar la deriva sudafricana luego de la superación del apartheid).
En 2005 se emplaza en San Salvador, luego que las autoridades de que Panamá decidiera expulsar a la Escuela de las Américas y que Costa Rica declinara la instalación de una sede del Departamento de Estado en su territorio. La sede centroamericana cuenta además con una dependencia en Perú, articulada con la base militar del Pentágono, la Naval Medical Research and Development (NAMRU), emplazada en Lima.
La Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley depende en forma directa del Departamento de Estado y ofrece cursos, capacitaciones y entrenamientos a jueces, fiscales e integrantes de los organismos de seguridad. Sus receptores sólo pueden participar de dichas actividades a través de invitaciones personalizadas. Las embajadas en los diferentes países son las encargadas de seleccionar a los destinatarios, y la ILEA efectúa las convocatorias de acuerdo a la inserción presente o futura de los alumnos distinguidos. Según cursantes de los seminarios brindados por La Academia (así se la denomina en la jerga latinoamericana), los alumnos no están obligados a informar a las autoridades nacionales respectivas sobre los motivos de sus traslados a San Salvador o a Roswell, ni deben rendir cuentas sobre participaciones en capacitaciones remotas. Supuestos viajes de turismo, afirman ex graduados de la Academia consultados por El Cohete a la Luna, se transmutan en adiestramiento en ILEA, bajo la estricta cobertura de confidencialidad brindada por el Departamento de Estado.
En julio de 2005, la jefa del Departamento de Estado Condoleezza Rice anunció la apertura de la ILEA en Centroamérica, con el objetivo explícito de garantizar los intereses de Estados Unidos en la región. En el diseño de la Academia, participaron la totalidad de las agencias de seguridad e inteligencia, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (SOA/WHINSEC, por sus siglas en inglés) ubicado en Fort Benning, en la ciudad de Columbus, Georgia. El SOA funciona como una instancia de posgrado de la Academia a nivel internacional. En la actualidad, el director de ILEA en la sede de San Salvador es Philippe Furstenberg, quien es presentado en el portal institucional como Agente Especial del Servicio de Seguridad del Departamento de Estado.
Durante las dos últimas semanas se produjeron cuatro sucesos que brindan claves para comprender el devenir de las relaciones internacionales y sus efectos sobre América Latina y el Caribe. El 12 de marzo, la Asamblea Nacional Popular (ANP) de la República Popular China aprobó el XIV Plan Quinquenal que orientará sus políticas domésticas y exteriores en el próximo lustro. Cuatro días después Joe Biden amenazó a Rusia y calificó a Vladimir Putin de asesino. El 18 y 19 –en Anchorage, Alaska– se llevó a cabo una gélida reunión bilateral entre el responsable del área de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, Yang Jiechi, y el jefe de Departamento de Estado, Anthony Blinken. Para concluir con la seguidilla de encuentros trascendentes y conexos, el 22 y 23 de marzo el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, visitó a su par chino, Wang Yi.
El Plan Quinquenal plantea cambios respecto a su capítulo previo, el XIII, aprobado en 2015. Desde 1953 las orientaciones definidas por Beijing han marcado el itinerario de las políticas desarrolladas e implementadas por el gobierno. Los objetivos comunicados por Xi Jinping el 11 de marzo incluyen un marco de referencia conceptual denominado Visión 2035, en el que explicitan los objetivos de mediano plazo debatidos durante el último año en el seno del Partido Comunista chino y en su ANP. Las seis metas relevantes, esbozadas en ambos documentos, pueden ser sintetizadas en:
Expandir la demanda interna, combatir los monopolios y sostener la exportación.
Promover el cuidado del medio ambiente y adecuar la producción a formatos ecológicos.
Reemplazar el crecimiento de alta velocidad con un crecimiento de alta calidad.
Impulsar la innovación mediante la inversión en Ciencia y Tecnología.
Reducir la interdependencia económica, financiera, comercial y tecnológica con Estados Unidos.
Mantener un entorno externo cooperativo con el resto del mundo.
Respecto al primer objetivo, el nuevo Plan Quinquenal considera la necesidad de superar la etapa de apalancamiento exportador, para pasar a un modelo de circulación dual, consistente en privilegiar el mercado interno para blindarse de la potencial volatilidad de los mercados internacionales y los continuos cambios de políticas de Washington. Para promover políticas más amigables con la naturaleza, el proyecto se propone disminuir la velocidad del crecimiento económico y priorizar la calidad de vida de su población por sobre el incremento del PBI. Ese concepto es denominado en el documento Visión 2035 como la cimentación de una futura sociedad moderadamente próspera, distante de la opulencia y la acumulación material desmedida. Con ese cometido, se estipula el cumplimiento del Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático y la reducción sistemática de las emisiones de dióxido de carbono, para llegar al 2030 en equilibrio neutral con la naturaleza.
El planteo supone además una reconfiguración del modelo productivo, orientando la inversión pública y privada hacia la tecnología aeroespacial, la neurociencia, los circuitos integrados, la computación cuántica, la inteligencia artificial, la biotecnología, las energías renovables, la investigación genética y la exploración espacial. La mayor parte de las inversiones estará orientada –señala el Plan– al mercado interno, para mejorar la calidad de vida de la población, siguiendo la idea cardinal de que para el año 2049, cuando se cumplan los cien años de la República Popular China, los ciudadanos chinos gocen de una prosperidad moderada, lema del desarrollo planteado. Para su logro, advierte el Plan, se deberán combatir las prácticas monopólicas, hecho que ha quedado demostrado en los dos últimos años con las limitaciones impuestas a la empresa Alibaba –similar a MercadoLibre en Argentina–, propiedad del empresario Jack Ma.
La propuesta de Beijing ha sido calificada por diferentes analistas internacionales como tecnonacionalismo. En la actualidad, China y Estados Unidos controlan el 78% de las patentes de inteligencia artificial, el 50% de la inversión global de proyectos de 5G (denominado también como la internet de las cosas), el 75% del mercado informático en la nube y el 90 % de las principales plataformas digitales existentes. Según el primer ministro chino, Li Keqiang, el valor añadido al PBI de la Investigación y el Desarrollo (I+D) debería pasar del 7,8% de 2020 al 10% en 2025. «Mejoraremos nuestras capacidades en innovación independiente porque las innovaciones no se pueden comprar», afirmó Wang Zhigang, ministro de Ciencia y Tecnología. Cada vez más la productividad se articula con la producción de conocimiento. Las patentes, por su parte, expresan la acreditación futura de dicha acumulación de saberes, competencias y aplicaciones prácticas.
Expansión sin injerencia
Países con mayor solicitud de Patentes (2018).
En términos de su articulación internacional, Beijing propone multiplicar las inversiones de infraestructura en Asia, África y América Latina, profundizando su liderazgo en el sudeste asiático, su articulación con Rusia y su relación con la Unión Europea, con el claro objetivo de desacoplarse de Washington. Ante la perspectiva de posibles restricciones de las cadenas de suministro ligadas a Estados Unidos, el Plan Quinquenal impulsa la diversificación de las relaciones político-económicas y el fortalecimiento de su autosuficiencia, sustentada en el mercado interno de 1.400 millones de habitantes.
En 2020 la economía de China supuso el 16,8% del PBI global y exhibió un superávit en su cuenta corriente equivalente al récord histórico expuesto por cualquier otro país en la historia. A pesar de la ofensiva profundizada por el trumpismo, Beijing se convirtió en el mayor receptor de Inversión Extranjera Directa (IED), desplazando a Estados Unidos en ese rubro. También en 2020, el conjunto de 14 países integrantes del acuerdo del sudeste asiático conocido como RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) se consolidó como el primer socio comercial de Beijing. La Unión Europea se ubicó en el segundo puesto y Estados Unidos fue desplazado al tercer lugar, prologando la desconexión y el desacoplamiento planteado por el Plan. El proyecto respecto a su vínculo con terceros países asume el compromiso de no injerencia político-gubernamental en los asuntos internos de ningún país, en un claro indicador diferencial respecto de Washington. En ese sentido se proyecta como una potencia dispuesta a contribuir a la generación de bienes públicos globales (medio ambiente, infraestructura, previsibilidad financiera, control de pandemias).
Pocos días después de la aprobación del XIV Plan Quinquenal se desarrolló en Alaska la reunión bilateral ente Estados Unidos y China, de la que participaron Antony Blinken y el consejero de Estado de Relaciones Exteriores Yang Jiechi. El encuentro escenificó el desacuerdo que Washington necesita exhibir para no exteriorizar debilidad frente al trumpismo residual. Como respuesta a esa dramatización de la administración estadounidense, que tuvo como prólogo el agravio de Biden a Putin, la cancillería china planificó una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, en la ciudad de Guilin, ubicada en la Región Autónoma de Guangxi Zhuang.
Según el jefe de la diplomacia rusa, el objetivo estratégico de Washington es impedir el desarrollo tecnológico de China y Rusia para frustrar la consolidación de un mundo multipolar. En ese cónclave, China y Rusia acordaron cooperar en aspectos de infraestructura, de seguridad y de investigación espacial pero priorizado las alternativas disponibles para abandonar el dólar como moneda de cambio comercial y de atesoramiento. En la reunión el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, anunció la decisión de contrarrestar las sanciones impuestas por Washington a través de la sustitución del sistema de transferencias interbancarias, el Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication(SWIFT)
En la última década, China impulsó la utilización global del yuan, y la participación del dólar en el comercio bilateral entre Moscú y Beijing se redujo de un 90% en 2015 a un 46% en el primer trimestre de 2020. A nivel global, el dólar cayó del 40% en 2019 al 38% en 2020, mientras que el euro subió más de tres puntos porcentuales. El yuan, por su parte, creció de 0,77 puntos porcentuales hasta el 2,42%. A pesar de los intentos de Washington por utilizar SWIFT para multiplicar sanciones contra Rusia, China, Venezuela, Irán y otros países soberanos, la moneda de Bruselas y la de Beijing, combinadas, superaron por primera vez en 2020 a la divisa de Washington como dispositivo de compensación de valor.
La geopolítica a tres bandas ofrece a América Latina y el Caribe una progresiva posibilidad de limitar la condena de la subordinación hemisférica. La intensificación de la disputa hegemónica muestra una creciente debilidad relativa de Washington y al mismo tiempo una búsqueda por parte de Moscú y de Beijing de auspiciar modelos no injerencistas, cooperativos y multipolares. La enorme economía china requiere materias primas y recursos naturales que pueden fijar la productividad latinoamericana en un orden primarizador y extractivista. Sin embargo, su expansión y su necesidad de legitimidad global ofrecen la posibilidad de concretar inversiones en infraestructura y la eventualidad de articular joint-ventures tecnológicas con empresas privadas, mixtas y estatales instaladas en el sudeste asiático.
La animosidad de Washington contra Putin y Jinping no tiene como fundamento el subterfugio institucionalista que apela a los valores democráticos como justificativo para imponer condenas y sanciones. Existen múltiples evidencias que dan cuenta de la simpatía de Washington con diferentes dictaduras que ejecutaron variados genocidios en América Latina. El aval actual a las monarquías absolutistas de la península arábiga y el apoyo a grupos insurgentes del África subsahariana comprueban que no es el espíritu republicano el factor que guía su política exterior.
Lo que Washington busca en forma denodada es obstaculizar el desarrollo de quienes pueden transformarse en países decididamente soberanos y autónomos, capaces de desafiar o autonomizarse de las decisiones del sistema monopólico, corporativo y financiarizado. Cuanto más independientes son los Estados, menos autoridad poseen las lógicas imperiales para imponer su voluntad. Cuanto más pobres, menos desarrollados y más dependientes son los países, mayor preponderancia detenta el Departamento de Estado para seguir imponiendo sus políticas. Washington elogia a las elites que endeudan a sus sociedades y valora positivamente la desconexión de los países en vías de desarrollo respecto a nuevos centros de poder emergente como China y Rusia. En forma paralela, las guerras mediáticas y tribunalicias contra todos los proyectos emancipatorios impulsan y consolidan un formato de sometimiento al Departamento de Estado.
Las relaciones internacionales se están reconfigurando y se presentan oportunidades novedosas para América Latina y el Caribe. El multilateralismo no sólo implica una diversidad del tablero global. Supone, además, la oportunidad para tomar distancia (o liberarse) de la maldición hemisférica, planteada con desprecio por quienes siguen considerándonos como su patio trasero.
El primero de marzo detuvieron al ex presidente del club Barcelona Josep María Bartomeu, bajo la acusación de organizar una operación de difamación contra jugadores y funcionarios de su propio club, motorizada a través de las redes sociales. La investigación policial –que llegó a los titulares de los medios como Barçagate– identificó la contratación de un empresa de marketing digital cuya tarea consistía en desacreditar, desinformar y fabricar noticias falsas para debilitar a oponentes dirigenciales y lograr mejores condiciones de renegociación de contratos para el club, una vez que las cotizaciones de los futbolistas se hayan deteriorado.
El Barçagate motivó un debate en España y en la Unión Europea en relación con el rol institucional que han asumido determinados actores sociales corporativos, decididos a manipular a la opinión pública, con el aval o la indiferencia de las plataformas. Dado que el objetivo último de las mismas es mercantilizar todos los aspectos de la vida, son inexistentes las regulaciones dispuestas para limitar las operaciones de desprestigio, los discursos de odio, las estigmatizaciones y –sobre todo– los etiquetamientos ofensivos contra grupos vulnerables u organizaciones comprometidas en visibilizar situaciones de inequidad o expoliación..
Apenas una semana antes, el 24 de febrero, Jeremy Fleming, el director del Government Communications Head Quarters (GCHQ) –la oficina de ciber investigaciones del M18, la central de inteligencia del Reino Unido– difundió una síntesis de su programa bianual, en la que posiciona a la Inteligencia Artificial (IA) y el espionaje de redes como elemento central de sus operaciones estratégicas para –afirman– combatir la desinformación y las noticias falsas. Según el documento difundido por Fleming, la IA ofrece capacidades para bloquear los ataques cibernéticos, prever patrones de actividad en redes y dispositivos, detectar transacciones financieras opacas y limitar las actividades de los enemigos del Reino Unido.
Los portales británicos que difundieron el documento del GCHQ silenciaron, sin embargo, el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2018 –pleno proceso de negociación del Brexit–, que consideró como ilegales a los programas de vigilancia masiva organizados por esa agencia desde hace una década. Entre las iniciativas de la GCHQ denunciadas figuran operaciones de vigilancia de 22.000 niños de escuelas primarias y secundarias británicas –sin consentimiento de sus padres– en el marco de un relevamiento de competencias futuras de los estudiantes.
Las agencias de inteligencia como la GCHQ y las empresas de marketing digital comparten dos tareas centrales interconectadas: las expositivas y las extractivas. Las primeras se orientan a influir en segmentos permeables (previamente detectados y estudiados), y las segundas buscan recolectar información de los usuarios apropiándose de los datos provenientes de los diferentes soportes (celular, TV, computadora, tablet), con el objeto de sumarlos a la minería de datos imprescindibles para la Inteligencia Artificial (IA).
Quienes compran o alquilan soportes para difamar o construir agendas aptas a los intereses hegemónicos se escudan en la libertad de expresión y en la ausencia de regulaciones globales y nacionales. Las guaridas digitales desde donde se operativizan las campañas de desprestigio, con alta presencia en América Latina y el Caribe (ALyC), cuentan con servidores ubicados en jurisdicciones ajenas a los territorios en los que se llevan a cabo las operaciones.
La pandemia incrementó la virtualidad, y los relevamientos muestran que aumentará su impacto en áreas tan disímiles como las campañas electorales, la comercialización y la educación. Pero también incrementará su capacidad de daño en el desarrollo de cruzadas contra dirigentes políticos antipáticos para el capitalismo monopólico digitalizado. Sus tareas planificadas incluyen, además, la diseminación de pequeñas discrepancias al interior de los grupos subalternos, con el evidente objeto de impedir su articulación política con referentes opuestos a la lógica neoliberal.
Canales y soportes
Alexander Nix, CEO de Cambridge Analytica, reconoce en el Parlamento británico su participación en campañas contra Cristina Fernández de Kirchner.
Los canales a través de los cuales se concentra la emisión y la vigilancia de la IA en América Latina y el Caribe son:
Las Redes Sociales (RRSS) como Twitter, Facebook, Instagram y Tik Tok.
Los soportes de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram y Signal.
Los foros en línea y tableros de mensajes como Reddit.
El correo electrónico.
Y los tableros lúdicos, que agrupan comunidades de juego en línea.
Esos soportes son atravesados por una cronología explícita que modela gran parte de la agenda político-comunicacional que se instala y es recuperada, en Argentina, por la trifecta mediática (Clarín, La Nación e Infobae). Las cuatro etapas son:
(a) La Instalación, mediante la cual, un grupo de referentes preasignados propone la cruzada en formato de difamación organizada.
(b) La replicación a través de activistas y trolls contratados que amplían las imputaciones falsas.
(c) La irradiación: los bots –dispositivos automáticos que desparraman información con ayuda de la IA– se encargan de ampliar las operaciones propagandísticas de los referentes preasignados con el objetivo explícito de convertir sus posteos en hashtags/etiquetas (palabras o frases que se convierten en el centro de gravedad de las opiniones) aptas para reducir el debate y, al mismo tiempo, evitar que se hable de temas alternativos. Un bot es una cuenta automatizada, administrada por un algoritmo: no por una persona real. Está diseñado para replicar posteos sin intervención humana. Un troll es diferente de un bot porque el primero es un usuario real, generalmente contratado, mientras que los bots son automáticos. La actividad de trolling se sirve de los bots para extender sus mensajes.
(d) El Apalancamiento: las propaladoras de los medios concentrados recuperan la ofensiva desatada en las tres etapas anteriores y le brindan un barniz de rigurosidad periodística: cada vez más los soportes de las corporaciones neoliberales utilizan el entramado digital, como base, para fundamentar sus difamaciones políticas y auxiliar a los magistrados (cooptados por la derecha) para perseguir a sus enemigos políticos y empresariales en los estrados.
Hay que evitar la creencia de que las innovaciones tecnológicas son positivas sólo porque son nuevas, o son negativas sólo porque son tenológicas.»
David E. Graham
La última semana se informó la construcción de un consorcio de medios de comunicación argentinos asociados a la plataforma Google, destinada a reproducir material informativo local en su portal de noticias global denominado News Showcase. El acuerdo incluye a más de 30 grupos periodísticos, tanto porteños como provinciales, entre los que figuran Clarín, La Nación, Infobae, Página/12, El Cronista, La Arena, La Gaceta y Nueva Rioja, entre otros. El acuerdo implica un financiamiento de los medios locales por parte de Alphabet (la corporación que administra Google) y un decidido involucramiento en la selección de contenidos. Dicho desembarco forma parte de una campaña internacional para blindarse frente a las acusaciones de prácticas monopólicas, posición dominante, comercialización de datos privados a empresas y desvío de información crítica hacia la National Security Agency (NSA).
News Showcase ofrece colaboración y apoyo financiero al periodismo de cada uno de los países con el objeto de obtener una legitimidad cuestionada por la Unión Europea y otros estados. Argentina es uno de los doce países en donde se decidió implementar el programa, que incluye acuerdos similares con medios de Alemania, Brasil, Canadá, Francia, el Reino Unido, Australia y Japón, entre otros. La inversión inicial es de 1.000 millones de dólares e incluye, hasta la actualidad, a unos 450 medios. La participación de los medios argentinos contribuye a la tendencia generalizada de una mayor concentración monopólica global y a la vez faculta a Google a convertirse en el gran responsable de modelar la imagen de la Argentina a nivel internacional, permitiéndole la selección de noticias aptas para el paladar del neoliberalismo hegemónico.
Los medios locales recibirán compensaciones económicas por replicar una selección de sus titulares, mientras que Google compilará los datos obtenidos como insumo de sus operaciones de Inteligencia Artificial (IE). Una vez procesados, los comercializará a miles de empresas que los utilizarán como soporte para el marketing directo y personalizado. Los medios argentinos obtendrán dos tipos de financiamiento: por un lado, como consecuencia de la provisión de contenidos a la plataforma News Showcase, y por el otro como resultado de proporcionar acceso a artículos de las versiones pagas de dichos medios asociados.
El resultado de este involucramiento de Google en la producción de la noticialidad cotidiana local ampliará el control de la plataforma estadounidense sobre el denominado ecosistema informativo local, incrementando su capacidad para modelar el sentido común, imprescindible para la reproducción ampliada del sistema financiarizado. En ese marco, la restricción sobre la soberanía comunicacional se expresará a partir de las cinco dimensiones siguientes:
Agenda: decidirá qué temas y qué medios serán los que ocuparán los lugares prioritarios y cuáles serán ubicados en los márgenes. Dado que la selección inicial será ofertada por los propios medios, la trifecta mediática local (Clarín, La Nación e Infobae) logrará apalancar su legitimidad a la hora de difundir sus posverdades, falacias y tergiversaciones, apoyada en la cobertura brindada por una plataforma globalizada. Ese escenario es lo que Google conceptualiza como un ecosistema informativo, nominación aséptica con la que se pretende esconder las decisiones corporativas de sus CEOs. El ecosistema funciona como la mano invisible del mercado. Algo que está direccionalizado por poderosos actores que buscan atribuir sus movimientos a una naturaleza independiente de intereses.
Concentración: incrementará la monopolización de los medios locales sin tener que regirse por normativas democráticas –presentes o futuras–, dada su localización empresaria en Estados Unidos. Operará sin arbitraje del Estado y decidirá qué coartar, ampliar o cercenar sin que una autoridad soberana o multilateral cuente con capacidad de intervención.
Monetización: incrementará la capacidad de comerciar los datos personales de los ciudadanos argentinos, tanto para ofrecer agregados aptos para el marketing personalizado como para modelar campañas electorales, tal cual fue denunciado en ocasión del caso Cambridge Analytica.
Vigilancia: aumento de la capilaridad informativa sobre partidos políticos y sus referentes, combinado con el desarrollo de mecanismos de inteligencia artificial dispuestos para completar una arquitectura global capaz de instalar mercados de futuros conductuales. Una disposición posible gracias a una concentración extrema de conocimiento, ajena a la supervisión democrática: se profundizará la manipulación destinada a conformar tribus antipolíticas y modelo de consumidores antes que ciudadanos. Sujetos aislados enemigos de la cooperación, admiradores de la competencia, reivindicadores de la desconfianza y de guerra de todos contra todos.
Tergiversación, sobreabundancia y escándalo: La articulación convergente planificada por News Showcase será gobernada por algoritmos funcionales a los requerimientos empresariales trasnacionales, generalmente opuestos a las demandas sociales o las necesidades soberanas. En ese contexto, se omitirán los circuitos capaces de dotar a los usuarios de pensamiento crítico, convirtiendo a los ciudadanos en cibernautas. La difamación se hace confusa y ambigua y se la denomina fake new. “Cuando nos conectamos a internet ya no vemos el bosque. Ni siquiera los árboles, vemos sólo hojas, ramas (…) un ecosistema de tecnologías de interrupción (…) donde nos presentan pedazos o fragmentos de la realidad a través de sus buscadores”. La emocionalidad, la intemperancia, el odio y la intolerancia aparecen como vehículos de articulación social más premiados por las redes sociales y los buscadores. Cuánta más agresión se reproduce, mayor es la cantidad de respuestas. A eso se le suma el aluvión de contenido indiferenciado que –sin alfabetización digital– logra equiparar, sin jerarquizar, a un infectólogo con una presentadora televisiva, debatiendo temáticas de inmunización.
REGULAR O SUCUMBIR
Los grupos mediáticos que integran el programa de Google.
Desde 2019 el control del intercambio político en el ciberespacio es regulado por Google sólo en Estados Unidos, la Unión Europea (UE), la India y el Reino Unido. En 2020 se incluyó a Nueva Zelanda, Israel, Australia y Taiwán. En todos esos países, Google limitó, seleccionó y/o censuró la divulgación de anuncios electorales según segmentaciones generacionales, de sexo y de ubicación georreferencial. Aunque Google intenta resguardarse frente a posibles acusaciones de interferencia electoral, la Unión Europea y algunos de sus países miembros, por separado, han avanzado en la aplicación de normativas destinadas a limitar su poder discrecional. A partir de enero de 2021 se aplica en España la denominada Tasa Google, que grava con el 3% de los ingresos a las empresas digitales cuyos ingresos superan los 750 millones de euros a nivel mundial y más de 3 millones en España.
El 26 de enero la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, invitó al gobierno de Joe Biden a regular en forma conjunta a los gigantes tecnológicos, ante el impacto negativo que generan en relación a la competencia, las normas democráticas, la seguridad, la proliferación de discurso de odio y la calidad de la (des)información. La funcionaria de origen germano advirtió que, además de los cinco gigantes de la sigla GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), también deberán ser evaluados y limitados las plataformas Booking, Alibaba, TikTok y la firma de teléfonos móviles Samsung. El pedido de Von der Leyen se suma a los anuncios realizado por el Comisionado Europeo de Mercados Internos, Thierry Breton, quien informó que la UE estudia diversas medidas antimonopólicas que incluyen el requerimiento de forzar a las grandes trasnacionales tecnológicas a dividirse, e incluso a vender alguna de las divisiones con sede en Europa.
Las transnacionales digitales son parte constitutiva del modelo neoliberal financiarista. La monetización, la articulación con los fondos de inversión, la evasión fiscal y las transacciones en guaridas fiscales son parte del ADN constitutivo de su lógica monopólica e imperial. La encrucijada central remite a la gobernanza global y a la capacidad regulatoria de los Estados soberanos. Cuanta más autoridad posean los gobiernos para regular a las corporaciones, más posibilidades existirán de ampliar los derechos democráticos. Por el contrario, cuantas más prerrogativas posean las corporaciones –apelando en todo momento a su libertad de empresa– menor capacidad tendrán las mayorías populares para construir su destino en forma autónoma e independiente.
Discurso del vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, ante las Cortes Generales (Congreso de España), el 17 de febrero de 2021. Para una escucha adecuada a la recepción local, sustitúyanse los monopolios mediáticos españoles por los nombres de los grupos locales, Clarín, La Nación e Infobae.
El balance transitorio de la pandemia muestra una inmensa cantidad de víctimas y un reducido número de beneficiados. La actual crisis exhibe de manera obscena las reglas de un sistema global instaurado para favorecer a una elite minúscula y castigar a las grandes mayorías de la humanidad. Este orden internacional se convirtió en la condición de posibilidad de una triple ampliación de las desigualdades: la referida al incremento de las brechas sociales al interior de los países, las que provocaron la profundización de la distancia entre Estados centrales y periféricos, y las que generaron mayores condicionamientos a los Estados respecto a las corporaciones trasnacionales, los organismos multilaterales de crédito y los fondos de inversión.
La pandemia ahondó un esquema previo que debilitó a los más vulnerables y fortaleció a los más poderosos. Pero también dejó un poco más al descubierto el entramado que habilita la maximización de esas iniquidades. Dentro de esas coordenadas, durante la pandemia, existieron entidades gubernamentales, como la argentina o la alemana que se abocaron, desde el inicio de la emergencia sanitaria, a reducir el daño. Sin embargo sus esfuerzos no lograron detener el proceso de concentración que la lógica neoliberal promueve y fomenta desde hace más de cuatro décadas.
Un mes atrás el Institute for Policy Studies, un prestigioso centro de investigación con sede en Washington, difundió un estudio sobre las secuelas sociales generadas por el Covid-19 y las políticas que acompañaron su propagación. En uno de sus capítulos, dedicado a la situación internacional, describe cómo fue posible que mil millones de personas –un cuarto de la población económicamente activa a nivel mundial– hayan perdido su trabajo. Ese guarismo supone que alrededor de un 40 % de la población mundial ha caído en la pobreza. El relevamiento detalla, además, cómo un reducido grupo de billonarios se ha visto inmensamente beneficiado gracias a la pandemia. Las 50 personas más ricas del mundo aumentaron sus ingresos este año en U$D 413.000 millones, un monto equivalente al PBI actual de la Argentina.
Los beneficiarios no son más que una docena de empresas entre las que se encuentran BlackRock, Amazon, Facebook, Alphabet (Google) y Microsoft, pertenecientes a dos sectores: el de la especulación financiera y el de la economía de plataforma. Ambos universos son tributarios de la minería de datos y la Inteligencia Artificial (IA) –con la cual monitorean y condicionan la demanda–, la reducción extrema de lo que denominan como costos laborales y la elusión tributaria. Desde el 18 de marzo hasta el 17 de noviembre, la fortuna personal agregada de sus titulares se incrementó en un 42 %. Jeff Bezos, titular de Amazon, sumó 188.3 mil millones de dólares, un monto cercano al total de la deuda externa de la Argentina.
El contexto que autoriza la actual inequidad sistémica se funda en la aquiescencia de las autoridades gubernamentales respecto a sus mandantes (o socios), encargados de instaurar un modelo de gestión global en el que el egoísmo y la mercantilización de la vida se han institucionalizado como virtud. Las reglas del juego vigentes convierten a las entidades soberanas en agencias protectoras de los acaudalados beneficiarios. En ese contexto, guiado por los apotegmas flexibilizadores, sobrevino la calamidad sanitaria que redujo aun más los empleos, incrementó obligadamente el endeudamiento y produjo una rápida reversión de los flujos de capitales desde la periferia hacia los países centrales. Este último hecho, además, motivó una amplia inestabilidad monetaria entre las economías de los países periféricos.
Para que esa situación no colisionara contra el sentido común, fue necesario inculcar –durante las últimas cinco décadas– un mantra neoliberal replicado por difusores activos e interiorizado por receptores indiferentes o pasivos. Algunos de los pilares de su discursividad, que aún hoy se difunde como verdad revelada, reside en la desregulación del sector financiero, la privatización de servicios sociales –que incluye el desmantelamiento de los sistemas públicos de salud–, los recortes fiscales a las empresas (y a sus grandes accionistas), la flexibilidad laboral y el libre acceso a la explotación ilimitada de los recursos naturales, al límite de la aniquilación de especies y de la destrucción del medio ambiente.
Datos del Banco Mundial a 2017.
Al inicio de la pandemia, sólo 26 de los 158 países relevados por un estudio de Oxfam y el Development Finance International (DFI) invertían un 15 % de su PBI en salud pública, el porcentaje considerado básico para atender a sus poblaciones. En Argentina, para el año 2017 –último dato oficial disponible– la inversión en salud representó el 9,4 % del PBI, habiéndose reducido durante el macrismo un 20% desde 2015, el último año de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El mismo contraste que se observa en relación con los ganadores y perdedores globales se aprecia en la programada distribución futura de las vacunas. Las naciones con el PBI más alto, que representan al 14 % de la población mundial, se aseguraron la mitad del total de dosis a ser producidas durante el año 2021. Se especula que más de las dos terceras partes de la humanidad –sobre todo los habitantes de los países más pobres– deberá esperar a 2022 para inocular a sus habitantes. Alrededor de 70 países pobres solo podrán vacunar a una de cada diez personas contra la Covid-19, el próximo año. Las naciones más ricas han comprado suficientes dosis para vacunar a toda su población casi tres veces antes de que se inicie el 2021. Canadá encabeza la clasificación con suficientes dosis para vacunar a cada canadiense cinco veces. Su gobierno se agenció 152 millones de vacunas para un población de 38 millones. Los países centrales han comprado el 53 % de todas las vacunas aprobadas o en proceso de certificación.
Las ocho guaridas fiscales con mayor cantidad de depósitos. Fuente: Citizens for Financial Justice.
Quienes se han visto favorecidos gracias a las cuarentenas y los distanciamientos sociales obligatorios venían acumulado riquezas desproporcionadas antes de la pandemia. Sus agraciados no son más que una docena de empresarios que valorizaron sus acciones a expensas de los trabajadores, los consumidores y la dificultades generalizadas. La crisis no hizo más que acelerar un proceso de concentración cuyas reglas han sido previamente impuestas y legitimadas por variadas instancias gubernamentales. Un aspecto central de esa normativa global, funcional al interés de la concentración creciente, ha sido la reducción de la fiscalidad. Esta mengua nunca ha generado mayores niveles de inversión, como prometen las propaladoras del ultraliberalismo anárquico. Por el contrario, ha incrementado los flujos especulativos, provocando más desigualdad, concentración de la riqueza y volatilidad en los mercados emergentes. En lo que sí han invertido estas elites globales fue en la adquisición de medios de comunicación, periodistas y think tanks, cuyo rol fundamental consiste en presionar a los gobiernos, las instituciones multilaterales y la sociedad civil para darle continuidad a su legitimación. También se han involucrado en campañas políticas y de formación de operadores judiciales, con el único objetivo de impedir que accedan a puestos gubernamentales quienes se oponen a esta lógica impúdica, reproductora de la miseria y la pobreza.
Cada vez que el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODS-UCA) difunde sus informes sobre la pobreza, los poderes fácticos locales, conformados por los grupos financieros, los exportadores, las empresas transnacionales y las corporaciones mediáticas, irrumpen compungidos y se disponen a proponer como solución las mismas medidas ortodoxas que son causa inequívoca de la ruina socioeconómica de la Argentina.
La operación comunicacional utilizada para sobreactuar consternación consiste en mostrarse extrínsecos al resultado de las estadísticas. Buscan impedir, en forma denodada, que se vincule la riqueza por ellos acumulada con el empobrecimiento de las mayorías sociales. Sin embargo, la pobreza no puede pensarse sin la capacidad de generación de riqueza que posee una sociedad. Si existe suficiente riqueza para ser distribuida en un conjunto demográfico determinado, pero las reglas permiten/habilitan su flujo hacia porciones minúsculas de la sociedad, es que las instituciones son funcionales a la producción sistemática de la pobreza.
La pobreza es un concepto relacional: escindir la pobreza de la riqueza es el remanido artilugio utilizado para impedir que se revean las reglas que permiten esa asimetría. Los sectores del privilegio se empeñan en disociar la miseria del enriquecimiento. Necesitan desvincular ambas caras de la moneda para distanciar dos hechos inseparables: el enriquecimiento social acumulado y respectiva asignación / reparto dentro del conjunto de la sociedad. Esta separación forzada les resulta indispensable para evitar que se debata sobre las reglas que permiten tal apropiación inequitativa.
La desigualdad de los ingresos muestra que el 10% más acaudalado de la sociedad percibe 19 veces el ingreso del 10% menos favorecido. Esa relación es aún más inequitativa si se mide la riqueza, es decir la acumulación de propiedades. Para invisibilizar esta evidencia, los corporativos locales simulan una preocupación caritativa. Pero omiten su responsabilidad, por ejemplo, en su especulación contra el peso, cuyo último capítulo fue escenificado en el segundo trimestre de este año. Aunque en esta ocasión no han logrado su cometido dada la decisión del gobierno de lxs Fernández, las devaluaciones sucedidas en las últimas décadas han derivado en el incremento de la miseria de amplias capas sociales. Y su reverso produjo una mayor concentración de quienes poseen capacidad para vincularse con el mercado de divisas.
El último jueves, uno de los máximos referentes de esta distribución inequitativa –el CEO y principal accionista de Techint, Paolo Rocca– se quejó ante el ministro Martín Guzmán por la presión impositiva (en plena emergencia sanitaria) y el excesivo gasto público. Además afirmó que “es el sector privado el motor principal. El Estado tiene el rol de regular y se ha visto en la pandemia”. A los corporativos como el titular de Techint le resultaría difícil aceptar que el rol cumplido por el gobierno en la situación actual de emergencia sanitaria no fue el de regular. Supuso una intervención, incluso, para impedir que el caracterizado como motor principal no genere una crisis más aguda que la que se transita a nivel global. Ni siquiera en etapas tan evidentes de intervención estatal, los actores concentrados pueden aceptar el rol central del Estado como dispositivo de orientación económica y social. De admitir esa autoridad, vislumbran, le estarían concediendo una abierta legitimidad a la democracia –y a su sustento, la voluntad popular– por sobre el mercado. Supondría, además, por analogía, aceptar la práctica política como una función cívica relevante y transcendental para la organización y la gestión de lo público. La elasticidad de sus dogmas neoliberales no les permite llegar a tanto.
Los lamentos de Rocca, relativos a la supuesta presión impositiva, no coinciden con las utilidades expuestas en sus balances. Durante 2019, una de sus empresas, Ternium, comercializó por $ 107.000 millones, obteniendo $ 11.096 millones de utilidad neta. Otra, Tenaris Siderca, registró ingresos por U$S 7.294 millones y un beneficio de U$S 731 millones. El tercer balance del que se cuenta con información –dado que hay varias empresas subsidiarias a las que no se logró acceder–, señala que Tecpetrol facturó por $ 64.000 millones y se benefició con $ 4.200 millones. Y tampoco coinciden con la carga impositiva a la riqueza motorizada por diferentes países, algunos de los cuales causan profunda envidia aspiracional de los cambiemitas locales: la recaudación de impuestos a la riqueza es en Argentina un 25% menor que la de Brasil y Colombia (1,2% de sus respectivos PBI), e inmensamente inferior a lo tributado dentro de los países desarrollados (2,0% del producto en la OCDE y más de 2,5% en Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Francia, Israel y Reino Unido).
El supremacismo local, hijo dilecto de una concepción colonizada, busca remedar a los países centrales. Pero no a costa de emularlos en los aportes exigidos a sus sectores más pudientes. En noviembre, el relator especial de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Olivier de Schutter, manifestó que “la capacidad de los países para mantener esquemas de tributación progresiva ha sido desafiada por los ricos, que pueden trasladar sus empresas fácilmente a otras jurisdicciones como paraísos fiscales o territorios con tipos de sociedades que pagan menos impuestos”.
La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias no se percibe como responsable de la pobreza.
En forma análoga, la Asociación Empresaria Argentina insiste en reclamarle al gobierno el “respeto de las instituciones, la propiedad privada y las reglas de juego”. Las tres dimensiones remiten a la misma pretensión: garantizar mecanismos que habilitan la continuidad del empobrecimiento generalizado. Su contracara es el enriquecimiento en pocas manos. Lo que se omite insistentemente es que la persistencia de estas reglas del juego –tal como lo requieren las corporaciones– es la condición de posibilidad de la reproducción estructural de la pobreza. Uno de los máximos referentes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) –Luis Pagani, titular de Arcor– solicitó una semana atrás la eliminación de precios máximos para los alimentos. El balance de su empresa consigna una ganancia neta de 4.400 millones de pesos en los primeros 9 meses de 2020.
Seis décadas atrás, un 14 de noviembre de 1960, una niña de 6 años llamada Ruby Bridges ingresaba en la escuela William Frantz Elementary de Nueva Orleans, Louisiana. Era la primera vez que esa institución recibía una alumna afrodescendiente. Para poder ingresar, en el medio de los insultos de los padres y madres supremacistas, fue escoltada por agente del FBI enviados por el presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. La comunidad blanca había decidido impedir su ingreso porque reclamaba la continuidad de las políticas de segregación racial, declaradas como ilegales por la Corte Suprema en 1954.
Ruby había nació en Tylertown, Mississippi en 1954. Pero su trayecto a la escuela en 1960 se percibió como una afrenta para la comunidad supremacista que evaluaba como un pecado la interacción de niñxs blancos con criaturas afrodescendientes. Estos últimos podían ser valorados como mano de obra esclava o barata, pero nunca como sujetos de derechos similares a los herederos de los colonos europeos.
En el mismo periodo en que Ruby subió las escalinatas de la escuela algo que quebró. Esa imagen habría de quedar grabada en la conciencia política de toda una generación. Algo similar había ocurrido seis años antes, en diciembre de 1955, cuando Rosa Park decidió negarle su asiento, en un transporte público, a un ciudadano blanco, tal como exigían las tradiciones de respeto hacia los hombres considerados superiores.
Ruby fue la primera niña en asistir a una escuela que no estaba diseñada para estudiantes negros. Para impedir que pudiera ingresar –pese a las decisiones federales–, las autoridades escolares resolvieron tomarle un examen con la esperanza de poder rechazarla con criterios pseudo-educativos, dado que consideraban a los negros como inferiores intelectualmente. Ruby y otrxs 5 niñxs de la comunidad afroamericana lograron superar la prueba pero solo la familia Bridges se animó a desafiar a la horda de padres que se oponían en forma terminante con que una niña de sus características tuviese contactos con sus hijxs. Cuando Ruby llegó acompañada de los agente del FBI tenía puesto un jumper gris y una camisa blanca. Antes de subir la escalera le tiraron huevos y tomates podridos.
El día del inicio de las clases las autoridades educativas, lxs maestros y los funcionarios de la gobernación de Louisiana condenaron la presencia de Ruby y vaciaron la escuela con la esperanza de que los Bridges desistieran. Para garantizar las clases, la secretaría de educación hizo una convocatoria ad-hoc y logró que una maestra de Boston accediese a trasladarse 2000 kilómetros para ser la docente de Ruby.
“Yo no entendía qué pasaba –relató años después Ruby–, nunca imaginé que habían organizado una manifestación para impedir que yo acudiese a la escuela. Portaban pancartas, coreaban consignas que decían: ´No queremos integración´. Cuando entré con los funcionarios del gobierno federal, los padres y las madres decidieron retirar a sus hijxs porque especulaban con que las autoridades de la escuela no iban a permitirme ingresar. Mientras las maestras y los padres se iban con sus niñxs, me gritaban cosas que no podía entender, a través de una ventana”.
El colegio quedó desierto. En el segundo día de clases las autoridades resolvieron que lxs niñxs siguieran sus cursos sin la presencia de Ruby. Sin embargo, ese día le informaron a los padres de la niña que nadie aceptaba ser su compañera de clase. Pero su familia no se amedrentó. Ruby fue a su segundo día de clase y la recibió una mujer que la iluminó con una sonrisa: “Cuando entré vi a una mujer que dijo: ´Hola, soy tu maestra´. Lo primero que pensé fue: ´Pero… ¡Es blanca!´, Nunca había tenido vínculo con una persona blanca. Resultó ser la mejor maestra que jamas haya podido tener y por ella amé la escuela.”
La maestra Henry hizo 2000 kilómetros de historia. Viajó desde Boston porque lxs docentes de la ciudad rehusaban a darle clase a niñxs negrxs. La señora Henry también fue discriminada en su estancia en New Orleans porque siendo blanca accedió a mezclarse con una criatura negra. “Fue como una segunda madre para mí –señaló Ruby varios décadas después– y nos convertimos en las mejores amigas.” Eran Ruby y la Sera Henry. Solas. Nadie más. Todo su primer año fue igual, sin compañerxs de curso. Sin recreos. Sin juegos con otrxs niñxs. Sin tareas compartidas. Sin amigxs. Solo ellas dos.
La derecha latinoamericana continúa recibiendo malas noticias. Su percepción colonizada de la realidad insiste en reverenciar a Estados Unidos y a Europa occidental en el mismo momento en que sus referentes se ven derrotados y sus valores neoliberales licuados por el intervencionismo estatal.
El trumpismo se disuelve entre lamentos de autovictimización, espasmos de brutalidad y griteríos supremacistas. Sus partidarios globales, mientras tanto, perciben con inquietud creciente que el Estado, la política y las regulaciones institucionalizadas han retornado. Las medidas dispuestas por los países europeos –incluso aquellos cuyos gobiernos que se inscriben en tradiciones conservadoras y/o neoliberales– han decidido reducir el daño del Covid-19 limitando las autonomías individuales y la potestad de los grupos más concentrados. Pese a esas evidencias, provenientes de sus admiradas culturas de Occidente, las derechas locales insisten en desplegar una ofensiva articulada para socavar las tres dimensiones regulatorias que el Covid puso en circulación:
Las que refieren a los confinamientos y restringen la circulación de lxs trabajadores, (limitando la omnipotencia empresarial para continuar con su normalidad);
Las que suscitan las contribuciones estatales hacia los sectores populares mediante las ayudas de emergencia (y por lo tanto limitan la capacidad autoritativa de los CEOs);
Y, sobre todo, las que instalan o sugieren paradigmas futuros de gestión gubernamental que pueden condicionar el omnímodo poder de las empresas monopólicas.
En los tres casos, los CEOs globalizados observan un riesgo latente respecto al porvenir: perciben que algunas de las iniciativas desplegadas por los gobiernos pueden convertirse en la plataforma genuina de acciones futuras. Su desvelo central es la legitimación (y ampliación) de las capacidades de arbitraje estatal y la consecuente depreciación de la autoridad empresarial que –con obstinación diplomática– insisten en designar como mercado. Los confinamientos han diluido la capacidad de los sectores concentrados para imponer su agenda. En el nuevo escenario, los asalariados formales no se ven obligados a implorar auxilios ante sus empleadores, situación que altera la ascendencia de estos últimos sobre los colectivos subalternos. La persistencia de la crisis sanitaria reconfigura las expectativas de las sociedades y las convoca a interrogarse sobre potenciales alteraciones respecto a la normalidad futura. Eso supone contingencias que los sectores privilegiados perciben con inquietud y temor, sobre todo con relación a la capacidad ulterior de los Estados para regular a los mercados.
Esta semana el número de contagiados alcanzó los 46 millones. Un total de 1,19 millones de personas fallecieron desde que el virus fue detectado a principios del año en curso. Con el otoño europeo se inició la denominada segunda ola de contagios, que reinstaló a Europa como el epicentro de transmisión del virus a nivel global. El último miércoles, en Francia, el Ministerio de Salud registró 40.500 nuevos contagios y 385 muertes en los hospitales, cifra que no incluye los fallecimientos en las residencias para adultos mayores.
En Polonia el Primer Ministro Michal Dworczyk informó el último jueves que el sistema de salud está colapsado respecto a las camas hospitalarias, a la cantidad de ventiladores proveedores de oxígeno y al personal sanitario. En Austria se decidió el toque de queda, el teletrabajo y el confinamiento domiciliario. Italia se sumó en la última semana a las medidas dispuestas por el mandatario conservador austríaco, Sebastian Kurz, y Bélgica, uno de los países más golpeados por el virus, se decidió a establecer políticas de confinamiento luego de haber desconfiado de ellas en la primera fase de contagios.
En Alemania, otro de los Estados gobernados por una alianza de centroderecha, la administración federal acordó la clausura, durante noviembre, de bares, restaurantes, museos, cines, teatros, piscinas y gimnasios, y en Portugal se instruyó el deber cívico del confinamiento en todas las ciudades del país. En el Reino Unido el Primer Ministro Boris Johnson anunció el regreso a la cuarentena estricta, dado que el país registró durante la última semana un promedio de 20 casos diarios. La Unión Europea se comprometió a poner a disposición una flota de aeronaves para paliar los previsibles colapsos hospitalarios. Los contagios en el Viejo Continente ascendieron a un 40 % –respecto del mes anterior– y el número total de contagiados alcanzó los 10 millones de casos, con la fatídica suma de 278.000 muertos desde que comenzó la pandemia.
El establishment corporativo local sumó en las últimas semanas un arsenal de tergiversaciones economicistas, fraseologías bienpensantes y arengas artificiosas para contribuir a la planificada tarea de desunir, debilitar y/o hundir al gobierno de lxs Fernández. Las remanidas intrigas y fábulas utilizadas por los portavoces del neoliberalismo local, auxiliados por la trifecta mediática, buscan desmoralizar, sembrar la desconfianza y deslizar en forma paulatina la imagen de una incapacidad funcional del Frente de Todxs para resolver los acuciantes desafíos políticos de la etapa. Las cuatro áreas en las que se pretende instituir la agenda de demolición durante los próximos tres años de gobierno son:
el trabajo, la productividad y la creación de riqueza,
la calidad institucional,
la censura y la libertad de expresión, y
la propiedad como eje único y central de la relación ciudadana.
El último 20 de octubre, Mauricio Macri afirmó que en la actualidad “el peronismo es el partido de los que no trabajan”. Esta aseveración repite uno de los mantras elegidos por los sectores hegemónicos para dañar el entramado político-social que encarna el oficialismo y al mismo tiempo empoderar a los sectores más reaccionarios que desde el campo y las finanzas sueñan con un desmembramiento estrepitoso del gobierno nacional. Según este artificio retórico, los generadores prioritarios de la riqueza son los especuladores del mundo de las finanzas, los inversores, los rentistas de característica extractivista y los CEOs, expertos en el arte del despido masivo y la extranjerización de las empresas locales. El conglomerado de voceros del establishment se empecina en viralizar esta perorata del mundo del revés tratando de instalar la creencia maniquea acerca de que la creación de valor tiene como protagonistas centrales a los empresarios/inversores y como subalternos e insignificantes a lxs trabajadores.
Al mismo tiempo, recuperan un mito fundacional de la generación del ’80 sobre los “vagos y mal entretenidos”, grabado a fuego en la persecución a los gauchos y a sus caudillos. Por último, a través de esta versión apócrifa, se completa la culpabilización de las víctimas de todos los programas neoliberales: se las responsabiliza de su indefensión sociolaboral, condenándolas a portar la etiqueta de haraganas e indolentes.
Quienes permanecen en situación de desocupación, subocupación y/o forman parte de la economía informal insisten en integrarse a un mercado laboral que ha demostrado ser incapaz –en las últimas cinco décadas– de responder a sus demandas. Mientras tanto los cambiemitas se reservan el pedestal de auténticos propulsores de la cultura del trabajo y la productividad, haciendo caso omiso de su récord como destructores de puestos de trabajo y pymes, evidenciado durante el cuatrienio que estuvieron al frente del gobierno nacional. Juntos por el Cambio concluyó su mandato con un saldo negativo –según los datos provistos por AFIP– de 24.500 empresas menos que en diciembre de 2015. Un promedio de 45 bajas por día hábil. Estos datos duros no lograron llamar a recato a quien se constituyó en el único Presidente en la historia de nuestro país que superó los 140 días de vacaciones en los cuatro años que duró su mandato, casi el 10% de los 1.460 días de su presidencia. En la remanida teoría de la meritocracia –tan citada por los prohombres de las herencias garantizadas–, no figuran estos modelos de ociosidad aristocrática.
El segundo de los mitos que pretende arraigar el conglomerado neoliberal (en sus diferentes versiones: bolsonarista, marca Patricia Bullrich o farandulizada, tipo Javier Milei) es su pretendido apego a las instituciones republicanas. Quienes apostrofan sobre el respeto a las reglas del juego constitucional, sin embargo, suelen impugnarlas en forma sistemática. Cuando son derrotados en una votación en las Cámaras o se aprueba una norma que cuestiona el status de los privilegios más acendrados, se trasladan a los tribunales de Retiro para judicializar la política. Cuando se deciden políticas soberanas –como el Memorándum de Entendimiento con Irán, con el único objetivo de darle continuidad al juicio por el atentado de 1994–, se apela a la presión foránea de embajadas extranjeras, a la coacción de fondos buitre y a la persecución penal contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La vociferada institucionalidad requerida por la derecha neoliberal también queda opacada cuando se trata de respetar la normativa vigente respecto a la movilidad de jueces o al rol constitucional que le corresponde al Consejo de la Magistratura, encargado de designar a los magistrados y administrar el Poder Judicial. En la curiosa formulación cambiemita –que enaltece la letra constitucional sin respetarla–, la institucionalidad se venera cuando se nombran jueces de la Corte Suprema por decreto, pero se viola cuando se devuelve a magistrados al despacho para el que obtuvieron su acuerdo por parte el Senado.
El último 16 de septiembre se presentó el documento “Cinco decisiones para poner a Argentina de pie”, promocionado por 28 organizaciones ligadas al pensamiento ultraliberal, conglomerado que busca ser conocido como libertario. Sus propulsores son un conjunto de centros de estudios, asociaciones civiles, cámaras empresariales y grupos financieros ligados a la Red Atlas, el entramado de think tanks, grupos de lobby y organizaciones ligadas al Departamento de Estado de los Estados Unidos, orientados a influir en la política doméstica de América Latina y reprimir la aplicación de políticas soberanas en la región.
La iniciativa, de la que participaron Ricardo López Murphy y Álvaro Alsogaray (h) entre otros, dio continuidad al Foro Latinoamericano de la Libertad –que tuvo lugar en septiembre de 2017 en Buenos Aires, con la participación estelar de Mario Vargas Llosa y Mauricio Macri–, y al Foro para la Libertad en Latinoamérica, de mayo de ese mismo año. Las tres iniciativas fueron impulsadas y coordinadas a nivel internacional por la Fundación Atlas para la Investigación Económica. Su líder en América Latina es el argentino con residencia en Estados Unidos Alejandro Chafuen, cuyo lema de cabecera es “ofrecer soluciones privadas a los problemas públicos”.
Esta red de organizaciones es la versión local del Partido Republicano, hoy subyugado por los libertarians, el supremacismo trumpista y la negación de la pandemia. Sus iniciativas son financiadas e impulsadas por la National Endowment for Democracy (Fundación Nacional para la Democracia, NED por su sigla en inglés) y la USAID (Agencia del Desarrollo Internacional de Estados Unidos), ambas instituciones oficiales del entramado burocrático de Washington, responsables de propagar la versión blanda del Departamento de Estado, para disciplinar o fustigar a las fuerzas sociales que resisten las políticas neoliberales.
El objetivo planteado por la Red Atlas es destruir las regulaciones estatales para que el mercado sea la única institución encargada de regular las relaciones económicas y sociales. Sostienen una concepción de libertad únicamente asociada a la propiedad y catalogan las políticas tributarias como confiscatorias. Esa es la razón por la que cuestionan la cuarentena y alientan el fin del cuidado mutuo alentado por el gobierno. Expresan el temor a que las regulaciones sanitarias limiten la continuidad de su facturación y sus consecuentes ganancias. Sus referentes, bajo eufemismos más o menos explícitos, catalogan como populismo al orden democrático. Toda mayoría que busque un camino alternativo a la financiarización y que promueva la pluralización de los derechos sociales y económicos será catalogada como autoritaria, antigua, vaga o choriplanera.
El programa de la Red Atlas repite el decálogo de Trump: limitar o suprimir el impuesto a los más pudientes, privatizar empresas públicas y limitar el poder de los sindicatos. En síntesis: pregonan la libertad de los privilegiados para incrementar una mayor porción de la riqueza nacional. Además, en su versión desestabilizadora, son especialistas en inocular el desánimo y horadar la confianza pública en los gobiernos que no se pliegan a su demandas. Se apropian de la palabra libertad para evitar que las regulaciones estatales e internacionales impidan, regulen o limiten su acumulación financiarizada. Buscan que sus grupos de presión sean autorizados para instituir las regulaciones estatales por fuera de la voluntad popular, porque consideran que el mercado debe gobernar por sobre la democracia. Desvalorizan al Estado porque son conscientes de que es el único actor institucional que puede poner coto a la depredación económica y ambiental que promueven. Esa es también la razón por la que desprecian la solidaridad y el altruismo. Consagran al egoísmo como un valor positivo y el sometimiento de los más débiles y humildes como la consecuencia de un orden natural darwiniano ineludible.
Atlas Network es una organización fundada en 1981 en Estados Unidos, en homenaje a la escritora Ayn Rand, autora de la novela La liberación de Atlas, devenida en biblia de los ultraliberales, autodenominados en el mundo anglosajón como libertarians. La Red comunica en su portal que posee 447 socios a nivel internacional, en 95 países. Dentro de Latinoamérica cuentan con 99 partners. Su financiamiento proviene no solo de las agencias gubernamentales de Estados Unidos, sino de grandes empresas interesadas en maximizar sus ganancias mediante la reducción impositiva. Entre sus más importantes aportantes figuran los multimillonarios ultraconservadores Charles y David Koch, y Sheldon Adelson (el máximo financista de la campaña electoral de Donald Trump en 2016). Una de las tesis que prologa los documentos de la Red fue acuñada por James McGill Buchanan –economista de la Universidad de Chicago–: “Para que prospere el capitalismo, hay que ponerle cadenas a la democracia”.
Los socios de la Red Atlas en América Latina incluyen la Fundación Pensar de Mauricio Macri y los centros de investigación de los que forman parte Roberto Cachanovsky, José Luis Espert, Javier Milei, Agustín Etchebarne y Ricardo López Murphy.
El Ministro de Defensa de los Estados Unidos, general James Mattis, ha finalizado su gira de cuatros días por Brasil, la Argentina, Chile y Colombia, con el objetivo central de recuperar autoridad en una región en la que Washington ha ido perdiendo influencia en forma creciente en las últimas dos décadas, tanto en aspectos comerciales como de inversión y estratégicos.
Los adversarios de Mattis (apodado “perro rabioso” entre el cuerpo de marines del que formó parte durante 44 años), son el multilateralismo, al que se ha plegado una gran parte de los países de América Latina y el Caribe, la integración regional —generada por los gobiernos progresistas de la primera década y media del siglo XXI—, y la resistencia de varios Estados al modelo de subalternidad neocolonial injerencista, ahondado por Trump desde su asunción en 2016.
Mattis aterrizó para constreñir, limitar e intentar reducir la influencia de sus dos competidores centrales: China y Rusia. Ambos desafían el hegemonismo histórico del Pentágono en la región a partir del desarrollo de rutas comerciales, acuerdos diplomáticos y cooperaciones estratégicas que no tienen como contraparte la imposición de modelos gubernamentales alineados con las trasnacionales ni imposiciones de financiarización característicos del neoliberalismo depredador.
Xi con Putin
Uno de los funcionarios de más alto rango del área que comanda Mattis, el subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Sergio de la Peña, afirmó que “nos preocupa que China tiene una forma de hacer negocios que no necesariamente responde de la mejor manera posible a los intereses de nuestros socios en el hemisferio (…) Son generosos con sus préstamos pero si no puedes pagar conseguirán a cambio algún tipo de compensación”. Ése es el esquema extorsivo que Estados Unidos ha cumplido históricamente en la región, junto a los organismos multilaterales que controla, sobre todo el FMI.
EL CIERVO HERIDO, un blog de Omar González 
