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GALÁPAGOS: NUEVO «PORTAVIONES NATURAL» EN SUDAMÉRICA. JUAN J. PAZ Y MIÑO CEPEDA

JUAN J. PAZ Y MIÑO CEPEDA

bio-juanPazYMinoUn estudio pionero sobre las relaciones entre las fuerzas armadas del Ecuador y las de Estados Unidos, fue la obra Imperialismo y militarismo en América Latina (1970) de Manuel Agustín Aguirre (MAA, 1903-1992), destacado intelectual marxista, profesor, ex rector de la Universidad Central y activo militante fundador del Partido Socialista Revolucionario (PSR, 1963), otra ramificación de la izquierda marxista ecuatoriana.

El argumento central del libro gira en torno a una idea: el militarismo en América Latina es el brazo armado del imperialismo.

Para explicar su posición, MAA empieza con un breve recuento de lo que ha sido el imperialismo en sus orígenes. Se remonta a la doctrina del «Destino Manifiesto», según la cual los EEUU deben cumplir un rol providencial sobre todo el continente. Observa, además, como ese providencialismo se complementó con la Doctrina Monroe del “América para los americanos”, destinada a garantizar que el continente se mantuviera bajo la órbita de los EEUU, sin injerencia de potencias extrañas; y añade el examen del “Big Stick”, la “Diplomacia del dólar” y la de “Buena vecindad”, convertidas en políticas de fuerza e intervención. ​

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fue la ocasión para la hegemonía de los EEUU y para que las fuerzas armadas de los países latinoamericanos quedaran alineadas con las estrategias de la guerra fría en la lucha contra el “comunismo”. En efecto, al Comité de Enlace Permanente (1938) siguió la Junta Interamericana de Defensa (1942) y finalmente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) suscrito en 1947.

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ECUADOR: PRIVATIZACIONES EN MARCHA. JUAN J. PAZ Y MIÑO CEPEDA

JUAN J. PAZ Y MIÑO CEPEDA

Juan Paz y MiñoEl Acuerdo del Ecuador con el FMI señala, entre las medidas que deben cumplirse en 2019: «Monetizar activos que permanecerán bajo propiedad pública pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a socios privados. Este proceso se realizará de manera absolutamente transparente, maximizando los beneficios para el Estado, asegurando que la cobertura de servicios no sea afectada y evitando pasivos contingentes en la presupuestación».

También en dicho acuerdo consta: «Asociaciones público-privadas. A fin de alentar la inversión privada, legislaremos un marco institucional para asociaciones público-privadas siguiendo las mejores prácticas internacionales. Consideramos que esto aumentará la productividad, disminuirá las presiones presupuestarias y producirá mayores ganancias por eficiencia, las cuales también impulsarán el crecimiento de la productividad».

Los términos utilizados en la carta de intención con el FMI (como “monetizar activos” de propieda pública) sirven para disfrazar un hecho esencial: la PRIVATIZACIÓN de bienes y servicios del Estado.

Poco importa que se diga “permanecerán bajo propiedad pública”, porque claramente se especifica que los “derechos de concesión serán otorgados a socios privados” (mediante concesión, asociación, alianza estratégica u otras formas contractuales); y, desde luego, no es más que una cuestión de palabras afirmar “maximizando los beneficios para el Estado”, y además “asegurando” que la cobertura de sus servicios “no sea afectada”.

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