Falacias y tergiversaciones en los intentos sistemáticos de demolición del gobierno
Macri, el primer trabajador

El establishment corporativo local sumó en las últimas semanas un arsenal de tergiversaciones economicistas, fraseologías bienpensantes y arengas artificiosas para contribuir a la planificada tarea de desunir, debilitar y/o hundir al gobierno de lxs Fernández. Las remanidas intrigas y fábulas utilizadas por los portavoces del neoliberalismo local, auxiliados por la trifecta mediática, buscan desmoralizar, sembrar la desconfianza y deslizar en forma paulatina la imagen de una incapacidad funcional del Frente de Todxs para resolver los acuciantes desafíos políticos de la etapa. Las cuatro áreas en las que se pretende instituir la agenda de demolición durante los próximos tres años de gobierno son:
- el trabajo, la productividad y la creación de riqueza,
- la calidad institucional,
- la censura y la libertad de expresión, y
- la propiedad como eje único y central de la relación ciudadana.
El último 20 de octubre, Mauricio Macri afirmó que en la actualidad “el peronismo es el partido de los que no trabajan”. Esta aseveración repite uno de los mantras elegidos por los sectores hegemónicos para dañar el entramado político-social que encarna el oficialismo y al mismo tiempo empoderar a los sectores más reaccionarios que desde el campo y las finanzas sueñan con un desmembramiento estrepitoso del gobierno nacional. Según este artificio retórico, los generadores prioritarios de la riqueza son los especuladores del mundo de las finanzas, los inversores, los rentistas de característica extractivista y los CEOs, expertos en el arte del despido masivo y la extranjerización de las empresas locales. El conglomerado de voceros del establishment se empecina en viralizar esta perorata del mundo del revés tratando de instalar la creencia maniquea acerca de que la creación de valor tiene como protagonistas centrales a los empresarios/inversores y como subalternos e insignificantes a lxs trabajadores.
Al mismo tiempo, recuperan un mito fundacional de la generación del ’80 sobre los “vagos y mal entretenidos”, grabado a fuego en la persecución a los gauchos y a sus caudillos. Por último, a través de esta versión apócrifa, se completa la culpabilización de las víctimas de todos los programas neoliberales: se las responsabiliza de su indefensión sociolaboral, condenándolas a portar la etiqueta de haraganas e indolentes.
Quienes permanecen en situación de desocupación, subocupación y/o forman parte de la economía informal insisten en integrarse a un mercado laboral que ha demostrado ser incapaz –en las últimas cinco décadas– de responder a sus demandas. Mientras tanto los cambiemitas se reservan el pedestal de auténticos propulsores de la cultura del trabajo y la productividad, haciendo caso omiso de su récord como destructores de puestos de trabajo y pymes, evidenciado durante el cuatrienio que estuvieron al frente del gobierno nacional. Juntos por el Cambio concluyó su mandato con un saldo negativo –según los datos provistos por AFIP– de 24.500 empresas menos que en diciembre de 2015. Un promedio de 45 bajas por día hábil. Estos datos duros no lograron llamar a recato a quien se constituyó en el único Presidente en la historia de nuestro país que superó los 140 días de vacaciones en los cuatro años que duró su mandato, casi el 10% de los 1.460 días de su presidencia. En la remanida teoría de la meritocracia –tan citada por los prohombres de las herencias garantizadas–, no figuran estos modelos de ociosidad aristocrática.
El segundo de los mitos que pretende arraigar el conglomerado neoliberal (en sus diferentes versiones: bolsonarista, marca Patricia Bullrich o farandulizada, tipo Javier Milei) es su pretendido apego a las instituciones republicanas. Quienes apostrofan sobre el respeto a las reglas del juego constitucional, sin embargo, suelen impugnarlas en forma sistemática. Cuando son derrotados en una votación en las Cámaras o se aprueba una norma que cuestiona el status de los privilegios más acendrados, se trasladan a los tribunales de Retiro para judicializar la política. Cuando se deciden políticas soberanas –como el Memorándum de Entendimiento con Irán, con el único objetivo de darle continuidad al juicio por el atentado de 1994–, se apela a la presión foránea de embajadas extranjeras, a la coacción de fondos buitre y a la persecución penal contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La vociferada institucionalidad requerida por la derecha neoliberal también queda opacada cuando se trata de respetar la normativa vigente respecto a la movilidad de jueces o al rol constitucional que le corresponde al Consejo de la Magistratura, encargado de designar a los magistrados y administrar el Poder Judicial. En la curiosa formulación cambiemita –que enaltece la letra constitucional sin respetarla–, la institucionalidad se venera cuando se nombran jueces de la Corte Suprema por decreto, pero se viola cuando se devuelve a magistrados al despacho para el que obtuvieron su acuerdo por parte el Senado.
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