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PARADOJALES RESULTADOS DE UNA “FAKE NEWS”. ATILIO A. BORÓN

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Los ojos con que Michelle Bachelet mira a Venezuela

 

ATILIO A. BORÓN

ATILIO 3Ayer por la tarde Clarín y La Nación titulaban su edición digital con grandes caracteres celebrando el pronunciamiento del gobierno argentino en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU reunida en Ginebra. Engullendo sin la menor perspicacia la noticia –incompleta y tendenciosa, y por lo tanto falsa– difundida por la “prensa independiente” la dirección del PRO no tardó en emitir una declaración en donde “felicitaba” al gobierno argentino por su “reconocimiento, tardío pero correcto, sobre la gravísima situación venezolana.” El comunicado titulado “Mejor tarde que nunca” fue firmado por Patricia Bullrich y Fulvio Pompeo (no confundir con Mike, el Secretario de Estado, aunque uno y otro piensen igual) culmina con una exhortación al gobierno para que sostenga esta actitud “en el tiempo, en los distintos ámbitos políticos y diplomáticos existentes, con el fin de apoyar un proceso que permita sin más demora la celebración de elecciones libres e independientes en Venezuela.” En este caso la verdad a medias que creó la “fake news” engañó y les hizo pasar un papelón a quienes son sus incansables promotores. En efecto, a poco andar se conoció la versión completa de la postura argentina en donde se ratificaba: a) el reconocimiento de Nicolás Maduro como el único presidente legítimo de Venezuela; b) la legalidad del llamado a elecciones parlamentarias convocadas por el gobierno bolivariano para diciembre de este año; c) se reafirmaba la condena al bloqueo y las sanciones económicas, que exacerbaban los sufrimientos de la población; d) y se hacía lo propio con el principio de no intervención tema sobre el cual, en el programa de Víctor Hugo Morales por la AM 750, el presidente reafirmó que nadie tenía derecho a decirle a los venezolanos como debían arreglar sus problemas. “Ni yo, ni Trump, ni nadie”, sentenció, para desconsuelo de una derecha colonizada que sí le asigna ese derecho al presidente de Estados Unidos. Además, en la entrevista Fernández recordó la frustrada intervención de José Luis Rodríguez Zapatero para normalizar el proceso electoral en Venezuela y que fue saboteada, a último momento y cuando estaba todo resuelto, por la actitud antidemocrática de la oposición.

El resultado: una fake news que le jugó una mala pasada a la derecha. Para colmo, con sus aclaraciones en el día de hoy, el presidente se alejó aún más del Grupo de Lima, al que juzgó como irrelevante e irrepresentativo; y descalificó explícitamente –y llamándolo por su nombre– los presuntos derechos que el ocupante de la Casa Blanca esgrime para inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Reafirmó también su rechazo al golpe y la dictadura en Bolivia y el compromiso de la Argentina con el ex presidente Evo Morales y cuantos bolivianos busquen asilo en este país.

Dos conclusiones surgen de este episodio: primera, que es imprescindible alinear a la Cancillería con las posturas de la Casa Rosada. No hay que ser un lince ni capaz de ver bajo el agua para percatarse que las melodías que resuenan en el Palacio San Martín no gozan del agrado del presidente. Y para jugar un papel positivo en el concierto regional o internacional este país tiene que tener una política exterior, no dos, y evitar que el presidente tenga que salir a aclarar ante los medios qué fue lo que hizo o dijo la Cancillería. Segunda conclusión: la Argentina podría haber ido un poco más lejos en su intervención en Ginebra. Por ejemplo, cuestionando la imperdonable –-y permanente– omisión que Michelle Bachelet hace del tema de las sanciones económicas y el bloqueo a Venezuela cada vez que examina la situación de los derechos humanos en ese país. Podría también haber manifestado su insatisfacción ante el hecho de que la funcionaria no hubiese utilizado la misma vara para juzgar el criminal accionar de las fuerzas policiales en Chile, con sus casi cuatrocientas personas que quedaron ciegas o perdieron un ojo, amén de las mujeres violadas y los miles de detenidos y la treintena de muertos durante la represión; o señalar la incongruencia de hablar de “tortura y malos tratos y la violencia de género” a manos de las fuerzas de seguridad en un continente en donde el maltrato (que no siempre es tortura) y la violencia de género son pan de cada día, incluyendo a la Argentina. Pese a ello, a esa señora sólo le preocupa lo que pueda ocurrir bajo el gobierno de Nicolás Maduro, al paso que ignora las masivas violaciones de los derechos humanos perpetradas en Chile por el régimen de Piñera o en la dictadura boliviana. Podría también el gobierno argentino haberle solicitado que tornase su inquisitiva mirada hacia la vecina Colombia en donde, según la agencia EFE, nada sospechosa de simpatías chavistas, el gobierno de Iván Duque fue responsable o cómplice del asesinato  de 100 activistas sociales y políticos entre el 1º de enero y el 15 de mayo de este año.* Pero Bogotá es un proxy del gobierno de Estados Unidos y Bachelet, en su papel de sumisa sirvienta de la Casa Blanca, ni se le pasa por la cabeza hacer tal cosa y prefiere lanzar sus dardos contra la República Bolivariana en lugar de hacerlo contra el narcogobierno colombiano. En fin, haciendo las sumas y las restas, gracias a la “fake news” de Clarín y La Nación la política del gobierno argentino hacia Venezuela quedó dibujada con perfiles más nítidos y esperanzadores. Y esto es una buena noticia.

*https://www.efe.com/efe/america/sociedad/sube-a-100-la-cifra-de-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-2020-dice-ong/20000013-4248539

¿ES CREÍBLE EL INFORME BACHELET SOBRE VENEZUELA? MARCOS ROITMAN ROSENMANN

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MARCOS ROITMAN ROSENMANN

MARCOS ROITMAN 4Pensar que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentaría un informe sobre Venezuela positivo hacia el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro sería ingenuo. Creer que su elaboración estaría exenta de prejuicios, temerario. La manipulación, entraba en los cálculos. Así, tenemos un resultado a medida. Para la Alta Comisionada los hechos constatan la violación de los derechos humanos. Hay escasez de productos básicos, un aumento de la violencia, detenciones de políticos de oposición, y un sin fin de problemas que afectan la convivencia de los venezolanos. Faltan medicinas, los alimentos escasean y la corrupción está a la orden del día. Proliferan las manifestaciones, los cortes de luz, las huelgas. Resultado: crisis humanitaria. Culpable del deterioro de los derechos humanos: el gobierno.

Max Weber, sociólogo nada proclive a tendencias izquierdistas, socialistas o marxistas, cuando se encontraba con afirmaciones tan rotundas, dudaba. A tanta contundencia respondía: si bien todo hecho es una realidad particularmente evidente, no toda realidad particularmente evidente es explicación causal de los hechos. Si una persona tiene cáncer, el cáncer no explica cuáles han sido las causas de su emergencia. Si obviamos sus orígenes no adelantamos nada.

Todos los hechos sociales tienen una direccionalidad y apuntan una matriz institucional. Es decir, responden a una construcción política, son expresión de un campo de fuerza, sujetos y voluntades, relaciones sociales, nuevamente Weber, de lucha de clases e intereses antagónicos. Hablar de los derechos humanos al margen de lo político, es un sin sentido. Es tanto como afirmar que saber leer y escribir son hechos naturales y respirar una conquista social. Sin embargo, eso parece estar en la base del argumentario de la alta Comisionada cuando medita sobre el espíritu de su informe: Un sacerdote católico me dijo en Caracas: no se trata de política, sino del sufrimiento de la gente. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho. (sic) Su papel de árbitro se difumina. Al decir de Simmel, el mediador, si este fuese el caso, debe articular propuestas, abrir espacios políticos, apoyar soluciones negociadas y facilitar consensos. No puede favorecer a una de las partes. Si lo hace, rompe su papel mediador y actúa con intenciones mezquinas y perversas.

Veamos un ejemplo. El informe señala la realización de 558 entrevistas. Debemos presuponer que Bachelet pudo reunirse sin ningún tipo de cortapisa con todas las organizaciones de la sociedad civil y sus representantes políticos en su visita al país. De hecho se fotografió con el autoproclamado presidente Juan Guaidó y también con el presidente constitucional y legítimo Nicolás Maduro. Pero vaya fiasco. De las 558 entrevistas a las que alude el informe, 460 se realizaron en el exterior. Los países elegidos: España, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, México y Perú. Es decir, 82 por ciento de los encuestados no vivía en territorio venezolano. Dato que fue ocultado en el informe. Igualmente se menciona la terrible persecución ideológica y la censura a los medios de comunicación opositores, el cierre de periódicos, radios, medios de comunicación. Ni una palabra de las 32 nuevas licencias de radio a emisoras privadas. Tampoco se menciona que la televisión por cable, opción mayoritaria entre los venezolanos, está en manos de la empresa privada. Se oculta que la prensa escrita privada, ronda 75 por ciento y que las radios públicas no superan 30 por ciento del conjunto nacional. Por otro lado, la Alta Comisionada desestimó las informaciones obtenida a petición propia sobre la situación de los derechos humanos a ministerios, organismos oficiales e instituciones públicas. Mintió al señalar que sólo existe un centro penitenciario de mujeres, cuando en realidad están funcionando 17 en todo el país. Resulta inexplicable que la Alta Comisionada redactase un cuestionario ad hoc para las autoridades venezolanas recabando datos de las denuncias por violación de los derechos humanos realizadas por los partidos de oposición y las desestimase como información para elaborar su informe. En él no se mencionan las guarimbas, pero si la violencia de las fuerzas de seguridad del Estado. ¡Cómo olvidar que se trata de un informe apolítico, neutral y equilibrado! Y lo más grave: manipula y distorsiona los hechos al no explicar sus causas. Nada del sabotaje, las sanciones, el bloqueo económico y los llamados a las fuerzas armadas a romper el orden constitucional. Esos datos no aplican a la violación de los derechos humanos. Poco creíble un informe donde desaparecen los motivos y no se investigan las causas de la crisis. No se trata de negar los hechos, sino de explicarlos y buscar salidas. Lamentablemente, el informe tiene un objetivo, ser un arma en manos de la oposición y sus aliados internacionales para seguir violando los derechos humanos eso sí, con el aval de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

Fuente: LA JORNADA

CONSIGNE LAS PRUEBAS, SEÑORA BACHELET. PASQUALINA CURCIO

PASQUALINA CURCIO

pasqualina-1Se ha convertido en práctica habitual la politización e instrumentalización de los derechos humanos como excusa, por parte de EEUU, para invadir territorios y violentar soberanías. Mientras tanto, el Sistema de Naciones Unidas, con discursos ambiguos, sin fijar posición y exigir el respeto de la norma internacional ha sido complaciente al poderío imperial y a los intereses de los grandes capitales. Se ha prestado a la política de la guerra. De manera vergonzosa e ignominiosa se ha sumado a la mentira y a la manipulación. Ha sido cómplice.

La humanidad sigue esperando las pruebas de las armas de destrucción masiva en Irak, mentira que sirvió para justificar la invasión a ese país por parte de EEUU en 2003 ocasionando la muerte de más de un millón de personas.

Como humanidad también seguimos esperando las pruebas de las afirmaciones realizadas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pally, quien el 25 de febrero de 2011 presentó un informe que abrió las puertas para la invasión militar en Libia con la excusa de una intervención humanitaria.

De manera irresponsable la Alta Comisionada Pally dijo: “Aunque los informes aún son irregulares y difíciles de verificar, una cosa es dolorosamente clara: en el descaro y la continua violación del derecho internacional, la represión en Libia de las manifestaciones pacíficas se está intensificando alarmantemente con los asesinatos masivos, los arrestos arbitrarios, la detención y la tortura de los manifestantes. Según algunas fuentes, miles pueden [sic] haber sido asesinados o heridos (…) Según varios informes, los combatientes extranjeros también cometieron asesinatos que, según informes, continúan siendo llevados al país y equipados con armas pequeñas y ligeras por parte del gobierno para reprimir las protestas.”[1]

Sin pruebas en mano, por el contrario consciente de la no verificación e irregularidad de la información, las palabras de Navy Pally dieron pie a la Resolución A/HRC/RES/S-15/1 de fecha 03 de marzo de 2011, en la que se establece: “El Consejo de Derechos Humanos expresa profunda preocupación por la situación en la Jamahiriya Árabe Libia, y condena enérgicamente las recientes violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en ese país, incluidos los ataques armados indiscriminados contra civiles, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la detención y tortura de manifestantes pacíficos, que en algunos casos pueden constituir también crímenes de lesa humanidad”[2]

Nos preguntamos: ¿en qué momento verificaron los informes? ¿Efectivamente fueron miles los asesinados y heridos? ¿Cuántos exactamente? ¿Verificaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y los casos de torturas? ¿Dónde están las pruebas de tan grave acusación que derivó en una guerra que aún persiste y que tiene hecha pedazos a Libia?

Resolvieron además en el Consejo de Derechos Humanos, violentando la soberanía de Libia: “Enviar, con urgencia, una comisión de investigación internacional independiente, que será nombrada por el Presidente del Consejo, encargado de investigar todas las presuntas violaciones de las normas internacionales de derechos humanos en la Jamahiriya Árabe Libia.”[3]

Las palabras de Pally y la Resolución A/HRC/RES/S-15/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dieron paso a la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU de marzo de 2011 mediante la cual declararon una zona  de exclusión aérea en Libia y con ella la invasión militar por parte de la OTAN. Mientras tanto, a lo interno del país africano, un gobierno paralelo, denominado Consejo Nacional de Transición fue instaurado por parte de los factores políticos opositores al entonces presidente Gadafi.

La Alta Comisionada Michelle Bachelet, al mismo estilo que su antecesora Navy Pally, acaba de presentar el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Repleto de imprecisiones, de información no verificada, ni verificable, de errores, omisiones y falsedades, el informe en cuestión adolece de la rigurosidad y la seriedad que exige la presentación de este tipo de documentos cuyas implicaciones coloca en riesgo la paz, no solo de Venezuela, sino de la América entera. Seguir leyendo CONSIGNE LAS PRUEBAS, SEÑORA BACHELET. PASQUALINA CURCIO

SANCIONES, TRUMPISMO E HIPOCRESÍA IMPERIAL (II). ÁNGEL GUERRA CABRERA

ÁNGEL GUERRA CABRERA

GUERRITALos planes desestabilizadores y las agresiones de Estados Unidos contra la Revolución Bolivariana iniciaron muy temprano después de que el comandante Hugo Chávez asumiera la presidencia en enero de 1999. Luego de una feroz arremetida del sector empresarial contra el presidente, se produjo el derrotado golpe de Estado en abril de 2002, seguido en noviembre por el sabotaje contra Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa pública que genera el 98 por ciento de los ingresos en divisas del país, cuya prolongada paralización significó una pérdida económica de 16 mil millones de dólares.

Las política desestabilizadora y golpista de Washington contra el gobierno bolivariano no ha cesado nunca, pero es a partir del año 2013, con posterioridad al deceso de Chávez y en el primer gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se inicia la guerra económica, primero de forma encubierta pero más adelante toma un cariz abierto y formal, de modo que está sustentada en decretos y leyes emitidos por la Casa Blanca y por el Congreso de Washington. El primer documento público en esta escalada es la Orden Ejecutiva 13692 dictada por el presidente Barack Obama en marzo de 2015, que con una cara muy dura declara a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. La orden ha sido prorrogada cada año primero por Obama y más tarde por el peculiar sujeto que ocupa hoy la oficina oval en la Casa Blanca.

No es ocioso reiterar que estas acciones transgreden flagrantemente la Carta de la ONU y otros importantes instrumentos del derecho internacional, como han subrayado los expertos del organismo internacional que han investigado y reportado las brutales agresiones contra la economía y el bienestar de los venezolanos; por cierto, sin que este organismo les haya prestado atención, pese a la seriedad y profesionalismo con que han elaborado sus informes. Al extremo de que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en una actitud que deja muchos cuestionamientos sobre su honestidad e integridad personal y como funcionaria internacional, se prestó a presentar un informe sobre los derechos humanos en el país bolivariano que parece dictado por el inefable John Bolton. Toda una paradoja, pues existe una asombrosa semejanza entre la guerra multidimensional de Nixon y Kissinger para derrocar al presidente Salvador Allende y la que se está llevando a cabo contra Venezuezuela.

Mayo de 2016 marca un hito importante en la guerra económica pues el banco alemán Commerzbank cierra todas las cuentas de instituciones, bancos públicos venezolanos y de PDVSA, en julio toma la misma medida Citibank, que un año después se niega a recibir los fondos para la compra de 300 mil dosis de insulina destinados a Venezuela. A partir de mediados de 2016, se repetirán e intensificarán acciones de esa naturaleza por muchos otros bancos y comenzará el bloqueo sistemático a la compra de alimentos y medicinas por Caracas hasta llegar a extremos de cerco y acoso tal vez sin precedentes, pues junto a Estados Unidos participan activamente sus aliados de la Unión Europea y las deleznables marionetas del Grupo de Lima: Duque, Bolsonaro, Piñera y Macri.

También a mediados de 2016 las inescrupulosas calificadoras de riesgo colocan a Venezuela con el riesgo financiero más alto del mundo (2640 puntos), muy por encima de países en guerra, a pesar de haber cumplido con sus compromisos de deuda externa. Desde el año 2013 el país pagó 63 566 millones de dólares, sin embargo, el riesgo país incrementó 202% durante el mismo período.  Cada 100 puntos de ese indicador equivalen al pago de un 1 por ciento adicional de tasa de interés. Se trata de una maniobra sin fundamento financiero, cuyo objetivo es encarecer el pago de la deuda para aumentar la sangría de la economía venezolana.

En agosto de 2017, Trump emite la Orden Ejecutiva 13 808 que prohíbe la adquisición de deuda por Venezuela por un plazo mayor a 90 días, la obtención de acciones por su gobierno y el cobro de ganancias por Caracas, que corta los ingresos de Citgo, la muy productiva filial de PDVSA en territorio estadounidense. Posteriormente, Washington se roba Citgo con la complicidad del super títere Guaidó, como ha ocurrido con muchos otros activos venezolanos. Un caso escandaloso es la retención de oro por valor de 1200 millones de dólares depositado por Venezuela en el Banco de Inglaterra.

Al igual que hace con Cuba, Washington impide que Venezuela tenga acceso a medicamentos en el mercado internacional. Las transnacionales Abbot, Pfizzer y Baster se han negado a emitir certificados de exportación para medicamentos oncológicos destinados al país suramericano en un acto verdaderamente inhumano y criminal, que ha ocasionado la muerte de pacientes.

En la próxima entrega se explicará cómo se generan la agresión contra el bolívar y la descomunal inflación y cómo el pueblo enfrenta esta política genocida.

Twitter: @aguerraguerra

Ver también:

SANCIONES, TRUMPISMO E HIPOCRESÍA IMPERIAL (I). ÁNGEL GUERRA CABRERA

 

EL INFORME QUE NO LEYÓ MICHELLE BACHELET. PASQUALINA CURCIO

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PASQUALINA CURCIO

PASQUALINAEn un Mundo sin dobleces, sin la supremacía estadounidense y sus presiones por creerse dueños del Planeta, este sería el informe que hubiésemos escuchado de la Alta Comisionada en la 40ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 13 de marzo de 2019[1].

Señor presidente, Miembros del Consejo de Derechos Humanos, Excelencias,

 La resolución 39/1 solicitó una actualización oral sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Estoy profundamente preocupada por lo que en ese país ocurre y el impacto que pudiese tener sobre los derechos humanos.

Un equipo técnico de mi oficina se encuentra actualmente en el país. El Presidente legítimo y democráticamente electo con el 67% de los votos, Nicolás Maduro, en su condición de Jefe de Estado, me extendió una invitación a visitar Venezuela. Veo esto como un primer paso positivo, que confío conducirá a un acceso continuo para la Oficina en el futuro. Estoy segura que mi equipo recibirá todas las atenciones e información que nos permita tener una visión objetiva y precisa de la realidad venezolana.

El disfrute de los derechos económicos y sociales sigue estando amenazado desde junio de 2018, momento en que esta Oficina presentó el último informe.  En tal sentido, manifestamos nuestra preocupación y rechazamos contundentemente la intensificación de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de EEUU, las cuales iniciaron en 2015 con el Decreto de Barack Obama mediante el cual se establece que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. Dichas sanciones continuaron y se incrementaron con el gobierno de Donald Trump.

Esta Oficina exhorta a los miembros de este Consejo a exigir el cese inmediato de las sanciones contra el pueblo venezolano que afectan de manera sistemática a toda la población civil y atenta contra sus derechos humanos. Las poblaciones vulnerables, como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas han sido particularmente afectadas.

A la fecha, estas medidas han ocasionado al pueblo venezolano pérdidas por más de 20 mil millones de dólares, equivalentes a 5 años de abastecimiento de medicinas y alimentos para toda la población. Incluyen estas medidas la apropiación de 7 mil millones de dólares en activos de la empresa de propiedad venezolana CITGO, sí como las pérdidas relacionadas con sus transacciones por 11 mil millones de dólares. Se suman los 1200 millones de dólares retenidos en oro en el Banco de Inglaterra y los 1600 millones de dólares bloqueados en EUROCLEAR, entre otros.[2]

Es necesario que este Consejo se pronuncie en contra de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EEUU al pueblo de Venezuela por cuanto violan el principio relacionado con el deber de no intervenir en asuntos dentro de la jurisdicción interna de cualquier Estado, establecido en la “Declaración sobre los principios de derecho internacional relativos a las relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”.[3]

De acuerdo con esta Declaración “Ningún Estado puede usar o alentar el uso de medidas económicas o de cualquier otro tipo para coaccionar a otro Estado a fin de obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos y para obtener ventajas de cualquier tipo.”[4]

El desabastecimiento de algunos alimentos y medicamentos, así como la hiperinflación sigue afectando al pueblo venezolano. Hemos tomado nota del informe presentado por el relator independiente Alfred de Zayas[5], quien por invitación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y autorizado por esta Oficina, visitó el país a finales de 2017 e identificó, luego de reunirse con todos los sectores de la sociedad civil, las causas de la situación que atraviesan los venezolanos.

Se trata de una guerra económica, caracterizada por medidas coercitivas unilaterales,  sanciones, bloqueos financieros y ataques a la moneda nocional. Nos preocupan estas acciones que atentan contra los derechos humanos, la paz y la estabilidad. Además de los más de 20 mil millones de dólares en pérdidas ocasionados por las medidas coercitivas unilaterales se contabilizan alrededor de 90 mil millones de dólares ocasionados por el ataque a la moneda nacional que ha derivado en una contracción de los niveles de producción nacional[6].

Estos más de 110 mil millones de dólares en pérdidas económicas equivalen a la producción de todo un año, también corresponden a la importación de alimentos y medicamentos para abastecer durante 26 años a toda la población venezolana[7].

Señores miembros de este Consejo, en esta Oficina nos hacemos eco de las declaraciones ofrecidas en agosto de 2017 por nuestro relator especial sobre repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Idriss Jazary, quien manifestó que “las sanciones contra Venezuela agravarían el sufrimiento de su pueblo y los esfuerzos orientados a dañar la economía sólo generarían violaciones de los derechos de los ciudadanos corrientes. Las sanciones causan trastornos a cualquier Estado y cuando perjudican a la economía pueden tener una repercusión devastadora sobre los ciudadanos de los países en desarrollo”[8].

Desde este espacio, en el que tenemos como mandato contribuir a la garantía de los derechos humanos no podemos dejar de denunciar este tipo de acciones unilaterales violatorias de la Carta de Naciones Unidas y de la Declaración sobre los principios de derecho internacional relativos a las relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Otra actitud nos haría cómplices. Seguir leyendo EL INFORME QUE NO LEYÓ MICHELLE BACHELET. PASQUALINA CURCIO

CARTA ABIERTA A LA DRA. MICHELLE BACHELET

En momentos tan graves como estos, en donde lo que está en juego es la paz y la seguridad de una nación, es que acudimos a usted con la esperanza de que interponga la alta autoridad de su cargo y la reconocida trayectoria de su persona para exigir que se ponga fin a las acciones emprendidas por el gobierno de Estados Unidos contra un estado miembro de la ONU, con el objetivo de poder garantizar la paz, la vida y la felicidad de venezolanas y venezolanos que en estos momentos viven profundamente consternados por la alteración de su cotidianeidad y las amenazas que se ciernen sobre su propia existencia.

La Red de Intelectuales y Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad confía en que usted sabrá encaminar eficazmente nuestro pedido.

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13 de febrero de 2019

Carta Abierta

Dra. Michelle Bachelet.
Alta Comisionada de la ONU para los DDHH
Su Despacho

De nuestra mayor consideración

Queremos expresar ante usted nuestra grave preocupación por las consecuencias catastróficas que está teniendo el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos de América, con la colaboración de la Unión Europea, contra la República Bolivariana de Venezuela.

Expertos independientes han calculado que las sanciones impuestas por Washington han ocasionado una pérdida en los ingresos a las arcas públicas del orden de unos 23 mil millones de dólares cuando se suman la totalidad de las sanciones arriba mencionadas más los activos del gobierno venezolano congelados en el exterior, tanto en Estados Unidos como en algunos países europeos, y las pérdidas en las exportaciones petroleras. La intención manifiesta de este bloqueo económico, al que se une una intensa campaña de ataques diplomáticos y mediáticos, es impedir la recuperación económica del país suramericano y, “acelerar el colapso”, según las propias palabras del ex Embajador de EE.UU. en Venezuela, William Brownfield, quien el año pasado dijo textualmente que: “Si vamos a sancionar a Pdvsa, ello tendrá un impacto en el pueblo entero, en el ciudadano común y corriente. El contra argumento es que el pueblo sufre tanto por la falta de alimentación, seguridad, medicinas, salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque ello produzca un periodo de sufrimiento de meses o quizás años”. (1)

Estas agresiones económicas configuran una inaceptable violación de la Carta de las Naciones Unidas, del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los mismos constituyen, sin duda alguna, un atentado a la normativa del Derecho Internacional y a los principios fundamentales que rigen las relaciones entre las naciones.

Inevitablemente nos trae a la memoria las palabras del Ex Presidente norteamericano Richard Nixon cuando expresó su intención de desestabilizar al Gobierno de la Unidad Popular de Chile, al ordenar a su Secretario de Estado, Kissinger: “hagamos gritar a la economía chilena” (2). Es por todas y todos sabido que la excusa y justificación para el nefasto golpe de estado que derrocó al Presidente Salvador Allende, de triste memoria para Ud. y todo el pueblo chileno, sin duda alguna, fue la crisis económica –en aquella época no se hablaba de “crisis humanitaria”- concebida, organizada y financiada desde la Casa Blanca, como lo demostrara fehacientemente el propio Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos en un célebre informe. Hoy, en Venezuela, se vive una situación que, aunque difícil y compleja, está muy alejada del calificativo “crisis humanitaria”, como se la ha querido calificar y que , como confesara el ex embajador Brownfield, también ha sido provocada intencionalmente desde Estados Unidos, buscando crear las condiciones que faciliten una intervención militar extranjera en ese país.

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