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TRASNACIONALES FARMACÉUTICAS ASEGURAN ESCASEZ DE VACUNAS. SILVIA RIBEIRO

Bill Gates

SILVIA RIBEIRO*

Las grandes farmacéuticas están en pie de guerra. Han logrado ganancias absolutamente extraordinarias debido a la especulación con vacunas, medicamentos e insumos sanitarios relacionados con el Covid-19. Ahora redoblan el control de sus patentes monopólicas para impedir que el sector público o empresas nacionales puedan acceder o fabricar vacunas o medicamentos sin pagar ingentes sumas. Cabildean agresivamente a sus gobiernos sede para impedir que la Organización Mundial de Comercio (OMC) apruebe una exención a las patentes farmacéuticas relacionadas con la pandemia.

Eso propusieron India y Sudáfrica ante el Comité ADPIC (Acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio) de la OMC, que se reunió este marzo en Ginebra. Contaron con apoyo de más de 100 países, pero los gobiernos de Suiza, Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, Australia, Canadá, Singapur, Japón y Brasil bloquearon cualquier avance de la discusión.

India y Sudáfrica plantean que se pueda acceder a vacunas, medicamentos e insumos para Covid-19 sin verse limitados por elevados costos y patentes que impiden manufacturarlos en países donde existe capacidad para ello. Eso multiplicaría enormemente la disponibilidad de vacunas e insumos en el mundo y fortalecería las capacidades nacionales en salud pública ante próximas debacles.

El ADPIC prevé el uso de licencias obligatorias y otras excepciones en caso de crisis de salud pública, pero cada vez que países han intentado usarlas, los cárteles de la industria farmacéutica han hecho campaña para castigarlos, como sucedió con Sudáfrica al intentar fabricar genéricos para la epidemia de Sida, o Colombia, que buscaba producir genéricos de un medicamento para el cáncer, entre otros ejemplos. Por estos precedentes, ahora se busca que la OMC sancione la exención.

Una cruel paradoja es que la mayoría de los gobiernos que se oponen a la exención de patentes tienen ya comprometido el abasto de vacunas de Covid-19 para sus poblaciones, incluso muchas más de lo necesario, como Canadá que acaparó hasta cinco veces las dosis para inocular a toda su población. El gobierno de Bolsonaro también se opuso a la exención, pese a que Brasil tiene las peores cifras mundiales de muertes y el país tiene capacidad para manufactura nacional.

Entre otras acciones, las trasnacionales farmacéuticas enviaron una carta a Biden urgiendo a mantener el apoyo a la innovación farmacéutica ( ), oponiéndose a cualquier exención a los ADPIC. La firmaron directivos de Pfizer, AstraZeneca, Sanofi, Merck, Novartis, Bayer, Eli Lily, Bristol Myers Squibb, Gilead, Abbvie y otras, junto a la agrupación PhRMA, (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America). No obstante, la innovación de esas empresas es casi nula, y en gran porcentaje se basa en usar la investigación pública (https://tinyurl.com/hs6bkz28).

Varias de ellas han sido ampliamente subsidiadas por el público para desarrollar vacunas y con compras anticipadas por la pandemia (https://tinyurl.com/ykabcmw9), pero han hecho contratos leoninos y ventas a precios secretos en cada país, incluso a doble y triple precio a países del Sur. Por ejemplo, AstraZeneca vendió su vacuna para Covid-19 a Sudáfrica al doble del precio que la vendió en Europa. Pfizer exigió a varios gobiernos latinoamericanos (entre ellos Perú, Argentina y Brasil) que además de contratos secretos, respalden controversias con sus activos soberanos, o sea, reservas públicas de los países. (https://tinyurl.com/3v8fpjm4). Sumado a la inmunidad ante cualquier efecto adverso de las vacunas, que en su caso son experimentales.

Por su lado, la Fundación Bill y Melinda Gates presionó a la Universidad de Oxford, para que su vacuna se fabricara con la trasnacional AstraZeneca, aunque la investigación estaba avanzada y podría haberse hecho con institutos públicos. El anuncio inicial de Oxford fue que la vacuna estaría disponible gratuita y abiertamente, pero resultó una vacuna patentada con precios secretos.

En el mismo sentido va el mecanismo Covax, formado inicialmente por CEPI y GAVI, dos alianzas para promover vacunaciones financiadas por la Fundación Gates, en el que participa la OMS y más de 180 gobiernos. Aunque figura como mecanismo facilitador del acceso equitativo a las vacunas, en realidad es otra forma de garantizar que el dinero público vaya a comprar las vacunas de las trasnacionales, quizá en términos que superficialmente parecen ventajosos, pero que en realidad son un doble pago del público, en lugar de exigir la cancelación de patentes y favorecer la manufactura nacional.

Oxfam denunció que los cuellos de botella de entregas, promovidos por las trasnacionales y la Fundación Gates para asegurar las ganancias privadas, significan que tomará como mínimo cinco años llegar a un 60 por ciento de población global vacunada y a esa altura los virus muy probablemente hayan mutado. Además, el tiempo de supuesta inmunidad de las vacunas es desconocido, y probablemente demande vacunación anual. Sin contar con el surgimiento de otras pandemias, ya que las causas para ello siguen sin tocarse.

Así las trasnacionales, con la filantrópica ayuda de Bill Gates, se han asegurado un estado permanente de escasez y demanda de vacunas –promovidas desde lo público para ganancias privadas–, lo cual aparece como el negocio del siglo.

Investigadora de Grupo ETC.  

Fuente: LA JORNADA

NO HAY “CAMINOS REALES” PARA OBTENER CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS. LUIS CARLOS SILVA AYCAGUER

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Ilustración: Ricardo Valdivia

LUIS CARLOS SILVA AYCAGUER*

luis carlos silva 3Es conocido que en muchas sociedades de la antigüedad existían senderos no accesibles a la plebe, que estaban reservados para facilitar el tránsito de la nobleza o los reyes. Eran los llamados “caminos reales”. Se cuenta que, cuando el rey egipcio Ptolomeo I, ansioso por dominar las bases de la geometría sin tener que someterse al estudio arduo y pausado de sus principios, solicitó al gran geómetra de su época, Euclides, que le diera una explicación sencilla y expedita de la disciplina, este le respondió: “Lo siento, alteza, pero no hay caminos reales para la Geometría”.

La pandemia de COVID-19 ha producido cambios profundos en las costumbres y prácticas cotidianas en la mayoría de los países del planeta. Tales modificaciones, cuyo alcance y forma “final” son hoy motivo de controversias, ansiedad e incertidumbre, ha alcanzado a la esfera de la producción científica. Una acelerada carrera en la búsqueda de soluciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas comenzó desde que irrumpió la epidemia en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019. Tanto en el diseño como en la implementación de las estrategias asociadas a cada una de estas tres esferas, en medio del apremio por hallar soluciones, se han venido sucediendo en muy corto plazo falacias y certezas, fracasos y progresos.

En este contexto resulta útil detenernos en lo que se ha convertido en el mayor escándalo científico asociado a la pandemia producida por la COVID-19: se trata de lo acaecido en torno a la hidroxicloroquina, un fármaco antipalúdico que había producido enormes esperanzas y no pocos recelos.

Las expectativas favorables fueron alimentadas cuando el 17 de marzo de 2020 el grupo de infectología del hospital de Marsella publicó una información que daba cuenta de una significativa reducción en la detección del virus en las vías respiratorias de pacientes tratados con ese fármaco. Sin embargo, se trataba de un “preprint” (manuscrito no revisado por pares), lo cual le restaba credibilidad. En condiciones normales, dicha revisión puede suponer semanas y hasta meses, como sabe todo investigador que aspire a publicar en revistas de alta visibilidad.

El artículo en cuestión dio lugar a intensos debates durante algunas semanas y fue seguido por varios estudios serios, muchos de los cuales no habían hallado utilidad del fármaco, ni como recurso terapéutico ni como instrumento preventivo, devaluando así los buenos augurios.

Discrepancias de esta naturaleza, en condiciones normales, son naturales y esperables: la verdad científica suele abrirse paso en medio de controversias que discurren mientras se acopian evidencias de uno u otro signo, o hasta que algún estudio muy poderoso deje zanjado el debate, al menos por un tiempo. En ese contexto, la hidroxicloroquina pasó a ser el recurso terapéutico más politizado de la pandemia cuando fue elogiado por Donald Trump y Jair Bolsonaro, quienes atribuyeron su magnífico estado de salud al hecho de haberlo consumido, a la vez que lo exaltaron -como si ellos fueran grandes autoridades científicas- como la solución de la crisis sanitaria. Con el paso de los días, Estados Unidos y Brasil fueron sumiéndose en una vorágine mortal producida por la COVID, para desconsuelo de sus respectivos presidentes.

En medio de esas turbulencias, las presuntas bondades de la hidroxicloroquina se vinieron abajo a raíz de un trabajo difundido el 22 de mayo por la prestigiosa revista británica The Lancet, conceptuada por muchos como la más encumbrada del mundo sanitario. Pero la revista no es un ente enteramente autónomo: es una publicación dependiente del grupo oligopólico Elsevier con casa matriz radicada en Ámsterdam. Se trata de la mayor editorial del mundo en materia de salud, la cual ejerce control sobre dos mil 500 revistas científicas e impone abusivas condiciones a universidades y centros de investigación para que puedan acceder mediante suscripciones al casi medio millón de artículos allí publicados.

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El estudio parecía demoledor, por estar basado en una muestra descomunal de 96 mil pacientes ingresados en 671 hospitales de seis continentes. Por su conducto se habría demostrado que el empleo de la hidroxicloroquina entrañaba un incremento de 30 por ciento en la probabilidad de muerte de los pacientes tratados con el fármaco. El artículo estaba firmado por tres destacados investigadores (de la Universidad de Utah, del Hospital Brigham de Mujeres de Boston y del Hospital Universitario de Zúrich) y por Sapan Desai, director ejecutivo de Surgisphere, la empresa norteamericana que había aportado los datos de las decenas de miles de pacientes incluidos en el ensayo. Seguir leyendo NO HAY “CAMINOS REALES” PARA OBTENER CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS. LUIS CARLOS SILVA AYCAGUER

EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL FRENA LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN. JOSEPH STIGLITZ Y JOHN SULSTON EN 2008

Joseph Stiglitz y John Sulston, premios Nobel de Economía (2001) y Fisiología y Medicina (2002), respectivamente.

 

DUGIE STANDEFORD 

MANCHESTER, REINO UNIDO- El marco básico del régimen de propiedad intelectual (PI) pretende “obstaculizar el acceso al conocimiento” en lugar de permitir su difusión, según afirmó el Profesor Joseph Stiglitz durante una conferencia que tuvo lugar el 5 de julio sobre “¿Quién posee la ciencia?”. Stiglitz, Premio Nobel 2001 de Economía , y el Profesor John Sulston, Premio Nobel 2002 de Fisiología y Medicina, inauguraron el nuevo Instituto para la Ciencia, la Ética y la Innovación de la Universidad de Manchester.

Ambos criticaron duramente el actual sistema de patentes por considerar que frena la ciencia y la innovación.

La propiedad intelectual a menudo se compara con los derechos de propiedad física pero el conocimiento es fundamentalmente diferente, dijo Stiglitz. Se trata de un bien público con dos atributos : “una competencia sin rivalidad” y la no exclusión, lo que significa que es difícil impedir que otros disfruten de sus beneficios. Eso es contrario a los regímenes de propiedad intelectual, que son peores que la exclusión porque crean un poder monopolista sobre el conocimiento que a menudo se utiliza indebidamente, señaló.

Se considera que los monopolios de patentes impulsan la innovación, pero en realidad dificultan el avance de la ciencia y la innovación, afirmó Stiglitz. La actual “maraña de patentes”, en la que cualquier persona que elabora un exitoso programa de software es demandada por supuesta infracción de patentes, pone de manifiesto que el sistema de propiedad intelectual existente no permite fomentar la innovación, añadió.

Otro problema es que los beneficios sociales derivados de la innovación no concuerdan con los ingresos privados relacionados con el sistema de patentes, dijo Stiglitz. El beneficio marginal de la innovación es que se puede tener acceso a una idea antes de lo que se podría de otro modo. Pero la persona que adquiere la patente sobre esta idea obtiene un monopolio de largo plazo, creándose así una brecha entre los beneficios privados y los beneficios sociales.

El Proyecto del Genoma Humano identificó un gen que permite predecir el cáncer de mama y que fue patentado por una compañía estadounidense, según afirmó Stiglitz. El costo real de la realización de pruebas para determinar el gen es mínimo, pero los costos de los pacientes son tan elevados en los EE.UU. que las personas sin recursos no están en condiciones de efectuar la prueba, dijo. Esto pone en tela de juicio la equidad y la justicia del sistema de patentes, añadió.

Stiglitz planteó dos preocupaciones. Los países desarrollados se hallan separados de los países en desarrollo debido a la disparidad en materia de acceso a los conocimientos, y la propiedad intelectual está haciendo más difícil cerrar la brecha, dijo; es la razón por la que las naciones en desarrollo miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) solicitaron (y obtuvieron) un programa para el desarrollo. Aún más, el resultado de la PI es un menor acceso a los servicios sanitarios, añadió. Afirmó asimismo que los medicamentos genéricos cuestan una fracción de aquellos de nombres comerciales, pero con el acuerdo sobre PI y comercio de la Ronda Uruguay de la Organización Mundial del Comercio se dictó una sentencia de muerte para millones de personas al dificultarles el acceso a estos medicamentos de menor costo.

Stiglitz sugirió que los regímenes de propiedad intelectual deberían ajustarse a determinados países y sectores. Nadie cree que el sistema de patentes debería ser abandonado en su totalidad, pero la cuestión es si otros mecanismos, como el otorgamiento de premios o la financiación pública, podrían utilizarse para promover el acceso a los conocimientos y estimular la innovación en áreas donde hay objetivos bien definidos, como, por ejemplo, el tratamiento curativo para la malaria, dijo. Stiglitz tiene la esperanza de que haya reforma porque muchos en los EE.UU. están buscando cambios en el sistema de propiedad intelectual.

Sulston dijo que la ciencia puede impulsarse por la necesidad y la curiosidad, lo que requiere un importante grado de apertura y confianza entre los agentes. Lo que ocurre, sin embargo, es que la propiedad privada de la ciencia y la innovación aumenta cada vez más, una situación acogida con beneplácito por gobiernos e inversores que controlan la orientación de las actividades de investigación, dijo. Pero, según Sulston, la consecuencia de ello es un encauzamiento de la ciencia hacia ámbitos rentables y el alejamiento de los que no lo son.

Esta tendencia tiene varias consecuencias, entre ellas el abandono de actividades de investigación sobre enfermedades que afectan a personas sin recursos y la producción de medicamentos innecesarios que se venden a través de una comercialización intensiva, afirmó Sulston. No se ha podido llevar a cabo una distribución equitativa de los bienes derivados de la actividad científica, pero, añadió, la solución no es “un empecinamiento constante en la equidad”.

La propiedad intelectual es una cuestión ideológica en organizaciones como la OMPI, dijo Sulston. Las compañías farmacéuticas consideran que cualquier mejora del sistema lo debilita, pero nadie está diciendo que tienen que cederlo todo, señaló. El sistema debe ser un “buen siervo” no elevado a un “nivel teísta”, añadió.

La falsificación se ha convertido en una cuestión importante, dijo Sulston. La tendencia es vincular la falsificación con la IP pero no están relacionadas, señaló. Si los medicamentos se vendieran al precio del costo de producción o apenas por encima, los falsificadores no tendrían mucho margen de maniobra. El sistema de propiedad intelectual es el que está generando la producción de productos falsos, dijo.

Sulston propuso un retorno a la vieja práctica de separar las actividades de investigación y desarrollo de las de producción, al considerar que la mezcla de ambas conduce al cabildeo y la publicidad en la I + D. Separarlas permite una distribución equitativa de productos y facilita el acceso a la I + D, pero sólo si los que comparten la ciencia también comparten sus beneficios, explicó.

Esta separación parece estar sucediendo hasta cierto punto a medida que empresas privadas como la Fundación Bill y Melinda Gates canalizan dinero hacia el sector de la salud pública, dijo Sulston, pero advirtió en contra del retorno a la época victoriana en la que la asistencia sanitaria dependía de la filantropía. Instó a que las cuestiones sanitarias mundiales sean coordinadas por la Organización Mundial de la Salud, pero dijo que este organismo no cuenta con suficiente financiación y sufre una gran presión por parte de los gobiernos y los intereses comerciales.

Sulston también desea que se reflexione de manera más coherente sobre un tratado de cuestiones biomédicas examinado en la OMS, y que haya una mayor participación de las organizaciones no gubernamentales transnacionales.

Es fundamental invertir la tendencia hacia la privatización de la ciencia, señaló Sulston. El mundo debe centrarse en la supervivencia y la prosperidad de la humanidad, y en la exploración del universo, dijo. El resultado, agregó, dependerá en gran medida de “quién posea la ciencia”.

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