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EL INFORME QUE NO LEYÓ MICHELLE BACHELET. PASQUALINA CURCIO

BACHELETE 1

PASQUALINA CURCIO

PASQUALINAEn un Mundo sin dobleces, sin la supremacía estadounidense y sus presiones por creerse dueños del Planeta, este sería el informe que hubiésemos escuchado de la Alta Comisionada en la 40ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 13 de marzo de 2019[1].

Señor presidente, Miembros del Consejo de Derechos Humanos, Excelencias,

 La resolución 39/1 solicitó una actualización oral sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Estoy profundamente preocupada por lo que en ese país ocurre y el impacto que pudiese tener sobre los derechos humanos.

Un equipo técnico de mi oficina se encuentra actualmente en el país. El Presidente legítimo y democráticamente electo con el 67% de los votos, Nicolás Maduro, en su condición de Jefe de Estado, me extendió una invitación a visitar Venezuela. Veo esto como un primer paso positivo, que confío conducirá a un acceso continuo para la Oficina en el futuro. Estoy segura que mi equipo recibirá todas las atenciones e información que nos permita tener una visión objetiva y precisa de la realidad venezolana.

El disfrute de los derechos económicos y sociales sigue estando amenazado desde junio de 2018, momento en que esta Oficina presentó el último informe.  En tal sentido, manifestamos nuestra preocupación y rechazamos contundentemente la intensificación de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de EEUU, las cuales iniciaron en 2015 con el Decreto de Barack Obama mediante el cual se establece que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. Dichas sanciones continuaron y se incrementaron con el gobierno de Donald Trump.

Esta Oficina exhorta a los miembros de este Consejo a exigir el cese inmediato de las sanciones contra el pueblo venezolano que afectan de manera sistemática a toda la población civil y atenta contra sus derechos humanos. Las poblaciones vulnerables, como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas han sido particularmente afectadas.

A la fecha, estas medidas han ocasionado al pueblo venezolano pérdidas por más de 20 mil millones de dólares, equivalentes a 5 años de abastecimiento de medicinas y alimentos para toda la población. Incluyen estas medidas la apropiación de 7 mil millones de dólares en activos de la empresa de propiedad venezolana CITGO, sí como las pérdidas relacionadas con sus transacciones por 11 mil millones de dólares. Se suman los 1200 millones de dólares retenidos en oro en el Banco de Inglaterra y los 1600 millones de dólares bloqueados en EUROCLEAR, entre otros.[2]

Es necesario que este Consejo se pronuncie en contra de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EEUU al pueblo de Venezuela por cuanto violan el principio relacionado con el deber de no intervenir en asuntos dentro de la jurisdicción interna de cualquier Estado, establecido en la “Declaración sobre los principios de derecho internacional relativos a las relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”.[3]

De acuerdo con esta Declaración “Ningún Estado puede usar o alentar el uso de medidas económicas o de cualquier otro tipo para coaccionar a otro Estado a fin de obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos y para obtener ventajas de cualquier tipo.”[4]

El desabastecimiento de algunos alimentos y medicamentos, así como la hiperinflación sigue afectando al pueblo venezolano. Hemos tomado nota del informe presentado por el relator independiente Alfred de Zayas[5], quien por invitación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y autorizado por esta Oficina, visitó el país a finales de 2017 e identificó, luego de reunirse con todos los sectores de la sociedad civil, las causas de la situación que atraviesan los venezolanos.

Se trata de una guerra económica, caracterizada por medidas coercitivas unilaterales,  sanciones, bloqueos financieros y ataques a la moneda nocional. Nos preocupan estas acciones que atentan contra los derechos humanos, la paz y la estabilidad. Además de los más de 20 mil millones de dólares en pérdidas ocasionados por las medidas coercitivas unilaterales se contabilizan alrededor de 90 mil millones de dólares ocasionados por el ataque a la moneda nacional que ha derivado en una contracción de los niveles de producción nacional[6].

Estos más de 110 mil millones de dólares en pérdidas económicas equivalen a la producción de todo un año, también corresponden a la importación de alimentos y medicamentos para abastecer durante 26 años a toda la población venezolana[7].

Señores miembros de este Consejo, en esta Oficina nos hacemos eco de las declaraciones ofrecidas en agosto de 2017 por nuestro relator especial sobre repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Idriss Jazary, quien manifestó que “las sanciones contra Venezuela agravarían el sufrimiento de su pueblo y los esfuerzos orientados a dañar la economía sólo generarían violaciones de los derechos de los ciudadanos corrientes. Las sanciones causan trastornos a cualquier Estado y cuando perjudican a la economía pueden tener una repercusión devastadora sobre los ciudadanos de los países en desarrollo”[8].

Desde este espacio, en el que tenemos como mandato contribuir a la garantía de los derechos humanos no podemos dejar de denunciar este tipo de acciones unilaterales violatorias de la Carta de Naciones Unidas y de la Declaración sobre los principios de derecho internacional relativos a las relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Otra actitud nos haría cómplices. Seguir leyendo EL INFORME QUE NO LEYÓ MICHELLE BACHELET. PASQUALINA CURCIO