VACUNAS CUBANAS | EL CIERVO HERIDO, un blog de Omar González

Como si no fuese suficiente con la desolación por el confinamiento, el desasosiego por los nuevos contagios y el duelo por quienes volaron a otro plano a causa de la pandemia, sentimos también una profunda indignación cuando se pone de relieve uno de los más inhumanos antivalores del capitalismo: hacer de la vida y de la salud un negocio.

EEUU, la Unión Europea y el Reino Unido se oponen a la propuesta de exención de los derechos de propiedad intelectual y patentes de la vacuna contra el COVID-19. Dicha propuesta fue presentada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en octubre de 2020 por Sudáfrica y la India, a la cual ya se han sumado más de 100 países. Consiste en eliminar las barreras de la propiedad intelectual de manera que las empresas transfieran su tecnología y conocimiento a otras plantas productoras para fabricar masivamente todas las dosis que se requieren y así inmunizar lo más rápido posible a la población mundial. Capacidad de producción con la que se cuenta, según Tedros Adhanom, director de la OMS.

El Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual y del Comercio (ADPIC) suscrito por los países miembros de la OMC no es otra cosa sino la creación legal de monopolios en la medida en que conceden a los capitales la exclusividad, por años, de la producción y comercialización de un bien. El argumento que esgrimen es que las patentes son la única garantía para incentivar la inversión en investigación y desarrollo.

Con el chantaje del incentivo, lo que realmente otorgan a las empresas farmacéuticas es el poder de decidir quién vive y quién muere, además de decidir de qué viviremos y de qué moriremos. Son estas las que elaboran la agenda de las investigaciones siguiendo el criterio de lo que le es más rentable, no por casualidad cronifican las enfermedades.

Es el caso que, el financiamiento para la investigación ni siquiera proviene de la propia industria privada farmacéutica. Son los gobiernos los que históricamente han facilitado los recursos financieros y es en las universidades e instituciones principalmente públicas que se han desarrollado las investigaciones que luego han sido apropiadas por las farmacéuticas.

De los US$ 13.900 millones que se han destinado a la investigación de la vacuna contra el COVID-19, los gobiernos han proporcionado US$8.600 millones, las organizaciones sin fines de lucro US$ 1.900 millones, mientras que solo US$3.400 millones los han puesto las empresas farmacéuticas privadas, apenas el 25% (Airfinity). A esto debemos sumar el mercado seguro que tiene la vacuna, de hecho, para diciembre de 2020 los gobiernos de los países llamados desarrollados habían pre encargado 10.380 millones de dosis.

La empresa farmacéutica estadounidense Moderna desarrolló la vacuna contra el COVID-19 con financiamiento 100% público, recibió US$ 562 millones. Le fueron pre encargadas 780 millones de dosis a un precio que ronda en promedio los US$ 31/dosis, lo que le genera ingresos por el orden de US$ 24.000 millones. Saquen ustedes las cuentas de la ganancia de esta empresa.

Pfizer/BioNtech, también estadounidense recibió US$ 268 millones del gobierno, alrededor del 66% de lo que destinó a la investigación. Le fueron pre encargadas 1.280 millones de dosis que a un precio promedio de 18,5 US$/dosis equivalen a ingresos por el orden de US$ 23.680 millones. A AstraZeneca/Oxford de capital inglés, le pre encargaron 3.290 millones de dosis, las cuales vende a un precio de 6 US$/dosis, obtendrá US$ 19.740 millones por ingresos, pero el 67% de los US$ 2.200 millones que dedicó a la investigación fueron públicos. A Jhonson&Jhonson le encargaron 1.270 millones de vacunas que vende a US$ 10/dosis lo que le generará un ingreso de US$ 12.700 millones habiendo realizado una inversión de US$ 819 millones con financiamiento 100% público.

Los precios de las vacunas oscilan entre 4 y 37 US$/dosis: Sputnik-V 10 US$/dosis; Sanofi/GSK entre 10 y 21; Novavax 16; Moderna entre 25 y 37; Sinovac entre 13 y 29 US$/dosis, además de las ya mencionadas.

La vacuna contra el COVID-19 es un negocio redondo, al parecer es el mejor de estos tiempos: la inversión para la investigación la asumieron los gobiernos que dieron los recursos a las empresas farmacéuticas privadas; tienen el mercado garantizado porque los mismos gobiernos pre encargaron las vacunas a las empresas que financiaron; toda la ganancia va a parar a las empresas farmacéuticas en su mayoría privadas que además son las que, gracias al monopolio otorgado por los mismos gobiernos a través del ADPIC, tienen la exclusividad de producción y comercialización por años.

Esta restricción del acceso a la vacuna, consecuencia de las patentes, ocurre mientras 500 mil personas se contagian y 8.000 fallecen a diario a causa de esta enfermedad. ¿Es ésta, o no, la muestra más inhumana del capitalismo?

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ÁNGEL GUERRA CABRERA

Cuba se coinvirtió esta semana en el primer país de América Latina y el Caribe y, probablemente, entre la totalidad de países pobres, que cuenta con un candidato vacunal contra la COVID-19 en la fase III de ensayos clínicos, el Soberana 02. Ello tiene inocultables connotaciones humanísticas y geopolíticas que abordamos más adelante, acentuadas por la tirantez de la coyuntura internacional.

El lunes comenzó la aplicación de la primera dosis de la vacuna y del placebo en 44 010 voluntarios de ocho municipios de la provincia de La Habana. Posteriormente se aplicará una segunda dosis transcurridos 28 días y en un número de casos se adicionará una tercera dosis de refuerzo con otro candidato vacunal cubano, el Soberana 01A o Soberana Plus. Este último ensayo busca lograr un grado mayor de inmunidad, incluso ante las nuevas variantes del nuevo coronavirus.

Pero esto no es todo en el rápido avance de las vacunas isleñas, pues muy probablemente en este mismo mes de marzo, tan pronto sea autorizado por la agencia reguladora nacional, dé inicio en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo con 42 mil personas, el ensayo clínico fase III de Abdala, otro candidato vacunal cubano, que junto a los ya mencionados, al Soberana 01 y al Mambisa, forman parte del elenco de 5 vacunas en proceso de estudio en la mayor de las Antillas.

El objetivo de la fase III es comprobar que la vacuna tiene la capacidad de evitar que las personas se enfermen, fundamentalmente capaz de evitar que avancen hacia formas graves y potencialmente mortales del padecimiento. También se propone evitar que los vacunados lleguen siquiera a contagiarse, aun cuando solo alcancen la categoría de asintomáticos, aunque esto es por ahora solo una hipótesis, que habrá que comprobar en su momento. Se busca igualmente verificar la seguridad del producto y su inmunogenicidad. En cuanto a la seguridad, se ha demostrado en fases anteriores que es muy alta en todas las vacunas cubanas pues lo que más se menciona por los sujetos de los ensayos es uno o dos días de moderada molestia en el lugar donde se aplicó la inyección y no se reporta una sola reacción que haya requerido internamiento hospitalario. Se asegura por expertos cubanos que es alta también la inmunidad lograda pero no he podido encontrar el dato exacto. Para escoger a los participantes se exige la voluntariedad, el consentimiento informado, y existen factores incluyentes como tener entre 19 y 80 años o, en el caso de las mujeres, aceptar no embarazarse en los meses que dure el estudio. De la misma manera, son factores excluyentes, entre otros, el haber padecido alguna enfermedad infecciosa aguda en los siete días anteriores a la vacunación o haber contraído la COVID-19. Lo que es motivo de asombro y admiración es que Cuba logre realizaciones científicas de tan alto calado en medio del castigo económico y financiero más asfixiante y cruel que le haya impuesto Estados Unidos, mediante medidas meditadas para cortar toda posibilidad de financiamiento o acceso de la economía insular a equipos, insumos y materias primas esenciales, como los energéticos y los farmacéuticos. Muchas de ellas aplicadas durante la pandemia con el claro propósito de agravar las penurias económicas inherentes a las normas de prevención del contagio o a las muy costosas acciones de combate al nuevo coronavirus.

Mientras 10 países concentran alrededor del 80 por ciento de las vacunas y 80 naciones no han tenido acceso alguno a ellas, Cuba ya produce 100 millones de vacunas que no solo le permitirán inmunizar a toda su población en este año, sino compartir el fármaco con los países del ALBA, Irán, Vietnam y otros muchos que lo están pidiendo. Habrá retorno económico de quienes puedan aportarlo para reinvertir en la ciencia y la industria farmacéutica cubanas, pero seguramente la circulación de los fármacos isleños permitirá acceder a la inmunidad a países y poblaciones que difícilmente lo habrían logrado de otra procedencia. La escasez de vacunas es tal, que lo que se necesita con urgencia son más candidatos vacunales, trasferencia de tecnología, aumento de la producción, abatimiento de los precios. Abandonar, en fin, el absurdo concepto de que algún país puede salvarse de la enfermedad por sí solo. Es bien sabido que mientras más demore la inmunización universal a escala planetaria, más surgirán nuevas variantes del virus que podrían prolongar indefinidamente la pandemia y hasta convertir la COVID-19 en un mal estacional.